Sigue la polémica por la implementación del derecho al olvido en Europa

A Gregory Sim, un hombre de negocios de Richmond, lo pillaron manteniendo relaciones sexuales en un tren camino a Londres. Los pasajeros alarmados avisaron a la policía, quien se lo llevó detenido. La historia la recogió el Daily Mail en su página web. Seis años después, Sim, que debe ser un hombre de los que no olvida una humillación, solicitó a Google que su desliz dejara de aparecer en el buscador. Y lo consiguió. Ejerció el derecho al olvido en Internet que el pasado mayo otorgó a todos los europeos una sentencia batallada por otro ciudadano de a pie: Mario Costeja. Este español, cansado de que Google lo considerara un moroso cuando sus cuentas ya estaban saldadas, reclamó al buscador que hiciera borrón y cuenta nueva. Cinco años después -el pasado mayo-, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le concedía su deseo.

Hace tres meses que se puede pedir al gigante de Internet que olvide un nombre. Desde entonces a sus buzones han llegado más de 90.000 peticiones. La mitad han recibido un sí por respuesta, lo que supone que 328.000 enlaces no sean localizables con un simple tecleo. Pero el buscador ha dado marcha atrás en algunos casos tras las protestas de los medios afectados. Para fijar unos criterios de cancelación, la empresa ha creado un comité de expertos. El próximo martes arrancan en Madrid una serie de encuentros en diferentes ciudades europeas en las que los ciudadanos podrán debatir con el consejo qué omitirá la web. En paralelo, han surgido voces contrarias, entre ellas la de la fundación en pro de la libre información Wikimedia, que luchan por su particular derecho al no olvido: dos webs recogen las noticias que están siendo eliminadas.

Medios ingleses han visto cómo algunas de sus noticias se diluyen en el mundo virtual. Pero Google no tiene claro qué criterios seguir a la hora de desindexar las búsquedas. "Se trata de decisiones difíciles", confiesa en su web. José Luis Piñar, titular de la cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y miembro del nuevo comité del buscador, confirma la dificultad de "fijar los criterios para evaluar y ponderar los derechos al olvido para miles de casos". El experto apuesta por definir una serie de "categorías" en las que puedan encajarse las peticiones y que podrían estar listas a principios del próximo año.

"Que no se encuentre en Google no quiere decir que desaparezca", explica Didac Sánchez, director de Eliminalia, una web especializada en limpiar biografías en Internet. Google cancela de sus resultados de búsqueda (en Europa) los enlaces que llevan a las páginas, pero la información no desaparece de la web de origen. "La sentencia solo habla del buscador, no del editor; hay que diferenciar", explica Piñar.

Para evitar caer en el pozo del olvido, Wikimedia anunció el pasado agosto el lanzamiento de una página -ya disponible- donde recoge los links que Google les ha comunicado que serán desindexados. Son cerca de 50 pero aumentan cada semana. Entre ellos están páginas de Wikipedia dedicadas a la Banda della Comasina, un grupo criminal activo en Milán en los años setenta; y a su líder, Renato Vallanzasca. Otro que ha querido pulir su pasado es Gerry Hutch, acusado de cometer los mayores robos a mano armada de Irlanda.

"Es un grave problema porque atenta contra el derecho de buscar y acceder a información", opina Jorge Sierra, presidente de Wikimedia en España. Para la organización existe una amenaza contra el conocimiento libre que puede provocar lo que llaman "agujeros de memoria", que impiden un "acceso completo a una información veraz, neutral y exhaustiva".

Antes de Wikimedia, un programador estadounidense, Afaq Tariq, fue el primero en crear una página con los enlaces cancelados: Hidden from Google. "Me pareció que ayudaría a entender qué tipo de solicitudes se están haciendo y por quién", explica en su web. Son los propios usuarios los que envían las páginas desindexadas. La semana pasada, a los 20 ya existentes se sumaban 10 que conciernen a la cadena BBC. Las noticias son tan dispares que van desde el juicio a tres hombres que poseían material para fabricar bombas (Dublín, 2001), hasta una disputa entre dos familias de Denver por Wellie, un fox terrier de pelo duro en 2002.

Tras la decisión del Tribunal, los internautas dirigieron su mirada hacia los políticos y empresarios envueltos en escándalos de corrupción que podían aprovechar la sentencia. Falta de razón no tenían los acusadores, el primer enlace en sufrir la guadaña de la censura -obviando el implicado en el fallo- fue el análisis de la BBC sobre el papel del exjefe de Merrill Lynch, Stan O'Neal, en el colapso financiero. El diario El Mundo se sumó a los afectados con una noticia de 2008 relacionada con la promotora Riviera y un posible caso de fraude. El periódico informaba de la prisión bajo fianza para dos de los jefes de esta empresa y de cómo se había producido la detención: a punto de montar en un avión destino a Marruecos. La empresa Eliminalia hizo público que más de 200 políticos habían recurrido a ellos con la esperanza de blanquear su reputación virtual nada más conocerse el fallo. "El número sigue aumentando", confiesa su director.

Google no informa de quién solicita hacer uso de su derecho, pero uno de los requisitos es que incluya su nombre. El gigante de Internet reconoce en su web que es posible que no se encuentren "en una posición adecuada para decidir". El profesor Piñar muestra su preocupación por la posición de poder que han ganado los buscadores: "Google sale fortalecido de la sentencia. Antes no era más que un espejo donde se reflejaba la información, ahora se le atribuye un poder de decisión que antes no tenía".

La gran cuestión latente bajo el debate de criterios es la necesidad de contar con un mecanismo ordenador. ¿Deben ser los buscadores quienes decidan? Piñar considera que es indispensable "analizar este mundo global en el que un enlace cancelado aparece en otra ubicación que no está en Europa. Hace falta un instrumento normativo adecuado al siglo XXI, que intente regular tecnología y privacidad".

Andrea Nogueira