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Verano en Uruguay. Por qué desde el gobierno hablan de una "apertura selectiva" y cómo se implementaría
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LA NACION
El subsecretario de Turismo de Uruguay, Remo Monzeglio, se refirió hoy a cómo sería la temporada de verano en ese país y dijo que si se decide la apertura de fronteras a turistas argentinos, en medio de la pandemia de coronavirus, esta "sería selectiva". Además, aseguró que la posibilidad de que se requiera un pasaporte sanitario es "un disparate".
"Si hay apertura, va a ser muy gradual. Se nos hace difícil pensar en una apertura total, sí en una selectiva", señaló el funcionario y comentó que desde el gobierno uruguayo "la cautela es permanente" porque el presidente Luis Lacalle Pou "es de tomar decisiones muy meditadas".
Seguramente ingresará gente que tenga propiedades acá y su grupo familiar
"Los argentinos van a venir, si se abre la frontera, en mucha menor cantidad" explicó y detalló: "Seguramente ingresará gente que tenga propiedades acá y su grupo familiar, grupo que será difícil de controlar porque querrán venir con el resto de su familia que no figuran [como propietarios]".
En ese sentido, advirtió que la temporada de verano no será "ni parecida" a la de los últimos años, al tiempo que reconoció que el turismo para Uruguay "es la cuarta fuente de ingreso del país", pero que el objetivo es seguir manteniendo un control y prevención sobre posibles brotes de Covid-19.
Monzeglio subrayó que Uruguay debe seguirse manteniendo como "uno de los países en el mundo que mejor ha manejado la pandemia" y, entre cuyas medidas, estuvo la decisión del cierre de fronteras.
Por otra parte, el funcionario habló del pasaporte de salud propuesto por la Cámara de Turismo de Uruguay que trascendió hace unos días.
"Es un disparate supremo", respondió al ser consultado sobre si podrían llegar a pedir hasta cuatro hisopados a quienes quieran ingresar al país. Enseguida completó: "Son ideas que se lanzan al vuelo a ver si el gobierno las toma".
Además, destacó que lo que se teme es que quienes ingresen no cumplan con las medidas de prevención sanitarias. "Quienes infringen las leyes pueden enfrentar entre 3 meses y dos años de prisión e incluso pueden llegar a recibir demandas si hay personas que se han contagiado", concluyó.
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