Un golpe a la estructura del poder

SANTIAGO DEL ESTERO.- La decisión de la jueza María del Carmen Bravo de acusar a Musa Azar como presunto instigador del asesinato de Patricia Villalba constituyó un severo golpe contra la estructura de poder edificada, durante años, por el ex gobernador Carlos Arturo Juárez.

Durante más de tres décadas el político y el ahora detenido policía estuvieron ligados. Juárez, como se sabe, utilizó el aparato de inteligencia de Musa Azar para destruir a sus opositores y Musa Azar se valió de sus informes para ganarse la confianza del caudillo y así ascender por los tortuosos caminos del poder político provincial.

Así como creció la figura de Musa Azar, también aumentó la cantidad de subordinados, muchos de los cuales fueron denunciados por participar en delitos como cuatrerismo, homicidios y robos de camiones. Denuncias muchas veces radicadas por los damnificados, pero rara vez investigadas.

Es que Juárez había logrado formar un Poder Judicial adepto. Poco antes de las elecciones para gobernador de 1995, cuarenta y nueve abogados firmaron una solicitada de adhesión a la candidatura del caudillo. Luego de los comicios que se adjudicó Juárez, el 60 por ciento de esos abogados pasó a integrar el Poder Judicial de la provincia.

El caudillo, que ahora cedió su lugar a su esposa, Mercedes Aragonés, fue cuestionado también por la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina (ADEPA), que denunció los constantes atentados contra la libertad de prensa que sufrió el diario El Liberal.

Pero este año la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación tomó los pronunciamientos de distintas entidades locales, como el Colegio de Abogados y la Secretaría de Derechos Humanos del Obispado, y convocó a una sesión para que se tratara el proyecto de pedido de intervención federal a la provincia.

A fines de septiembre último, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Pablo Lanusse, viajó a esta provincia, donde comprobó la veracidad de las denuncias y recomendó al gobierno nacional que solicite la aplicación del remedio federal.

Entonces, Juárez soltó la mano de Musa Azar, a quien el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Gustavo Beliz, definió como el jefe de la Gestapo santiagueña.

A pesar de haber sacrificado a uno de sus colaboradores, Juárez no pudo evitar que el tratamiento del proyecto de intervención siga pendiente.

Hoy la provincia de Santiago del Estero es un tembladeral. No son pocos los que miran hacia Buenos Aires, de donde esperan recibir una señal desde el Poder Ejecutivo Nacional.

Otros, en cambio, miran hacia el juzgado encabezado por María del Carmen Bravo. Se preguntan hasta dónde llegará.

Por Gustavo Carabajal

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