Se cae la causa por la aduana paralela

Las cosas no son como parecían. Pasado mañana, cuando sea ventilada en un juicio oral y público, saltará a la vista que la causa por el megacontrabando de la denominada aduana paralela -que tanto ruido hizo y que selló una furibunda enemistad entre el presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo allá por 1996-, es la historia de un gran bluff. Entonces se advertirá que no son 22.000, como se dijo en un principio, sino 29 los contenedores secuestrados por el juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia que se tendrán como prueba.

También será evidente que no se sentarán en el banquillo de los acusados importantes empresarios e influyentes funcionarios aduaneros que provocaron grandes defraudaciones al fisco -que Tiscornia estimó en 3000 millones-, sino sólo ocho hombres poco más que ignotos a los que procesaron por asociación ilícita y dos decenas de contrabandos de tela y camisas chinas. La gran investigación, que provocó el juicio político del magistrado que instruyó la causa, tendrá pasado mañana su primera audiencia previa al juicio. En ella, los miembros del Tribunal en lo Penal Económico Nº 1 buscarán ponerse de acuerdo con las partes -la fiscal, el querellante de la Aduana y los defensores- sobre los testigos y pruebas que ofrecerá cada uno.

A partir de ese momento, adelantaron dos altas fuentes judiciales, quedará al descubierto que la causa tuvo más sustento político que jurídico.

Hay miles de kilos de mercadería secuestrada apilada en un depósito aduanero de la calle Zepita, en Barracas. Pero como está sin clasificar, nadie está en condiciones de localizar qué sirve de prueba contra los acusados. El decreto presidencial 1192/96 había dispuesto que los objetos decomisados en la investigación de la aduana paralela debían utilizarse para "fines de caridad". Algo que nunca ocurrió.

Hay un expediente de 200 cuerpos, en el que se hicieron cerca de un centenar de allanamientos a poderosas financieras, depósitos fiscales y empresas, entre ellas Wal-Mart, Carrefour, Musimundo y la desaparecida Angelo Paolo. Pero como la causa empieza con intervenciones telefónicas de una decena de líneas, sin la fundamentación del juez que requiere la medida, no se sabe si algo de la investigación quedará finalmente en pie.

Así lo reconocieron a La Nación dos miembros del tribunal que se encargarán de llevar adelante los -por lo menos- cinco juicios orales de la causa y determinarán la condena o la absolución de todos los procesados del caso: 18 en total.

Todos libres

No hay ningún preso. Atrás quedaron los espectaculares procedimientos con detenciones que, previo aviso a los periodistas, realizaba la Brigada de Investigaciones de Quilmes con el comisario inspector Raúl Machuca y el comisario Orlando Segura, ambos separados hoy de la policía.

Para colmo, en el expediente sólo hay copias y no originales de la mayoría de los documentos apócrifos supuestamente utilizados para el contrabando. Eso implica, explicó un funcionario judicial, que será muy difícil que el tribunal los valore como prueba.

Sus integrantes, Jorge Pisarenco (que por otra investigación tiene el juicio político aprobado), Susana Castro de Pellet Lastra y Enrique Schlegel, serán quienes, en definitiva, deberán decidir. Sus allegados dicen que se quejan del poco fundamento jurídico de la pesquisa y de la gran presión pública y política que envuelve al caso.

"Es todo un verdadero desastre. Esta causa un gran disparate. Es un globo que inflaron sin las pruebas necesarias para la Justicia", coincidieron los jueces tras leer el expediente de Tiscornia, según revelaron sus allegados.

Los primeros procesados que irán a juicio serán el despachante de aduanas Roberto Leiva, tres empleados suyos, dos miembros de la policía aduanera y dos vistas de aduanas.

Más adelante, los mismos jueces harán -por lo menos- otros tres juicios orales derivados de esta causa: escucharán el descargo del ex el titular de la Administración Nacional de Aduanas (ADA) Gustavo Parino, que estuvo 13 días detenido y está procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público; y juzgarán a otras dos supuestas bandas de contrabandistas lideradas por despachantes de aduana Rubén Ferraro y Jorge Rivero. Pero aquí también hay un problemas legal.

El juez Tiscornia no logró probarle a Ferraro ningún caso de contrabando, y a Rivero, aunque lo investiga por 5000 supuestos hechos ilícitos, sólo los procesó por haber ingresado en forma irregular dos contenedores con corpiños y cosméticos.

La mano del Presidente

La política tuvo siempre mucho que ver con la causa de la denominada aduana paralela.

La investigación del juez Guillermo Tiscornia por el millonario fraude al fisco mediante la evasión de controles aduaneros fue desde el comienzo alentada y publicitada por el Gobierno como un gran caso de corrupción. El expediente apuntaba a hombres cercanos al ex ministro de Economía Domingo Cavallo, que acababa de irse del gabinete y no paraba de denunciar "una mafia enquistada en el poder" que manejaba jueces a su antojo.

El presidente Carlos Menem participó activamente en esta pesquisa. Llegó a asistir a algún allanamiento y se fotografió con los contenedores de mercadería contrabandeada. Y, a pedido de él, el ex procurador general Angel Agüero Iturbe designó al fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Plée para coordinar las investigaciones de todo el país vinculadas con la denominada aduana paralela. La Nación le dejó a Plée dos mensajes el viernes último, pero el funcionario prefirió no hablar. Lo mismo hizo Tiscornia.

La maniobra investigada se cometía con contenedores que llegaban al puerto metropolitano y a la aduana de Ezeiza como "mercadería en tránsito". Pero luego se volcaban en el mercado local y de esa manera se evadían los controles aduaneros e impuestos. Se sospecha que los contenedores ingresaban en depósitos fiscales, pero cuando se autorizaba su salida, ella no se comunicaba al sistema informático de la Aduana, conocido como sistema María.

Por Por Laura Zommer

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