Son ilegales la mayoría de los patovicas

En los boliches de la ciudad hay más patovicas ilegales que legales. Eso es lo que se desprende de las estadísticas de la Secretaría de Seguridad porteña, a cargo de Diego Gorgal. El funcionario informó a LA NACION que en los últimos seis meses fueron clausurados 115 locales, por diversos motivos que afectaban la seguridad, y en ninguno de ellos los custodios estaban en regla.

No se trata de un problema menor, ya que los patovicas ilegales no han hecho los cursos de capacitación ni se sometieron a los exámenes físicos y psicológicos necesarios para ejercer la actividad, tal como establece la ley 118. Por eso, no sorprende que, en lo que va del año, al menos 13 personas hayan sido agredidas por patovicas en cuatro episodios ocurridos en distintos locales nocturnos de la Capital, según las denuncias y los registros del defensor del pueblo adjunto porteño, Gustavo Lesbegueris. Se sabe, además, que muchos incidentes en los que están involucrados patovicas nunca llegan a ser denunciados.

Gorgal informó que en los 66 locales habilitados como discotecas y en 18 que iniciaron el trámite no encontraron “vigilancia trucha”. Pero sí en los otros 115 locales. Incluso, algunos de ellos fueron clausurados varias veces. Por eso, el número de clausuras ascendió a 147.

En la ciudad hay 365 custodios anotados en un registro especial de locales bailables, creado por la ley118. Se supone que estas personas hicieron cursos de capacitación, que no tienen antecedentes penales, que no son policías, que sortearon exámenes físicos y psicológicos.

Según Lesbegueris, "el problema es que sólo existe una oferta privada para la capacitación de los patovicas. Es decir, el Estado exige algo que no brinda".

Replicó Gorgal: "No está mal que paguen aranceles. ¿Por qué los cursos tienen que ser gratis? No es educación básica, es capacitación laboral".

Antes de la tragedia

De todas formas, las cosas eran distintas antes del 30 de diciembre del año pasado, cuando se incendió el boliche Cromagnon y murieron 193 personas. Hasta esa fecha, según Gorgal, "sólo había 20 patovicas inscriptos".

Era habitual, entonces, que se hablara de vigiladores llenos de músculos y de ira. El problema estaba tan instalado que la madre de un adolescente golpeado en una discoteca por un policía federal, que trabajaba como custodio, organizó una ONG llamada Diversión sin Violencia, para asistir a las personas golpeadas en boliches.

Dijo Lesbegueris: "Cuando pedíamos explicaciones, nos decían que el personal no estaba inscripto. Era imposible identificar a los agresores".

Gorgal dijo que "con los controles posteriores a la tragedia de Once fuimos acomodando esta situación, aunque el problema de la inseguridad en los boliches aún no está resuelto".

Tampoco están resueltos los problemas en el gobierno. Lesbegueris dijo: "Lo que pasa es que Gorgal clausura y los controladores de faltas habilitan".

Discusiones internas

Con esa frase, Lesbegueris puso el dedo en la llaga. Porque hay en el gobierno un enfrentamiento entre Gorgal y el director general de Administración de Infracciones de la Ciudad, Lautaro Erratchu, que aplica las sanciones.

Gorgal afirmó que "hay un criterio poco severo de los controladores de faltas. Levantan una clausura con multas de 300 pesos o con apercibimientos. Nosotros controlamos, pero nadie sanciona".

Erratchu contestó: "Gorgal miente. La clausura no tiene nada que ver con el monto de la multa; la clausura se levanta cuando la gente de Gorgal recorre nuevamente el local y constata que ya no se cometen las faltas por las que se labraron las actas".

Este funcionario también replicó los dichos del secretario de Seguridad respecto de los montos de las multas. Aseguró que las sanciones económicas, este año, ascendieron a 190.537 pesos.

"En promedio, fueron casi 3500 pesos de multa por legajo. Diez veces más que lo que dice Gorgal."

Mientras se enfrentan los funcionarios del jefe del gobierno de la ciudad, Aníbal Ibarra, el diputado macrista Martín Borrelli afirmó: "Esperemos que se pongan de acuerdo. La inseguridad en los boliches continúa".

Más golpes

Hubo, en efecto, más golpes después de la tragedia en Cromagnon. Ocho personas denunciaron que, el 12 de febrero último, fueron agredidas por el personal de seguridad del local Silver Star. Otro hombre dijo que el encargado de La Casona lo agredió el 11 de junio pasado.

Y el 9 de septiembre, un chico de 16 años fue golpeado, al parecer por personal de seguridad del boliche Chicharrón, en Bartolomé Mitre al 1800. El adolescente terminó internado con una lesión en la columna vertebral.

Este boliche ya había sido clausurado varias veces. El diputado Borrelli contó que una de esas clausuras "fue después de un tiroteo en el local, el 14 de julio, en el que murieron dos dominicanos".

Eso no es todo. Un mes antes de que el adolescente terminara en el hospital, los inspectores de la Dirección General de Control y Fiscalización del gobierno habían sancionado a Chicharrón: una de las faltas era que los vigiladores no eran legales. Los mismos vigiladores que ahora están sospechados de golpear al chico.

La semana última, este local fue sancionado con 11.000 pesos de multa y una clausura por 180 días. Sin embargo, LA NACION comprobó el fin de semana último, en una recorrida nocturna, que el boliche estaba abierto.

Erratchu explicó que la sanción había sido notificada dos días antes, y que el dueño tiene cinco para cerrar sus puertas.

La nómina de agresiones de este año es aún más larga. Y no sólo incluye a vigiladores ilegales. El último episodio denunciado ante la Defensoría del Pueblo ocurrió en la madrugada del 18 de septiembre, en Sahara Continent, en Recoleta, cuando tres jóvenes fueron golpeados, supuestamente por custodios. En este caso no se trataría de patovicas ilegales, informó el gobierno. Todos hicieron el curso para evitar peleas.

Por Ramiro Sagasti

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