Redes sociales y menores: entre la libertad de expresión y los posibles problemas de ansiedad y adicción

La tecnoadicción es un problema en aumento en todo el mundo, que afecta mayormente a jóvenes de entre 14 y 22 años. Según datos de Fundación Manantiales, se trata de un padecimiento observado por igual para ambos géneros, pero presenta una mayor tendencia en los hombres a desarrollar adicciones relacionadas con los videojuegos y la pornografía en línea, mientras que en las mujeres hay una mayor predisposición a la adicción a las redes sociales. Otros fenómenos derivados del uso de redes sociales en menores son, por un lado, los trastornos de ansiedad y, por el otro, el grooming y el ciberbullying, por mencionar solo algunos.

Para hacer frente a esta situación, el director general de Sanidad de Estados Unidos, doctor Vivek Murthy, pidió una “acción inmediata” por parte de las empresas tecnológicas y de los legisladores para proteger la salud mental de los niños y adolescentes en las redes sociales, como Instagram, TikTok y Snapchat. Por su parte, el gobernador de Ohio, Estados Unidos, Mike DeWine y el vicegobernador Jon Husted, están solicitando a los legisladores estatales para que adopten nuevas reglas que requieran que los niños menores de 16 años obtengan el permiso de los padres antes de registrarse en una cuenta de redes sociales.

De trascender esta idea, las empresas de redes sociales y los propietarios de websites similares tendrían que establecer un sistema para verificar que cada habitante de Ohio que crea una nueva cuenta tenga 16 años o más. Para eso, el interesado debería proporcionar una copia de la licencia de conducir o mantener una videoconferencia con un empleado de la empresa. En tanto, los menores de esa edad podrían crear una cuenta solo si un padre o tutor da permiso a la empresa. Después de eso, los adultos responsables tendrían la capacidad, cuando sus hijos se registren, de establecer filtros sobre cómo los chicos sus pueden usar el sitio o la aplicación, lo que incluye limitar la cantidad de tiempo que pueden acceder y moderar el tipo de contenido que ven.

Entre otros cambios, la versión que ya está en el Senado pone la lupa en el uso de redes sociales, ya que eximiría la notificación a los padres cuando los hijos publican reseñas de comercio electrónico, comentan noticias, utilizan motores de búsqueda y servicios en la nube.

Un polémica con alcance local

¿Cuál es el límite al momento de implementar una medida como la mencionada? Los abogados consultados por LA NACION abundan en reparos. Ismael Melgem, docente en la Escuela Superior de Derecho de la Universidad de Morón, es contundente al decir que no está de acuerdo con el proyecto, ya que implica una restricción en el uso de redes sociales y publicaciones de menores de 16 años. “De esa manera, se verían vulnerados algunos de los derechos de las niñas, niños y adolescentes como por ejemplo el derecho a la información, capacitarse y relacionarse socialmente, entre otros. Además, según la solicitud, se estaría responsabilizando a los progenitores o tutores de los menores por un mal uso de las redes sociales o todo lo que se publicite en los sitios web, deslindando de la misma al estado y los prestadores de dichos servicios”. Para poner en contexto, Argentina es el país de la región donde más temprano se le da un celular a un niño, con 9 años promedio, según el último relevamiento realizado por Unicef y Google en 2020. Frente a esto, Melgem opina que es necesario un acompañamiento de los adultos responsables en la incorporación por parte de los menores de herramientas virtuales, pero el control tendría que ser por medios de filtros de las empresas de redes y el Estado.

Por su parte, Javier Pallero, que es coordinador de Incidencia del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo, también explica que la medida tiene impactos en la libertad de expresión y la privacidad de niños, niñas y adolescentes, y que, tanto para Estados Unidos como para Argentina, las siguientes consideraciones son similares: “En cuanto a la libertad de expresión, es desaconsejable identificar a los usuarios, ya que el anonimato es esencial para garantizar la capacidad de expresarse y de acceder a información por parte de colectivos vulnerables como opositores políticos y personas del colectivo LGBT+, entre otros. En algunos casos, este ejemplo también podría ser aplicable a menores. Además, crear registros de la identidad real de los menores implica un potencial riesgo futuro, ya que sus identificaciones en línea quedarían asociadas a una identidad real”.

Por otro lado, se crea un riesgo para la privacidad, puesto que información potencialmente sensible respecto de elementos identificantes de los menores quedaría en manos de las plataformas de Internet, lo que genera temores de explotación indebida y de riesgos relativos a su custodia.

En esta línea, Pallero indica que el análisis de este tipo de legislaciones debe hacerse siguiendo criterios de necesidad y proporcionalidad. “Es decir que se debe definir la menor limitación posible al derecho de los menores en la implementación de medidas para su protección y tener en cuenta los riesgos para la privacidad y custodia de la información que presentan los posibles mecanismos de verificación”, remata.

Al ser consultados, los ejecutivos de Meta en Argentina, firma que es propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, prefirieron no hacer declaraciones sobre el tema.

Por su parte, el Pablo Rossi, director de Fundación Manantiales, que es un centro que atiende pacientes con problemas de tecnoadicción, indica: “La legislación y los controles tecnológicos son solo un aspecto de la solución. Los padres debemos asumir un rol activo en la formación de la relación entre los chicos y la tecnología, fomentando su uso saludable y seguro”, y remata: “Más allá de una legislación, es importante que, como padres, brindemos el apoyo emocional y hablemos abiertamente con nuestros hijos sobre el uso responsable de la tecnología”.