Infancia en deuda: ¿de qué se trata la ley 26.061?

Las políticas públicas deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos. Para esto, el Estado debe mantener siempre presente el interés superior de los derechos de los niños y la asignación de los recursos públicos que los hagan efectivos. La norma establece la intangibilidad de esos fondos que deben formar parte del presupuesto nacional.

Entre otros aspectos novedosos, la ley 26.061 crea la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, alguien que debería ser central a la hora de pensar en el cuidado de los más chicos. Sin embargo, y pese a que el texto señala que debía estar en funcionamiento 90 días después de la sanción de la norma, ya transcurrieron diez años y esto quedó como una asignatura que todavía está pendiente a nivel nacional. Entre otras funciones, el Defensor debería tener a su cargo "velar por la protección y promoción de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales", según establece la ley. A su vez, es la persona que se debe encargar del control y la auditoría de la aplicación del sistema de protección integral de los menores. De acuerdo a lo que señala la ley, el Defensor tiene como funciones principales interponer acciones para proteger a los niños en cualquier instancia judicial, velar por el efectivo respeto de sus derechos, supervisar entidades públicas y privadas que se dediquen a su atención y proporcionarles asesoramiento de cualquier índole a ellos y a sus familias.

¿De que hablamos cuando nos referimos a los derechos fundamentales?

1. A la dignidad y a la integridad personal

Los niños no pueden ser sometidos a tratos violentos, vejatorios o humillantes.

2. A la salud

Entre otros, debe estar garantizado el acceso a servicios de salud, a programas de asistencia integral, rehabilitación e integración.

3. A la educación

Debe asegurarse el acceso a una educación pública y gratuita que prepare a los niños para el ejercicio de la ciudadanía con una formación para la convivencia democrática.

4. Al deporte y al juego

Los organismos estatales y la sociedad deben establecer programas que garanticen el derecho a la recreación, el esparcimiento y el deporte. A su vez, se prevén programas específicos para niños con capacidades especiales.

5. Al medio ambiente

Se debe garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

6. A opinar y ser oídos

Los niños deben poder participar y expresar libremente su opinión en los temas que les conciernen. Sus opiniones deben ser tenidas en cuenta conforme a su madurez en todos los ámbitos que se desenvuelvan.