
Uno de los acusados apuntó contra dos empleados de GEBA
Sin embargo, lo comprometen peritajes
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Fernando Antúnez se acomodó en la silla ante los jueces. Tartamudeó, carraspeó y se lanzó: "Lo que dije fue todo falso. Me tenían amenazado a mí y a mi familia". Así, el empleado de limpieza preso por asesinar y violar en el club GEBA a la maestra Fabiana Gandiaga, exculpó a los otros dos detenidos de la causa Miguel Angel López y Carlos Vallejo y, en cambio, acusó por el crimen a los empleados del club Gustavo Farana, un ex policía y el subintendente, Enzo Sánchez.
Sin embargo, los testimonios de los peritos forenses terminaron por complicar aún más la situación de los acusados.
Con esa explosiva declaración comenzó ayer el juicio oral y público en contra de Antúnez, de 21 años; de López, de 22, y de Vallejo, de 23, todos empleados de Limalux, empresa que se dedicaba a la limpieza del club. Están acusados de haber matado y violado a Gandiaga, hecho ocurrido el 20 de octubre de 2001, cuando la mujer había llevado a su hijo a la sede de GEBA de Presidente Perón 1154 a participar de un torneo de taekwondo.
Antúnez, hasta ahora, declaró en la causa dos veces: la primera, acusó a sus compañeros presos; la segunda, liberó de responsabilidad a Vallejo y sumó como acusado a Enzo Sánchez, un empleado del club.
Ahora, en su tercer relato ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°14 que deberán decidir su futuro, volvió a cambiar su declaración y dijo que Sánchez y Farana están involucrados en el caso y que lo mantuvieron amenazado para que no los delatara.
Con un buzo a rayas verdes y amarillas, que apenas cubría sus brazos cortos, y en un relato a media lengua con muchas contradicciones e imprecisiones, dijo que cuando fue detenido tenía en su poder el teléfono celular de Gandiaga porque se lo dieron Farana y Sánchez. Relató que ellos lo amenazaron para que llamara a su familia y pidiera 10.000 pesos de rescate.
"Cortes y picana"
"Los tres estamos presos por algo que no hicimos", declaró, y dijo que conoce cómo fueron los sucesos porque fue testigo de ellos, aunque aseguró no haber participado.
Además, denunció que mientras estuvo detenido en la comisaría 3a. fue torturado. "Me dieron electricidad, me golpearon y me hicieron un corte en el pene", dijo. Pero cuando se le preguntó por qué no lo había denunciado ante el juez de instrucción Alberto Seijas, alegó que estaba muy confundido. "Le dieron picana, todavía tiene las marcas en los testículos", clamaba en la puerta de los tribunales su padre, Juan Carlos Antúnez, quien dijo a LA NACION que Farana, como ex policía, estaba con su hijo cuando lo golpearon.
Junto con toda la familia, se quejaba a los gritos de que Seijas debía haberse apartado del caso por ser socio de GEBA, y lo acusaron de "encubrir a los culpables".
Antes de retirarse de la silla, miró a la jueza Beatriz Bistué de Soler y pidió una última palabra: "Quiero que se haga justicia y que agarren a los culpables". Fue suficiente. Se sentó y siguió el otro acusado, Miguel Angel López, también empleado de limpieza, encargado del turno la tarde el 20 de octubre de 2001. El también denunció golpes y torturas. "Me pegaron de acá para abajo", relató señalándose el pecho. Cuando la jueza Liliana Barrionuevo preguntó si le quedaron lesiones, lo negó. "Pero siempre quedan", replicó ella.
Terminó las indagatorias Carlos Vallejo, que también dijo haber sido golpeado por la policía mientras estaba desnudo en un calabozo y justificó así los rasguños en su brazo, uno de los indicios que precisamente lo liga al caso. De hecho el forense Osvaldo Curci y los médicos legistas Raúl Zocalli y Ricardo Echebar terminaron por complicar a Vallejo y Antúnez. Este último, al momento de su arresto tenía un corte en la mejilla y Vallejo, un rasguño en el antebrazo. Los médicos, al comparar la foto del cadáver de Gandiaga con la imagen de las lesiones que tenían los acusados, concluyeron que esas lastimaduras eran compatibles con las uñas de la víctima, que forcejeó para defender su honor y su vida.
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