1,4 millones de inquilinos en EEUU están en riesgo de perder sus hogares debido a propuesta de Trump

WOODINVILLE, Washington, EE. UU. (AP) — Havalah Hopkins rara vez rehúsa los trabajos de servicio de banquetes ofrecidos por cadenas de restaurantes que la envían a eventos en el área de Seattle, desde comidas comunitarias en iglesias hasta almuerzos de oficina y fiestas de graduación.

Las tarifas de entrega y las propinas que gana, además de los US$18 por hora, significan que es mejor que trabajar en turnos con salario mínimo, a pesar de que no es algo constante. Eso le ayuda a pagar el apartamento subsidiado por el gobierno en el que ella y su hijo autista de 14 años han vivido durante tres años, aunque todavía se le dificulta llegar a fin de mes.

“Es un ciclo de sentirte derrotada y agotada, sin importar cuánta energía y esfuerzo y tenacidad tengas para sobrevivir”, manifestó Hopkins.

Aun así, esta madre soltera de 33 años agradece tener una vivienda estable. Los expertos estiman que sólo 1 de cada 4 hogares de bajos ingresos que califican para recibir asistencia en el pago del alquiler por parte del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos recibe ese beneficio. Y ahora Hopkins corre el riesgo de perder su hogar, ya que las autoridades federales están movilizándose para restringir la política del HUD.

En medio de un agravamiento de la crisis nacional de falta de vivienda asequible y de personas sin hogar, el gobierno del presidente Donald Trump está decidido a reorganizar el amplio papel del HUD en proporcionar vivienda estable para personas de bajos ingresos, el cual ha sido una función central de su misión durante generaciones. Los cambios propuestos incluyen un plazo de dos años a los emblemáticos programas de asistencia para el alquiler que proporciona el gobierno federal.

En una audiencia presupuestaria del Congreso en junio, Scott Turner, secretario del HUD, argumentó que políticas como los límites de tiempo solucionarán el despilfarro y el fraude en la vivienda pública y en los programas de vales de la Sección 8, que ayudan a individuos y familias de bajos ingresos a pagar una renta en el mercado privado.

“Ya no funciona y se ha desviado de su propósito original, que es ayudar temporalmente a los estadounidenses que lo necesitan”, expresó Turner. “Se supone que la asistencia del HUD no es permanente”.

Pero la medida para restringir estos subsidios cruciales marcaría un repliegue significativo en el alcance de la labor del HUD.

Millones de inquilinos se mudaron con la promesa de recibir subsidios a la vivienda mientras siguieran siendo lo suficientemente pobres para mantener su elegibilidad, por lo que el establecimiento de límites de tiempo representaría un cambio radical que podría desestabilizar a los hogares más vulnerables, muchos de los cuales probablemente nunca podrían pagar los elevados alquileres actuales, tan altos que rompen récords.

Una nueva investigación de la Universidad de Nueva York (NYU, por sus siglas en inglés), obtenida en exclusiva por The Associated Press y publicada el jueves, reveló que, si se les cortara a las familias el acceso a los subsidios después de dos años, 1,4 millones de hogares podrían perder sus vales y subsidios de vivienda pública, principalmente familias trabajadoras con hijos. Esto llevaría a las autoridades de vivienda a desalojar a muchas familias, señala el informe.

Un límite de tiempo amplio causaría “alteraciones sustanciales y desplazamientos forzados de personas”, agregó, y señaló que en gran medida la política no ha sido sometida a prueba, y que la mayoría de las pocas autoridades de vivienda que sí la probaron voluntariamente finalmente abandonaron los programas piloto.

Una ruptura con el arraigado propósito del HUD de ayudar a las personas de bajos recursos también podría poner en riesgo sus contratos con arrendadores privados, quienes refieren que ya sienten la incertidumbre a medida que las autoridades de vivienda pública desde Seattle hasta Atlanta anuncian recortes para anticiparse a un menor apoyo en la financiación federal.

Los críticos temen que la nueva restricción pueda perjudicar a quienes trabajan para alcanzar la autosuficiencia, lo que frustra el objetivo que los partidarios de establecer un límite de tiempo esperan lograr.

Kasey Lovett, portavoz del HUD, refutó el estudio de la NYU.

“Hay numerosos datos que respaldan firmemente (el establecimiento de) los límites de tiempo y muestran que la asistencia gubernamental a largo plazo sin ningún incentivo desincentiva a los estadounidenses físicamente aptos para que trabajen”, declaró Lovett en un comunicado. Mencionó principalmente estadísticas que dejan entrever un bajo nivel de contratación entre los inquilinos subvencionados por el HUD.

Hopkins dijo que esta política probablemente la dejaría sin hogar a ella y a su hijo en una economía que a menudo se muestra indiferente hacia los trabajadores pobres.

