Pinedo: "Esto no tiene nada que ver con censura"

Régimen para proveedores del servicio de Internet.

Bajo esa denominación ingresó a finales de febrero

en la comisión de Comunicaciones en Informática de la Cámara de Diputados de la Nación, un proyecto elaborado por el diputado de Pro,

Federico Pinedo

, que busca crear un marco regulatorio que establezca responsabilidades sobre los contenidos publicados en Internet, pero no penalizando a los que publican los mismos, sino a las empresas de hosting (compañías que brindan un espacio en la web para alojar sitios) que almacenan en sus servidores a dichos contenidos.

Al igual que en España meses atrás con la denominada "Ley Sinde" , en Argentina, la polémica por el contenido del proyecto que elevó Pinedo no tardó en aparecer por parte de empresas, blogueros y organizaciones que están en contra de cualquier tipo de regulación de Internet. A continuación, una serie de puntos fundamentales para conocer más a fondo la temática en cuestión:

Básicamente la normativa responsabilizará a las empresas que brindan servicios de Internet por el contenido de las webs que aloja, cuando éstas violen normas legales o derechos de terceros, como así también, a aquellas páginas que ofrezcan enlaces a otros sitios que también incumplen la legislatura vigente. Y obviamente, dará de baja de la red la web en cuestión con sólo una carta documento y no con un fallo judicial.

En uno de los apartados el proyecto señala que toda persona, de existencia visible o ideal, podrá promover una medida ante el juez con competencia en su domicilio con el objeto de solicitar judicialmente que se elimine, restrinja y/o bloquee el acceso a uno o más contenidos específicos que lesionen derechos o garantías reconocidos por la Constitución.

Un artículo que generó polémica es el referido a los links. Según el proyecto de ley, los proveedores de alojamiento, contenidos y servicios que ofrezcan enlaces a otros sitios webs o información provista por terceros, serán responsables respecto de la información provista por aquellos exclusivamente en los casos en que tengan conocimiento efectivo de que la información almacenada viola normas legales o derechos de terceros.

La presentación del proyecto rápidamente resonó en las diversas esferas de Internet. Entre ellos varios blogueros y miembros de diversas asociaciones que no estuvieron de acuerdo con lo presentado por Pinedo.

Beatriz Busaniche, miembro de la Fundación Vía Libre , criticó el curso que lleva el proyecto dentro de Diputados. "Parece ser que todavía los legisladores no entienden que lo que está en juego aquí no es un tema técnico ni judicial, sino que lo esencial del asunto es la libertad de expresión y que existen comisiones especializadas en eso en el Congreso", dijo.

"El proyecto se basa en argumentos completamente equivocados: presupone que no hay ley donde si la hay y pretende crear un marco regulativo menos garantista y más represivo que el que rige nuestra vida en nuestro país", explicó Busaniche.

Por su parte, el bloguer Fabio Baccaglioni señaló a lanacion.com que "el problema es que se le quiere trasladar una responsabilidad al ISP cuando no debería ser éste el que ejerza un poder policial por sobre sus clientes. La justicia debe ser quien tenga la potestad, porque así corresponde por nuestra Constitución", al tiempo que aseguró que "existe una diferencia sustancial entre bajar un contenido previamente o posteriormente a un fallo judicial, ya que sino se aclara bien en el proyecto atenta directamente con la libertad de expresión".

Un análisis rápido del proyecto arrojaría que el sector que principalmente está involucrado son aquellos que presentan servicios de Internet. Pero luego de ser consultados por lanacion.com , dos de las empresas más representativas del sector en el país, Dattatec y El Server , restaron importancia y minimizaron la iniciativa.

Joel Chornik, CEO y fundador de El Server, subrayó la "falta de conocimiento técnico sobre el medio que se pretende legislar", al tiempo que aseguró que "el problema es no contar con un mecanismo efectivo de resolución de conflictos. Si los proveedores, en cualquier punto, pudiéramos tener rápidamente una confirmación o no de la legalidad o ilegalidad de los contenidos, podríamos actuar de forma rápida sabiendo que estamos respetando la ley. Pero no es correcto que se pida a un proveedor que cumpla el rol de un juez, y se tome atribuciones que no corresponde".

Para Guillermo Tornatore, CEO de Dattatec, el proyecto de ley de Piendo "no modifica en absoluto el mecanismo de acceso a la justicia actual ante un reclamo por violación de normas legales o derechos de terceros. No agrega absolutamente nada a un tema complejo a nivel mundial y, para colmo, parece ocultar un intento de "protección" para los distintos proveedores de servicios de Internet, entre los que nos encontramos los hosters, desligándonos de toda responsabilidad".

El legislador de Pro, ante la crítica de diferentes sectores organizó una reunión explicativa de la normativa que se presentó en comisión para aclarar de qué se trataba la misma.

"Lo nuestro no tiene nada que ver con la Ley Sinde de España. Como hubo algún ruido en la web hicimos una reunión con esta gente. Desde ya que no tenemos inconveniente en cambiar la redacción del proyecto", aseguró Pinedo a lanacion.com , aunque aclaró que "esto ya se presentó y pedimos que se trate cuanto antes".

Pinedo dijo que "la ley no es contra nadie, es a favor de los prestadores de servicio de Internet y de los que puedan ver sus derechos violados por alguna publicación. Seguramente se entendió mal. Esto no tiene nada que ver con censura".

Aclaración . Luego de haberse publicado el artículo, el diputado Pinedo se comunicó con lanacion.com para aclarar que en relación al punto que señala la potestad para bajar un contenido de la web, el proyecto de su autoría asegura que "solamente un juez puede establecer cualquier medida restrictiva a cualquier contenido de Internet".

Por José Di Bártolo

• Federico Pinedo

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