Un derecho cercenado

La grave crisis por la que atraviesa la autoridad encargada de la confección de pasaportes no sólo genera serios inconvenientes a todos los habitantes de la Nación, sino que importa una grave conculcación de derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución nacional.

Ante todo, el art. 14 de la ley fundamental les reconoce a quienes habitan el suelo argentino el derecho de transitar y salir de su territorio. Se trata de un espacio de libertad que hace a la satisfacción de un aspecto básico de todo programa de vida. Por lo tanto, la violación de este derecho produce de manera concordante la limitación e incluso, en algunos casos, el cercenamiento liso y llano de otros derechos.

Hoy, en la Argentina, quien necesita dejar el país a fin de cumplir con una labor vinculada con su actividad no puede hacerlo o, mejor dicho, sólo podrá cumplir con esas obligaciones en el momento en que la autoridad finalmente cumpla con la obligación a su cargo de entregarle el pasaporte. Los ejemplos precitados ponen de manifiesto la íntima relación que todos los derechos guardan entre sí. La limitación en el ejercicio de uno solo es suficiente para que el sistema se vea resentido y hasta destruido en su conjunto.

Sin embargo, esta situación tan alarmante parecería no resultar suficiente para que la autoridad pública restablezca de manera inmediata el pleno goce de los derechos de los habitantes afectados.

Frente a este estado de cosas, desde el campo del derecho se pueden ensayar diferentes remedios. En primer lugar el amparo del art. 43 de la Constitución nacional constituye la vía más expedita para que por orden de un juez el poder público ponga fin de inmediato a la bochornosa situación que de manera arbitraria genera los efectos ya apuntados. Sin embargo, las dificultades por las que atraviesa nuestra Justicia y el número tan elevado de causas en manos de pocos jueces con medios materiales por demás escasos nos llevan a dudar de la utilización de esta herramienta.

En segundo lugar, es el defensor del pueblo quien debería denunciar ante el Congreso este atropello de nuestros derechos. El Legislativo debería, entonces, urgir al Ejecutivo para lograr una respuesta definitiva al problema.

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