Tras el anuncio del Gobierno porteño, el Frente Antigrúas pidió auditar el servicio de acarreo

A raíz de la decisión del Gobierno porteño de tomar el control del servicio de acarreo de autos mal estacionados, el “Frente Anti Grúas”, conformado por el Frente de Todos, La libertad avanza y Consenso Federal, pidió a través de una nota presentada en la Legislatura de la Ciudad que el Gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta establezca mecanismos de auditoría y seguimiento del servicio público.

A través de una carta dirigida al vicepresidente de la Legislatura de la Ciudad, Emmanuel Ferrario, el “Frente Anti Grúas” solicitó que se conforme la “Comisión de Seguimiento Parlamentario de la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, establecida en los artículos 13, 14 y 15 de la ley 3060, sancionada en 2009. Según el documento, la conformación de dicha comisión tiene como objetivo hacer un control adecuado y garantizar la transparencia en el servicio de acarreo de vehículos que, de acuerdo a lo informado por la Ciudad, se realizará por medio de la empresa Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA).

Además, los representantes opositores solicitaron que la Auditoría General de la Ciudad “realice un informe exhaustivo sobre el trabajo que las empresas Dakota y BRD realizaron durante estos 31 años de concesión, incluyendo detalles de corte de servicio con inventario recibido por la Ciudad y estudio de costos”.

“Queremos que la Legislatura le pida a la Auditoría de la Ciudad la elaboración de este informe integral como algo urgente. También estamos pidiendo que haya una comisión legislativa de seguimiento a AUSA y además queremos cambiar la lógica por la cual se levantan los autos en la ciudad. Tiene que ser el último recurso y no la moneda corriente. Tiene que ser solo a los casos que obstruyen efectivamente la vía pública y no una forma de recaudar para concesionarios ilegales”, dijo Juan Manuel Valdés, legislador porteño del Frente de Todos, a LA NACION.

Desde la secretaría de Transporte de la Ciudad dijeron que tanto la creación de la comisión como el pedido de auditoría “son potestades que tiene la Legislatura y no se manejan desde el Ejecutivo”. Y agregaron: “Entendemos que en el último tiempo se han conformado distintas comisiones de seguimiento para otros temas de Gobierno”.

El servicio, que hasta el martes lo proporcionaban las empresas Dakota y BRD, era frecuentemente criticado por usuarios y diversos sectores de la sociedad. Sus contratos estaban vencidos desde 2001, pero operaban gracias a las sucesivas prórrogas otorgadas por el Gobierno porteño y el pago de un canon aproximado de 55.000 pesos.

Un frente atípico

El sorpresivo anuncio de anteayer se desencadenó por una cuestión política. Según pudo saber LA NACION, los bloques de la oposición, Frente de Todos, La Libertad Avanza, Consenso Federal y Frente de Izquierda, reunidos en un bloque que llamaron “Frente Anti Grúas”, preparaban un pedido para tratar, en sesión especial, la suspensión del servicio de acarreo por las irregularidades en los contratos, pero no alcanzaban el quórum propio de 31 legisladores. Entonces Elisa Carrió levantó el teléfono y ordenó que los diputados de la Coalición Cívica se unieran al frente opositor en el reclamo para llegar al número necesario y elevar el pedido en el recinto.

Como consecuencia, el Gobierno porteño, que según informó ya venía trabajando en un modelo de transición, anunció de forma inesperada que tomaba el control del servicio sin dar detalles sobre implementación o tiempos.

Al día siguiente se publicó el decreto N°284/22 que dejó sin efecto la “continuidad de la prestación del servicio público de control y sanción del estacionamiento indebido en el Micro y Macrocentro, a cargo de las empresas BRD y Dakota” y adjudicó la prestación del mismo al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de AUSA hasta tanto se adjudique la licitación pública. Según informaron fuentes del Gobierno, ese plazo finalizará el 4 de diciembre.