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Una batalla judicial detrás de los millones de las apuestas
Se investiga desde el nacimiento del casino hasta cómo se reparten sus ganancias
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La escena transcurrió hace casi una década en el despacho de un legislador bonaerense. El abogado que llegó hasta allí, representando a un bingo, exigía entrevistarse con el diputado.
Lo recibió un asesor y el letrado le explicó que estaba preocupado porque le pedían una coima de 50.000 pesos para renovar la habilitación de la sala de juegos. Preocupado, el asesor le transmitió el asunto al diputado, que ofreció instalar una cámara oculta para descubrir al corrupto. "No, no doctor, no me entiende. Lo que quiero es una rebaja porque hasta ahora veníamos pagando sólo 10.000 pesos", contestó el abogado, según relató a LA NACION uno de los interlocutores.
* * *
Con sólo advertir que los juegos de azar en la ciudad de Buenos Aires generan un movimiento de 5000 millones de pesos anuales, es posible entender por qué desde hace seis años se libra una batalla judicial por el control de la actividad y el reparto de sus ganancias.
La vedette es el casino flotante, del grupo español Cirsa, donde se registran apuestas anuales por 1820 millones de pesos. El segundo lugar en escalafón lo ocupan las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo, que recaudaron alrededor de 1500 millones en 2004 y también tienen su propia batalla judicial.
Con estos números a la vista, la última amenaza de cierre del casino se inscribe en una batalla jurídica en la que está en investigación su nacimiento, su funcionamiento y el reparto de las ganancias que genera.
En 1999, durante el gobierno de Carlos Menem, Lotería Nacional dio forma a una resolución que habilitaba para instalar un casino en Buenos Aires, a pesar de que estaba prohibido por una ordenanza del viejo Concejo Deliberante.
La salida fue hacerlo funcionar en un barco amarrado en el puerto y fuera de la jurisdicción administrativa de la ciudad de Buenos Aires.
La resolución 97/99 de Lotería Nacional creó la comisión del casino. El 31 de marzo de 1999 el directorio del organismo ya proyectaba el decreto firmado tres meses después (el 4 de junio), por Menem y sus ministros, Carlos Corach y Jorge Rodríguez.
El decreto en cuestión, que lleva el número 600/99, modificó el porcentaje de reparto del beneficio líquido de la explotación de casinos: el 80 por ciento queda para el agente operador y el 20 por ciento restante para el Estado.
El 16 de junio de ese mismo año se aprobó la convocatoria de postulantes para explotar el casino. Pierde la norteamericana Casino Magic y Cirsa se queda con el negocio. La empresa española, a través de sus sociedades, asume los derechos de compra del barco Barb Kehl al astillero Kehl River Boats con sede en Mississippi, por 6.200.000 dólares.
El 28 de septiembre ingresó el barco Estrella de la Fortuna desde Uruguay como una importación temporaria, que sigue fondeada en el puerto. Tras una denuncia por contrabando, la empresa pagó aranceles de importación por unos 4 millones de pesos. Pese a ello, esa causa sigue abierta.
Días antes, cuando el barco ya había llegado, pero no funcionaba, el jefe del gobierno porteño, Fernando de la Rúa, advirtió a través de la Procuración que la instalación del casino estaba prohibida y que su funcionamiento traería aparejada su inmediata clausura.
El 8 de octubre de 1999, el barco se inauguró de manera escandalosa. Cuando la primera bola favorecía al 18, colorado, el gobierno de la ciudad lo clausuró por falta de habilitación.
Comenzó a funcionar, entonces, la cadena de amparos judiciales que el casino presenta ante cada intento de clausura.
Quienes firmaron las medidas de no innovar en 1999 son el juez federal de La Plata Julio Miralles y el juez en lo civil y comercial federal Luis María Márquez.
Cuando se investigó la llegada de barco presuntamente de contrabando, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky ordenó su clausura, pero los empleados plantearon un recurso de amparo al que el juez Miralles de La Plata hizo lugar. Es el mismo juez que, mediante otro amparo, permitió que funcionaran tragamonedas en los bingos porteños, por poco tiempo.
