Un cuestionamiento al fracaso de 20 años de políticas estatales

Razonar sobre el acierto o error del veredicto del jurado en el caso del carnicero Daniel Oyarzún, máxime cuando este pronunciamiento es inmotivado (pero no por ello carente de fundamentos) puede resultar una tarea que no nos lleve a ningún sitio. Ciertamente, podemos conjeturar múltiples especulaciones sobre la forma en que hubiéramos preferido que se resolviese el caso. Unos estarán conformes con la absolución por valederos motivos, otros hubieran deseado una condena, y también habrá quienes (como el fiscal) hubieran preferido una solución intermedia, que implicara un reproche, pero que, posiblemente, no significara tener que ir preso. Tantas alternativas como personas nos pongamos a opinar sobre el tema, de acuerdo a nuestra formación, nuestras experiencias y nuestro modo de ver el mundo. Unas tan respetables como las otras, como corresponde a una sociedad pluralista.

Frente a este panorama, lo único cierto y concreto es que el soberano, el pueblo, los pares, seis mujeres y seis hombres que hasta la semana pasada jamás hubieran pensado en tener que ser jueces en un juicio de estas características, y que seguirán con sus vidas en forma normal, hablaron y en forma unánime dijeron "no culpable", cerrando definitivamente el caso. Ello al cabo de cuatro audiencias donde todos los intereses estuvieron debidamente representados.

Este es el juicio que quiere la Constitución y que todos debemos respetar, del mismo modo que respetamos el pronunciamiento del pueblo en los comicios.

Formuladas las aclaraciones precedentes, que más que aclaraciones son una profesión de fe, me interesa dar respuesta a una de las voces que más se escuchan por estas horas en redes sociales y medios de comunicación: ¿Este pronunciamiento implica una carta blanca para que cada uno de nosotros nos transformemos en justicieros? Tengo la convicción que esa no puede ser la lectura.

En primer lugar no existe una reacción lineal de la ciudadanía frente a los denominados "justicieros", que las emprenden por las vías de hecho. Traigo a colación en este momento tres juicios por jurados donde la ciudadanía emitió veredicto condenatorio para los "justicieros". El primero en Quilmes, en diciembre de 2016, donde un vecino, efectivo de la Policía Federal, disparó contra unos motochorros, dando muerte a uno de ellos. El segundo en San Martín, en mayo de 2017, donde se condenó a un vecino que había salido a sacar la basura, en pijama y portando una pistola 9 mm. Al ser abordado por un asaltante, sin mediar palabras, le disparó provocándole la muerte. El tercero en La Matanza, en agosto de 2018, en ocasión en que un individuo discutía con su mujer en forma violenta, y varios vecinos le propinaron una feroz golpiza, hasta que uno de ellos le provocó la muerte.

Por mi parte me atreveré a realizar una lectura genérica sobre la voz de la ciudadanía, sujeta a todas las prevenciones anteriores. Desde mi perspectiva, este fallo también puede ser visto como un cuestionamiento a las políticas estatales que, desde hace 20 años a esta parte, se vienen intentando en forma fracasada para atender las urgencias en materia de seguridad. Las recetas estatales han sido repetidas y no obstante su notorio fracaso, la respuesta ha sido la de aumentar la apuesta. Más patrulleros, más efectivos, endurecimiento de las leyes penales. La realidad no se da por apercibida y sigue golpeando a los vecinos en una absurda guerra de pobres contra pobres.

Creo que este es un contexto que no debe ser desatendido para comprender los alcances del veredicto que exculpó al carnicero: la puntual justificación de una conducta antijurídica frente a la impotencia estatal para proteger a la ciudadanía. Considero que los responsables en materia de seguridad no deberían desentenderse de este pronunciamiento popular y, probablemente, revisar sus estrategias frente a estos reclamos.

Por último, el carnicero Oyarzún ha sido declarado "no culpable" y queda definitivamente desvinculado del caso. Pero nadie debe pensar que esto ha sido gratuito. Su vida ha sufrido cambios trascendentes. Se trata de un antes y un después, de la misma forma que ha sucedido con todas las personas que en un momento determinado de sus vidas optaron por tomar por su propia mano la Justicia. Con lo cual quiero significar que no se trata de un camino aconsejable y que lo aconsejable sigue siendo resolver los conflictos en el marco de las instituciones.

El autor es juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea y Director Regional de la Asociación Pensamiento Penal