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Un sindicato compró el inmueble del ex Sanatorio Anchorena
Seguirá destinado a servicios de salud
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El amplio edificio de cinco pisos y persianas blancas que se distingue en la cotizada esquina porteña de Anchorena y Peña seguirá destinado a servicios de salud. El sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) compró en un remate judicial la sede del ex Sanatorio Anchorena, que cerró sus puertas tras la quiebra dispuesta tres años atrás.
La operación se concretó en $ 14,5 millones, según informó quien fue el coadministrador judicial de los bienes del sanatorio, Juan Ulnik. Para sorpresa de muchos, la cifra tomó vuelo respecto del precio base, fijado en 1,8 millón.
El titular de UPCN, Andrés Rodríguez, señaló a LA NACION que los fondos surgieron del superávit de la entidad y que el inmueble se transformará en "un policlínico moderno", con una menor cantidad de camas de internación (el Anchorena tenía unas 200), para dar más espacio a los servicios de consultorios externos y cirugía ambulatoria. El sindicalista dijo que la nueva obra demorará "como mínimo" un año.
El sindicato de empleados estatales, cuya obra social atiende a 350.000 beneficiarios, tiene un centro de atención médica, pero sin internación, que fue inaugurado a mediados de 1990.
Interesados
Para intentar quedarse con el edificio de Anchorena hubo 22 oferentes, entre ellos Swiss Medical, el grupo SPM, la constructora IRSA y otros inversores, en su mayoría empresas de la construcción.
Tras la quiebra, el primer intento de vender el inmueble había sido en noviembre de 2001. Un mes antes de la devaluación, UPCN ofreció -junto a Swiss Medical- US$ 1,8 millón. En marzo de 2002 los oferentes pesificaron su propuesta y el juez que lleva la causa decidió que era mejor emitir un llamado para mejorar la suma.
El monto ofrecido ahora por el sindicato de los estatales, que conduce Andrés Rodríguez, deberá ser ingresado en una cuenta del Banco Ciudad el 3 de diciembre, según detalló Ulnik. El abogado, un especialista en procesos concursales, estimó que los fondos no alcanzarán para saldar todas las deudas de la empresa quebrada, propiedad de la familia Palazzo, que antes de cerrar tenía poco más de 200 empleados.
Fondos insuficientes
Los primeros en cobrar serán quienes tienen acreencias generadas a partir de la quiebra: los gastos del propio proceso judicial, de los servicios públicos y los derivados de la vigilancia del edificio. Este último servicio se fue pagando con los ingresos que generó el alquiler parcial del edificio, que, por ejemplo, se utilizó para grabaciones de escenas de novelas de la productora Pol-ka. En las instalaciones en desuso del Anchorena fueron "atendidos" algunos personajes de la tira televisiva "Soy Gitano". Según Ulnik, esos alquileres evitaron un deterioro mayor del inmueble.
El segundo número de orden para cobrar será para los ex empleados; luego les tocará al fisco y al Gobierno de la Ciudad. El último turno será para los acreedores de juicios, entre ellos los de mala praxis.
El inmueble vendido tiene 12.000 metros cuadrados cubiertos y está emplazado sobre un terreno de 2800 metros cuadrados. Según dijo Ulnik, el mobiliario será rematado por separado y ya hubo una primera venta por $ 160.000.
Dados los rápidos cambios que tienen la infraestructura y la tecnología para servicios de salud, los entendidos afirman que la aparatología y los bienes en general que están en el Anchorena son obsoletos para montar otro sanatorio. La causa de la quiebra del sanatorio está a cargo del juzgado 16 de primera instancia en lo comercial del juez Arturo Kolliker Frers.
Otro juzgado, el N° 1, a cargo de Juan José Dieuzeide, lleva la causa de la empresa de medicina prepaga Omega, que había tenido su origen en el Anchorena y que funcionó en la misma sede hasta que se decretó su quiebra, en diciembre del año pasado.
