Una pasajera bajó del colectivo, cayó en una zanja y recibirá una indemnización millonaria

Un tribunal de la provincia de Buenos Aires emitió una sentencia relevante para los derechos de los usuarios del transporte público. El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de Lomas de Zamora dictaminó el pago de una indemnización millonaria a una pasajera que sufrió lesiones físicas tras un descenso deficiente del colectivo. El incidente ocurrió en el año 2012, en la intersección de las calles Vernet y Petraca, en la localidad de Monte Grande, pero la resolución judicial final alcanzó firmeza recién 14 años después del hecho inicial.

La mujer, quien viajaba en el interno 120 de la línea 165, relató ante las autoridades judiciales que el conductor detuvo la unidad lejos del cordón de la vereda. Esta maniobra la obligó a realizar un salto sobre una zanja con agua acumulada. El esfuerzo físico derivó en una caída brusca que produjo lesiones graves en su tobillo. Tras la presentación de la demanda, la empresa de transporte negó los hechos, pero las pericias técnicas y los testimonios de los presentes confirmaron la versión de la víctima. El juez Carlos Mario Casás sostuvo que los transportistas poseen la obligación legal de trasladar a las personas sanas y salvas hasta su destino final, lo cual incluye el ascenso y el descenso en condiciones de seguridad óptimas.

La sentencia judicial destaca la existencia de una presunción de responsabilidad sobre la firma ante este tipo de contratos. Según el fallo, las empresas deben responder por los daños a menos que prueben la intervención de un tercero, un caso de fuerza mayor o la culpa exclusiva de la víctima. Los testimonios validaron la calidad de pasajera de la mujer y confirmaron que la falta de acercamiento al cordón causó el accidente.

El magistrado determinó una indemnización total de 13.860.000 pesos. Este monto incluye 8.800.000 pesos por incapacidad física y psíquica sobreviniente, 4.600.000 pesos por daño moral y 460.000 pesos destinados a gastos médicos y de traslado. Además, la aseguradora de la flota debe responder de manera solidaria ante la obligación económica dictada por el tribunal.

La justicia aclaró en su resolución que el daño moral no requiere prueba específica y surge de la acción antijurídica detectada durante la maniobra de descenso. El fallo ordena también la actualización de los montos desde el momento exacto del hecho para asegurar la cobertura del valor vigente al momento del pago final. Este caso sienta un precedente significativo sobre la exigencia de maniobras seguras en la vía pública. Los especialistas en derecho civil resaltan la importancia de la conducta del chofer para evitar riesgos innecesarios.

La resolución busca una mayor conciencia de las firmas sobre la prevención de accidentes en las paradas. La víctima ahora podrá cubrir los costos de sus tratamientos médicos prolongados tras el impacto sufrido en el tobillo. La sentencia pone fin a un proceso judicial extenso que subrayó los deberes fundamentales de quienes operan el servicio público de pasajeros en la zona sur del conurbano bonaerense, un hito en la protección de los derechos de los usuarios frente a la negligencia en la conducción cotidiana.