
“Sindicalistas malintencionados”: el Garrahan sancionó a los empleados que tomaron la dirección del hospital en 2025
Fuentes del Ministerio de Salud, en tanto, detallaron que solo unas pocas expulsiones y suspensiones fueron efectivas debido a la tutela gremial de la mayoría de los involucrados; la respuesta de los sindicatos
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Esta tarde, las autoridades del Hospital Garrahan confirmaron que, tras un proceso sumarial, se resolvió sancionar a los 38 empleados que en octubre de 2025 tomaron las oficinas de la dirección médica del centro pediátrico de referencia, a quienes definieron como “un grupo de sindicalistas malintencionados”.
Según comunicaron, 10 de ellos tienen pedido de cesantía, mientras que los restantes 28 recibirían suspensiones con un máximo de 20 días sin goce de sueldo.
Definieron el proceso sumarial como un procedimiento justo, donde “todos los involucrados tuvieron el derecho de defenderse”, y arremetieron: “En el Garrahan, quien rompe las reglas enfrenta consecuencias”.
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— Hospital Garrahan (@HospGarrahan) November 20, 2026
“Este hecho fue de una gravedad absoluta, considerando que se trata del principal centro pediátrico de alta complejidad del país. Todo lo hicieron bajo el mismo modus operandi de siempre: instalando el caos con fines meramente políticos”, escribieron en el comunicado, en el que también agregaron: “Cualquiera que intente perjudicar el funcionamiento del hospital y el bienestar de los niños recibirá la sanción correspondiente. En el Nuevo Garrahan no hay lugar para quien quiere destruirlo”.
Tras el anuncio, Alejandro Lipcovich, secretario general adjunto de la junta interna de ATE Garrahan, dijo a LA NACION que las sanciones constituyen una represalia contra quienes participaron de aquellas medidas de fuerza y anunció: “Esto abre un conflicto muy serio, así que medidas va a haber”.
Según informaron fuentes del Ministerio de Salud, la decisión fue firmada hoy por el Consejo de Administración del Garrahan. Detallaron, a su vez, que el personal sancionado recurrió a la Justicia, donde consiguió una medida cautelar. “Sin embargo, la cámara la revocó y el sumario pudo continuar”, afirmaron.

Informaron, a su vez, que al principio del proceso había 40 sumariados, pero uno de ellos fue sobreseído por falta de pruebas y otro se jubiló.
Sobre las sanciones, mencionaron que, de los 10 que tienen pedido de expulsión, solo uno fue despedido. “Los 9 restantes poseen tutela gremial”, detallaron. Entre este último grupo, dijeron, se encuentra Norma Lezana, nutricionista y secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Garrahan. “Ella orquestó la toma de la dirección, además de haber protagonizado más de 40 medidas de fuerza”, afirmaron las fuentes.
A su vez, informaron que, de las 28 con suspensiones, solo 13 serán efectivas por tener tutela gremial. “El Hospital Garrahan ahora debe pedir el desafuero de los sindicalistas”, mencionaron.
Las fuentes de la cartera de Salud afirmaron, a su vez, que en los últimos días se emitió un pago de $250.000 al personal “en concepto de anticipo de recupero de costos”.
Las autoridades del hospital, cerraron su comunicado enfatizando que el centro médico se encuentra “en un período de crecimiento e inversión sin precedentes”. “Cada día está más cerca de ser el mejor hospital de América Latina. No puede haber lugar para quien infrinja las normas y perjudique este proceso. Queremos lo mejor para la salud de nuestros niños”.
La respuesta de ATE
Según explicó Lipcovich, durante la tarde de hoy comenzaron a llegar correos electrónicos enviados por el sector gerencial del hospital con la resolución final de los sumarios.
Aunque al momento de ser consultado por LA NACION todavía no había recibido la notificación personalmente, señaló que varios trabajadores ya habían sido informados de sanciones que incluirían cesantías y suspensiones. Según afirmó, el proceso alcanzó a enfermeros, médicos y administrativos.
Lipcovich sostuvo que el conflicto se originó en una situación salarial que calificó como “insostenible” y que, según su versión, provocaba renuncias permanentes de profesionales y una pérdida de personal que hasta hoy no fue revertida.
Afirmó también que las protestas se extendieron durante seis meses y que finalmente el Gobierno otorgó mejoras salariales luego de rechazar inicialmente los reclamos. El dirigente consideró que los sumarios constituyen una represalia contra quienes participaron de aquellas medidas de fuerza y recordó que la Justicia penal descartó que las protestas configuraran un delito.
Además, aseguró que las sanciones buscan silenciar las denuncias que los trabajadores continúan realizando sobre las problemáticas del Garrahan, entre las que mencionó la falta de incorporación de personal para reemplazar a quienes renunciaron o se jubilaron, una reducción de la capacidad de atención y supuestas irregularidades en el manejo de fondos.
El secretario general de ATE delantó que los sindicatos que encabezaron el conflicto convocarán asambleas para definir los próximos pasos y lanzar una campaña pública contra las sanciones.
“Vamos a organizarnos y dar la pelea”, afirmó. Calificó los 10 pedidos de cesantía como “un ataque muy serio” y sostuvo que las notificaciones enviadas un viernes por la tarde constituyen una forma de presión sobre los trabajadores.
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