Una obra amenaza a Mar Chiquita

El acueducto que el Gobierno tiene proyectado realizar atravesando las provincias de Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, con el fin de llevar agua a ésta última, podría producir la seca de los humedales santiagueños y de las lagunas del centro argentino, como la de Mar Chiquita, en Córdoba.

Diversas entidades ambientalistas se oponen a la construcción del llamado Canal Federal. La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), Greenpeace Argentina y Salus Terrae se sumaron a la Comisión de Pastoral Social de la Iglesia Católica para denunciar las obras y pedir la intervención de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).

La base de la denuncia será el supuesto incumplimiento por parte del Gobierno de las convenciones de biodiversidad, humedales, cambio climático y desertificación.

La Secretaría de Recursos Naturales asegura que se hicieron los estudios de impacto ambiental y que no se provocará daño a los ecosistemas.

La construcción del Canal Federal supone que las aguas serán destinadas a regadío de Santiago, Catamarca y La Rioja, representa una inversión de más de 300 millones de dólares y comprende tres tramos, de los que uno está en la etapa de precalificación y dos serán licitados en noviembre.

Tomará agua del río Dulce, en el dique de Río Hondo (Santiago del Estero), donde se construirá una gigantesca turbina para bombear el agua y llevarla por una tubería de 550 kilómetros. Se complementará con sistemas de bombeo hasta el embalse de El Bolsón (Catamarca) donde continuará hacia el Sur hasta ingresar en territorio riojano.

Sin consulta

Según los ambientalistas, la administración santiagueña acordó con el gobierno central una serie de obras "ignorando la opinión de los científicos y de los gobiernos de las provincias de Tucumán y Córdoba, integrantes de la cuenca Salí-Dulce".

Legisladores santafecinos, cordobeses y santiagueños han solicitado informes técnicos que permitan evaluar el impacto ambiental en el clima y en la fauna de la región.

La Funam envió una nota el gobernador cordobés, Ramón Mestre. Le pide en ella que, ante la posibilidad de que en noviembre próximo comiencen las obras, formule una declaración pública e inicie un recurso de amparo ante la justicia federal.

La nota asegura que la quita de agua "significa una pérdida real e inadmisible del patrimonio hídrico de la provincia y, por extensión, una amenaza cierta para el comportamiento de los bañados y de la laguna de Mar Chiquita, uno de los lagos salados más grandes del mundo y el tercero de América del Sur".

Esto significaría la alteración de ecosistemas únicos, afectación de más de 600 especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos y de miles de especies de vertebrados.También afectaría considerablemente el sistema ganadero. La reducción del caudal de Mar Chiquita, que se extiende por 7,5 millones de hectáreas, tendrá un alto impacto negativo.

El descenso del nivel de las aguas traerá aparejada la salinización excesiva y podría causar la desecación en época de sequía.

También las poblaciones santafecinas vecinas al límite interprovincial sufrirían los efectos no deseados, especialmente Ceres y Rafaela, las que deberían afrontar serios perjuicios por verse afectadas las napas freáticas.

Los ambientalistas se oponen a que "el equilibrio hídrico de la llanura más fértil de la Argentina peligre por efecto de la extensa tubería planificada y a que se convierta la reserva de la laguna Mar Chiquita (donde el río desemboca, en la provincia mediterránea) en un gran desierto de sal", según lo que destacan los estudios finales de las universidades nacionales de Córdoba y Tucumán.

Terrenos en peligro

"La cuenca del río Dulce posee terrenos muy fértiles que podrían perderse al no recibir sus caudales históricos de agua", expresó Emiliano Ezcurra, director de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace Argentina.

"La modificación de este ecosistema que provocará el acueducto -agregó- afectaría las actividades socioeconómicas de la región, particularmente la pesca, la ganadería y el turismo."

Las entidades destacan que podría acarrear el fenómeno de las migraciones humanas por efecto de la degradación de las condiciones de vida.

Los documentos enviados al Pnuma, a la UICN y a la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero denuncian el plan de trasvasamiento de la cuenca río Salí-Dulce hacia la provincia de La Rioja, denominado Sistema Interprovincial Federal (SIF), por la "abierta violación de la Constitución nacional, la provincial y de normas del derecho provincial, nacional e internacional".

Asimismo, protestan debido a la falta de información respecto de los aspectos básicos del proyecto.

Sobre el impacto ambiental, destacan que en Mar Chiquita se encuentra el 30 por ciento de las aves acuáticas locales y migrantes del país, de acuerdo con los censos de aves que lo sitúan entre los 10 sitios más importantes.

Desde octubre de 1989 la reserva es uno de los sitios de protección más importante de chorlos y playeros de América, avalados por convenios celebrados entre Santiago del Estero y Córdoba, cuando se determinó la existencia de 245 especies de aves.

Uno de los informes de la Universidad de Córdoba afirma que la operación del Canal Federal puede llevar "al alejamiento del agua de las costas de la laguna, al aumento de la salinidad y a la desecación de la laguna en períodos secos", lo que haría "muy difícil la conservación de la diversidad biológica de toda el área, en especial de los bañados".

Sin cumplir

Los convenios que se estarían violando son: el de Biodiversidad, la Convención Internacional sobre Humedales y la de Cambio Climático Global, de los que la Argentina es firmante.

Entre las leyes que violaría el SIF, se cuentan: los artículos 41 y 124 de la Constitución nacional, la ley nacional de riqueza forestal y el convenio de partición de las aguas del río Dulce.

Un canal con larga historia

Las obras del llamado Canal Federal o Sistema Interprovincial Federal (SIF) pertenecían al Ministerio de Obras Públicas, pero fueron transferidas a la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, que encabeza la ingeniera María Julia Alsogaray.

El propósito del SIF, afirman en Recursos Naturales, "es tomar una pequeña parte del agua de una cuenca hídricamente rica y distribuirla en zonas áridas y semiáridas de esos distritos".

El plan reformulado de las obras insumirá una inversión superior a los 300 millones de pesos y la primera etapa estará concluida en diciembre del 2000.

Firmado por los gobernadores de Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, el acuerdo con la Nación prevé que las provincias se comprometan a ceder los volúmenes de agua excedentes según este detalle:

• desde el embalse de Río Hondo un volumen anual de hasta 160 hectómetros cúbicos.
• desde la presa de embalse El Bolsón se aportará a La Rioja el 50% del recurso hídrico aprovechable del río Albigasta por un acueducto hasta territorio riojano.

Los volúmenes efectivamente incorporados una vez terminadas las obras se distribuirán así: el 20 por ciento para Catamarca, el 50 por ciento para La Rioja y el 30 por ciento para Santiago del Estero.

En la secretaría dijeron que se replanteó el proyecto para incluir el estudio de impacto ambiental, que sugirió la conveniencia de construir un conducto cerrado, que permita disminuir las pérdidas por evaporación y filtración, la agresión externa al fluido, la deposición de sedimentos y los efectos por interrupción de rutas migratorias de especies animales.

La historia del Canal Federal se inició en 1930. Solamente en 1988, cuando se creó el Sistema Interprovincial Federal, se firmó un convenio con intervención de la Nación por el que se delegó la responsabilidad futura del proyecto en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Por Virginia Santana

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