Ya hay casi 50 radares en la ruta 2: dónde están y a cuánto pueden llegar las multas
El Ministerio de Transporte bonaerense confirmó que están ajustando el diagrama de cobertura; tras la última temporada de verano, se relocalizaron algunos equipos y se sumaron otros
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LA NACIONDarío Palavecino
MAR DEL PLATA.- Hoy, en el mejor de los casos, acelerar más de lo debido en las rutas bonaerenses puede significar una infracción 215.250 pesos. Si hay agravantes todo se pondrá más complicado para el infractor y el desembolso por multa puede llegar al filo del millón y medio de pesos.
Por eso es conveniente estar atentos a los casi 70 radares que, fijos algunos, móviles otros, monitorean el tránsito en las principales vías del sudeste de la provincia de Buenos Aires, en camino a la muy visitada costa atlántica. Más aún en estas fechas de escapadas turísticas, donde el apuro por llegar pronto y aprovechar un poco más el destino turístico puede derivar en escala en un Juzgado de Faltas.
Solo en la ruta 2, la vía más utilizada para llegar a los principales centros balnearios de la costa atlántica, hay 20 puntos geográficos de control, repartidos entre ambos sentidos de circulación. Otros cinco están cubiertos con equipos trasladados e vehículos y a los que se los cambia de ubicación. En total suman casi medio centenar de equipos midiendo velocidades.
Si bien no se aportaron datos precisos sobre cantidad y ubicaciones, desde el Ministerio de Transporte bonaerense confirmaron a LA NACION que están ajustando el diagrama de cobertura con radares y tras la última temporada de verano se relocalizaron algunos equipos y se sumaron otros.
“Uno de los grandes desafíos que enfrentamos hoy es la gran cantidad de vehículos que circulan sin patente o con el certificado de trámite por falta de entrega de placas, sumado a casos de sustracción voluntaria o robo”, reconocieron sobre una problemática aún sin resolución.
Durante la previa de las últimas vacaciones de invierno hubo una actualización con difusión en web oficial de la citada cartera provincial. Así sumó mayor información pública sobre este despliegue de tecnología de control que, aclaran, “no tiene fines recaudatorios sino que busca mejorar la seguridad vial”.
“La prioridad es reducir velocidades excesivas y prevenir siniestros viales, sobre todo en tramos con antecedentes de incidentes graves”, aseguraron a LA NACION fuentes del ministerio.
Esa información se publicó apenas un par de semanas después de que se conociera una resolución judicial que avalaba el funcionamiento de radares de monitoreo de tránsito en la jurisdicción bonaerense. Álvaro Garganta, fiscal federal de La Plata, y el juez de Garantías Juan Pablo Masi, confirmaron a comienzos del mes pasado que “no se ordenó ninguna medida cautelar que imposibilite a la provincia de Buenos Aires o a los municipios de su jurisdicción la recaudación de fondos a través de infracciones generadas por los cinemómetros”, en referencia al tipo de equipo que se utiliza para controlar velocidades de vehículos y su correspondiente identificación.
El fiscal es el mismo que hace casi un año avanzó con una investigación por presuntas irregularidades en el sistema de recaudación por infracciones de tránsito en el territorio bonaerense. La hipótesis apuntaba a una organización ilegal que involucraba a funcionarios públicos, abogados y gestores y cobraba a los infractores para reducirles las multas, con obvio perjuicio para el Estado. En ese contexto renunció a fines del año pasado Jorge D’Onofrio, que había sido ministro de Transporte bonaerense desde 2022. Esa causa sigue abierta y en marcha.
Velocidades máximas
Las velocidades máximas a controlar, según el punto donde esté instalado el radar, oscilan entre los 60 y 120 kilómetros por hora. El valor piso coincide generalmente con tramos de ruta de cercanía con el casco urbano, incluso con puentes de paso peatonal que contribuyen a que los conductores estén más atentos y transiten más lento.
El monto de las multas, en este caso para exceso de velocidad, surge de lo estipulado por la Ley 13.927, conocida como Ley Nacional de Tránsito, a la que la provincia adhiere desde su ley 24.449. Allí se establece que aquella infracción tiene una multa prevista de 150 a 1000 unidades fiscales (UF). Cada UF es equivalente al valor de un litro de nafta premium de estación de servicio YPF del Automóvil Club Argentino, en La Plata. Ese valor se establece bimestralmente y en la actualidad está fijado en 1435 pesos. En diciembre de 2023, previo al ajuste fuerte de los valores de combustibles, era de 290,10 pesos.
Los infractores deben responder frente a juzgados de faltas provinciales que tienen sede en La Plata, Bahía Blanca, Dolores, Junín, Mar del Plata, Lomas de Zamora, San Isidro, Merlo y Azul. La Ley 13.927 contempla el beneficio de 50% de descuento sobre el monto estipulado para la multa en lo que considera “pago voluntario”, entendido sin apelación y en plazo.
Los radares móviles, de acuerdo al listado informado por el Ministerio de Transporte, tienen presencia en nueve distritos y se reparten sobre más de una decena de puntos de las rutas 2, 11, 63 y 36. Se trata de vehículos con personal que dispone los equipos, en general sobre ambas manos de circulación. La ubicación de fijos como los móviles debe ser anticipada por cartelería vertical a la vera del camino, así como la velocidad máxima para el tramo bajo control.
La administración bonaerense destacó que todos los equipos instalados o en uso están homologados y calibrados para “garantizar transparencia y legalidad en cada control”. Todo ese despliegue tecnológico cuenta con operadores privados a partir de convenios de colaboración, en algunos casos con participación de universidades públicas, y siempre con supervisión provincial.
El punto con más radares móviles según el listado oficial se encuentra en el tramo norte de la costa atlántica, sobre ruta 11, donde se anuncia supervisión de velocidades entre los kilómetros 267 y 295 y 317 y 344. Ese recorrido corresponde al municipio de General Lavalle, al igual que otro equipo a la altura del kilómetro 23 de la ruta 56. “Los automovilistas y en particular los turistas se quejan con nosotros, pero no tenemos nada que ver”, confió a LA NACION una fuente de la comuna del Partido de la Costa.
La ruta interbalnearia marca límite entre ambos distritos y desde este último, que abarca las localidades balnearias que se extienden desde San Clemente del Tuyú hasta Punta Médanos, han emitido quejas porque se sienten perjudicados por las multas que se labran y cobran en General Lavalle.
En el municipio de Villa Gesell confirmaron a LA NACION que también tienen activo un único radar móvil, no incluido en el detalle que publicó el Ministerio de Transporte bonaerense. Opera entre los kilómetros 410 y 427. Otros dos fijos se preparan en accesos a localidades balnearias del distrito pero aún no tienen autorización provincial.
Esa misma ruta 11 amerita un cuidado adicional en estos tiempos, más allá de los radares: hay una amplia obra en ejecución para el desarrollo de una segunda mano que la convertirá en autovía en el tramo que se extiende entre Villa Gesell y Mar Chiquita. Algunos pocos kilómetros ya están en uso como autopista. Otros requieren tránsito muy lento y con atención a las señales, porque hay operarios trabajando de lunes a lunes.
Desde el Ministerio de Transporte bonaerense confirmaron que está planificada la incorporación de nuevos puntos de control “especialmente en corredores con alto flujo vehicular y antecedentes de incidentes graves”. El objetivo, insisten, es que tengan un efecto “disuasorio” para que los conductores reduzcan la velocidad y “adopten hábitos de conducción más responsables, evitando tragedias”.
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