Sospechan que toda la familia asesinó a una joven en Córdoba

CORDOBA.- Un vuelco espectacular sufrió ayer la investigación de la muerte de la joven Sandra Viviana Torres, cuyo cadáver había sido arrojado a un basural presuntamente por una patrulla policial, al resolver el juez el arresto del propio padre, la concubina de éste y dos hermanas de la víctima. La clave para desentrañar la diabólica intriga familiar la dio el pequeño hijo de la víctima.

El resonante caso ocurrió el 16 del mes último y estuvo a punto de convertirse en un escándalo político por supuestas rencillas internas de la policía y por el paso en falso que dio el gobernador de la provincia, Ramón Mestre, al adjudicarle connotaciones electoralistas cuando faltaban pocos días para los comicios legislativos.

Hallazgo del cadáver

La víctima, de 24 años, madre de una beba de 8 meses y un nene de 9 años -Walter Ezequiel-, era empleada en un edificio de departamentos en el centro de la ciudad e hija del ex sargento de la policía provincial Rubén Alfredo Torres. Apareció en un basural de la villa Las 7 Alcantarillas, donde algunos de sus habitantes denunciaron que fue arrojada por dos miembros de un patrullero.

"Aquí, en la usina de la avenida Circunvalación, hay una chica muerta que un patrullero pasó y tiró. Está toda envuelta con un toallón y una sábana y maniatada con unas cintas blancas", dijo por una emisora de radio un ciruja de la zona el día del hecho.

El cuerpo presentaba marcas en piernas y brazos, un fuerte golpe en la frente y sangre en la nariz, lo que hizo presumir que la muerte podría haber sido producida por sofocación, ya que tenía la cabeza envuelta con un toallón.

La autopsia reveló que la muerte fue por una insuficiencia cardiorrespiratoria debido a un traumatismo craneoencefálico, como producto de un golpe en el cráneo con un elemento contundente, más enfisema y edema de pulmón. Además, la víctima sufrió angustia y stress al encontrarse atada de pies y manos.

Las autoridades del gobierno y de la fuerza policial fueron alertadas al instante de lo acontecido, por lo que, aun siendo de madrugada, acudieron a la jefatura su titular, el comisario Máximo Lazcano, y el ministro de Asuntos Institucionales, Oscar Aguad, al tiempo que se dio participación al juez de instrucción de turno, Juan Carlos Fernández López.

Con el correr de las horas, desfilarían por la jefatura unos 90 móviles para ser sometidos a peritajes y los testigos que coincidían en el relato. Estos datos llevaron a Lazcano a expresar su "rabia e indignación", porque consideró que si se confirmaba la intervención del personal de su dependencia ello atentaba contra el prestigio de la institución.

Sin embargo, las pesquisas resultaron infructuosas y sólo sirvieron para alimentar las más variadas y disparatadas especulaciones.

Sandra Torres vivía con sus pequeños hijos en un departamento situado en el fondo de la vivienda de su padre, en la esquina de las calles Villa Dolores y Nono, del barrio Congreso.

El padre de la joven, que se mostró siempre muy frío y seguro en sus expresiones, no descartó que el homicidio pudiera ser una venganza y reveló que poseía datos confidenciales que aportaría a la Justicia. También encabezó marchas en reclamo del esclarecimiento del caso.

Las diligencias continuaron en distintos sentidos. Una de ellas apuntó a que los autores del asesinato podrían estar en el círculo más cercano a la mujer. Según esta hipótesis, el móvil policial y los dos uniformados a los que los vecinos vieron arrojar el cadáver habrían "prestado un servicio" al supuesto criminal.

Pelea hogareña

Se supo que, momentos antes del crimen, en la casa del padre de la joven se produjo una fuerte discusión, sin que trascendieran los motivos que la originaron. Asimismo, se estableció que Sandra no abandonó su hogar el día de la tragedia.

Durante la pelea, uno de los participantes le habría aplicado a la joven un fuerte golpe en la cabeza que la dejó inconsciente. Creyéndola muerta, le envolvieron el cuerpo con la sábana y la cabeza con el toallón, elemento que le habría causado la asfixia que terminó con su vida.

El juez Fernández López encabezó distintos procedimientos, entre ellos la reconstrucción del momento en que fue lanzado el cuerpo, que sirvió para desterrar la participación de un patrullero policial.

El magistrado ordenó ayer a la madrugada el allanamiento del hogar de los Torres y la detención -en carácter de incomunicados- del ex policía; su concubina, Silvia Laglaide, de 29 años, y las hermanas de la víctima, Mabel del Valle, de 22, y Laura Marisa, de 20, con los cargos de coautores de homicidio calificado.

El inesperado desenlace fue el resultado de una paciente y prolija investigación. El niño Ezequiel confirmó ante el juez lo que antes había comentado entre sus amiguitos: la sábana en la que estaba envuelto el cadaver de su madre pertenecía a su abuelo, el ex policía Torres. Y el toallón que envolvía la cabeza de Sandra era de su propiedad.

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