Ante los intentos de clausura, el capitán del barco casino se presentó en el juzgado de Márquez y el 19 de noviembre de 1999 el juez dispuso como medida cautelar preventiva en tanto se sustanciara ese juicio que no se podía "alterar, modificar o suprimir la situación fáctica del barco".
Márquez reafirmó la medida en otro fallo, del el 27 de diciembre de 1999. El 28 de septiembre de 2000 los jueces de la Cámara de Apelaciones Eduardo Vocos Conesa y Marina Mariani de Vidal lo confirmaron con el argumento de que la autorización para que funcione el barco fue del Estado a través de la Lotería Nacional y que el control sobre el juego lo tiene la Nación y no la ciudad.
En febrero último, el gobierno porteño pretendió cobrar el impuesto a los ingresos brutos al barco, pero la Justicia entendió que por desplegar una actividad en jurisdicción federal, sólo debía tributar al Estado nacional.
El último fallo es del miércoles último, cuando reafirmó la vigencia de la medida de no innovar ante la resolución dictada por el juez porteño Roberto Gallardo, que ordenó a Aníbal Ibarra clausurar el barco.
La clausura se frenó de nuevo. En este caso, reforzado, por un fallo del juez federal Ariel Lijo, que reconoció que estaba vigente la medida de no innovar dictada por Márquez en 1999.
El barco se iba a mudar a la Costanera Sur el 17 de diciembre de 2000, por una resolución del secretario general de la presidencia, Alberto Kohan, firmada tres días antes de que terminara su gestión en el gobierno de Menem.
En plena crisis, cuando Eduardo Duhalde era presidente, la Lotería Nacional firmó la resolución 84/02 que habilitaba la construcción de un segundo barco y extendió el permiso para seguir operando la sala de juegos durante cinco años más, como estaba previsto en el contrato original.
En 2002 se abrió en la justicia federal una causa impulsada por Ricardo Monner Sans en la que se investigan algunos aspectos de la operatoria financiera del casino. Está en manos del juez Lijo.
Durante 2003, cuando la ciudad seguía sin cobrar un peso de los beneficios del casino, Aníbal Ibarra y el presidente Néstor Kirchner lograron un acercamiento. Ambos firmaron un convenio a través del cual la ciudad recibiría la mitad de lo que la Lotería Nacional le entregara al Ministerio de Desarrollo Social, que es equivalente al 4% de las ganancias, Esto le permitió a Ibarra embolsar, hasta ahora, 16.015.085 de pesos. A cambio ambos desistieron de todas las causas judiciales en las que se debatieran los beneficios del juego.
El acuerdo fue ratificado por la legislatura porteña y por el decreto 1155/03 firmado por Néstor Kirchner.
Ese convenio fue declarado nulo por el juez Gallardo y un nuevo amparo de Márquez impidió la clausura.
Intereses en 60 países
Cirsa es un holding internacional dedicado al negocio del juego, con sede en España, que nació en 1978 y que actualmente cuenta con 9500 empleados en diversas empresas repartidas en 60 países.
Presidida por Manuel Lao, explota 10 casinos tradicionales con más de cinco millones de visitantes al año. Tiene salas de juego en Panamá, la isla Margarita (Venezuela), Surinam, la Argentina, República Dominicana, Perú y España. Además tiene 57 salas de bingo visitadas anualmente por 21 millones de personas y 10 centros de recreación, incluido Euro Disney, en París.
La firma inició su actividades con la fabricación de tragamonedas y hoy brinda asistencia a 140.000 establecimientos. Uno de sus fuertes es el desarrollo de casinos electrónicos y el diseño y la fabricación de máquinas tragamonedas comercializadas en Europa y en los Estados Unidos.
Cirsa se define desde su página web como líder mundial en el sector del juego y del ocio. Cuenta con seis unidades de negocios: Cirsa Manufacturing; Cirsa Slot, Cirsa Casino, Cirsa Bingo, Cirsa Amusement y Cirsa Interactive.
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