Un atajo hacia la Justicia: cómo funcionan las oficinas del Ministerio Público Fiscal en las villas

"Por fin dejamos de ser el patio trasero. Ahora somos parte de la ciudad". Así define Mara, una joven de 24 años, cómo considera que cambió la vida de la gente la apertura de una oficina del Ministerio Público Fiscal (MPF) en la Villa 21/24, donde ella vive.

"Por primera vez nos ven desde el otro lado y vemos que le importamos a alguien", dice esta joven, que a través de su militancia en la Junta Vecinal comenzó a trabajar como administrativa en la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (Atajo) en su barrio. Esta sede es una de las cuatro que funcionan en zonas de bajos recursos de la ciudad de Buenos Aires en el marco del programa del MPF.

"Antes, para denunciar algo tenías que irte hasta alguna fiscalía o hacerlo en la comisaría. No sólo es más complicado para nosotros movilizarnos sino que mucha gente no sabe cómo funciona el sistema judicial. Y casi siempre nos trataban de chorros, sólo por vivir en la villa. Pero ahora eso está cambiando", explica Mara.

Cómo funcionan

En las agencias territoriales, abogados, psicólogos y personal auxiliar reciben denuncias y pedidos de información de los vecinos sobre diferentes causas. Además de en la Villa21/24, hoy hay oficinas del programa en la Villa 31, en Barrio Mitre y en la Villa 1-11-14.

"Recibimos cualquier tipo de denuncia, de competencia del MPF, es decir, delitos correccionales y criminales. Lo que no es de nuestra órbita de todos modos lo tomamos y lo derivamos de manera responsable", explica a LA NACION Julián Axat, fiscal y coordinador del programa.

Además de recibir denuncias, también se llevan a cabo charlas de promoción de derechos, campañas de difusión y reuniones informativas para que la gente se familiarice con el programa y sepa cómo canalizar sus dudas y reclamos.

"No sólo tratamos temas individuales, sino también cuestiones colectivas, como el acceso al agua, a la red eléctrica, problemas habitacionales, de tránsito, la falta de ambulancias que se accedan a estos barrios y la necesidad de promover los procesos de urbanización", aclara Axat.

El Atajo de la Villa 21 fue inaugurado el 10 de agosto. Está ubicado sobre la Avenida Iriarte al 3500, en un galpón en el que también hay oficinas del Ministerio de Desarrollo Social, la Anses, el Ministerio de Justicia, el de Seguridad, el de Trabajo, el de Cultura y la Junta Vecinal.

Todas las mañanas el galpón se llena de gente. Un promedio de 30 personas se acerca por día a la oficina del MPF.

María, que acompañó a su sobrina a realizar una denuncia por violencia intra familiar, se muestra sorprendida. "Pensé que iba a tener que hacer muchísimos trámites, pero nos atendieron rapidísimo. Hay muchos profesionales acá y te da tranquilidad saber que toman en serio tu denuncia", cuenta la mujer.

Violencia de género, el principal conflicto

Según explica Axat, cada villa tiene su particularidad. "Se denuncian desde conflictos inter vecinales hasta usurpaciones. Nosotros tratamos de promover que se lleven a cabo mediaciones pero si no hay que derivarlos a la fiscalía", indica el coordinador del programa.

Uno de los principales hechos que se denuncian son casos de violencia de género. "Allí corresponde derivarlos, sobre todo a las oficinas de violencia de género de la Corte. Pero nosotros tratamos de buscarles refugio mientras se procesa el trámite. Lo primordial es preservar la integridad de las víctimas", sostiene Axat.

Axat cuenta el caso de Marta Helena, una joven de 23 años que vivía en situación de calle en la villa 31 junto a su hija de 5 años. La mujer dormía en un galpón donde también se encontraba un hombre con el que había tenido una relación pero al que denunció por maltrato. Cuando ella y su hija se acercaron a la oficina de la Atajo, ninguna de las dos tenía documentos.

Según contó la joven, los documentos fueron sustraídos por el hombre, que además le pegaba. Por ese motivo su permanencia en ese galpón ponía en peligro su vida y la de la nena.

A través del programa del MPF se coordinó con el gobierno de la ciudad para llevar a las mujeres a un parador en San Telmo. Y además se derivó el caso a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, que seguirá monitoreando el caso.

"De eso se trata la derivación responsable. Primero nos aseguramos de que las personas salgan con urgencia de la situación de riesgo que las amenaza. Y luego hacemos de nexo con otros organismos para sus problemas particulares, para que la justicia deje de ser algo alejado e inaccesible para los sectores más vulnerables", dice Axat. Y concluye: "Queremos fiscales vinculados a lo comunitario, que participen, que vayan a los barrios. Aspiramos a defender a los sectores vulnerables, pero no desde lo abstracto sino desde el mismo territorio".

Por Sol Amaya

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