“Un plazo de dos años es ridículo”, expresó. “Es una enorme falta de respeto. Creo que es deshumanizante... todo el sistema”. Las familias trabajadoras corren mayor riesgo Investigadores del Housing Solutions Lab —un organismo enfocado promocionar el acceso a la vivienda— del Centro Furman de la Universidad de Nueva York analizaron datos del HUD durante un período de 10 años, y encontraron que aproximadamente el 70% de los hogares que podrían verse afectados por un plazo de dos años ya habían vivido con esos subsidios durante dos o más años. Esta cifra se basa en estimaciones de 2024 y no incluye a ancianos ni a personas con discapacidad, quienes no estarían sujetos a un plazo. Los hogares exentos representan más o menos la mitad de los aproximadamente 4,9 millones de hogares que reciben asistencia para el alquiler. En el primer estudio en examinar los posibles impactos de la política propuesta, los investigadores de la NYU encontraron que los límites de tiempo castigarían en gran medida a las familias que trabajan, pero ganan muy por debajo del promedio de ingresos de su área, lo que a la larga alejaría la asistencia federal para el alquiler de los hogares con niños. “La asistencia para la vivienda tiene un impacto especial en los niños”, apuntó Claudia Aiken, coautora del estudio y directora de nuevas colaboraciones de investigación del Housing Solutions Lab. Su salud, educación, empleo y potencial de ingresos pueden “cambiar de maneras realmente significativas si cuentan con una vivienda estable”, agregó. Esto afectaría a personas como Hopkins, cuya familia estuvo en lista de espera durante años en la costosa región donde creció. En julio de 2022, ella y su hijo se mudaron a una unidad de vivienda pública de dos habitaciones en Woodinville, Washington. Paga US$450 al mes de alquiler, el 30% de sus ingresos familiares. Un apartamento a precio de mercado en la zona cuesta al menos US$2000 más, según la Autoridad de Vivienda del condado King, que en junio anunció que haría una pausa en la emisión de nuevos vales. Hopkins sabe que nunca podría permitirse vivir en su estado natal sin asistencia para el alquiler. Fue un alivio poder continuar en el programa todo el tiempo que lo requirieran. Se le había dificultado reunir cientos de dólares más al mes para pagar el alquiler de la casa rodante donde vivían antes. “No hay palabras para describir el sentimiento de saber que tienes la vivienda asegurada”, manifestó Hopkins.

“Siento como si me faltara el aire y por fin puedo respirar”.

Ella atribuye al subsidio de vivienda su capacidad para finalmente dejar atrás un matrimonio abusivo, y aún sueña con más: tal vez establecer su propio negocio de banquetes o trabajar como decoradora de fiestas.

“No todos podemos ser abogados o médicos, y dos años son insuficientes para siquiera llegar a serlo”, añadió.

Desde que se enteró de la propuesta de Trump, Hopkins indicó que la atormenta la idea de tener que meter sus pertenencias y a su hijo en una camioneta, lo que arruinaría la estabilidad que había logrado para él.

“Es difícil prosperar”

El hogar promedio en viviendas subsidiadas por el HUD recibe el apoyo unos seis años, según muestran los estudios. El HUD financia proyectos locales de vivienda pública en donde viven personas de casi 1 millón de hogares, además de vales de la Sección 8 que unos 4 millones de hogares utilizan para ayudarse a pagar sus alquileres privados.

El HUD ha proporcionado escasa información sobre cómo se implementaría la asistencia para vivienda con límite de tiempo: cómo se haría cumplir, cuándo comenzaría el plazo y cómo se definirían las exenciones.

Tanto demócratas como republicanos han reconocido el potencial del establecimiento de límites de tiempo para ayudar a reducir las tristemente célebres listas de espera del HUD. Los que respaldan firmente dichos plazos argumentan que la amenaza de perder su vivienda empujará a las personas a alcanzar la autosuficiencia. Otros consideran que los límites, cuando van enlazados con apoyo e incentivos laborales, son un medio para motivar a los inquilinos a mejorar sus vidas.

No obstante, es de llamar la atención que hay pocos ejemplos exitosos.

Investigadores de la NYU identificaron a sólo 17 autoridades de vivienda pública que han sometido a prueba los límites de tiempo. Ninguno de los programas fue diseñado para sólo dos años, y 11 abandonaron la restricción, a pesar de poder utilizar fondos federales para servicios que ayudan a las personas a alcanzar la autosuficiencia. Varias agencias que eliminaron los límites reportaron que los inquilinos aún tenían dificultades para costear su vivienda una vez finalizado el plazo. “Estas políticas son complejas y difíciles de monitorear, hacer cumplir y ejecutar correctamente”, expresó Aiken, de la NYU. La ciudad de Keene, Nueva Hampshire, probó plazos de cinco años a partir de 2001, pero canceló la política antes de implementarla plenamente para evitar desalojar a hogares que aún “enfrentarían la carga del alquiler, o potencialmente se quedarían sin hogar”, informó Josh Meehan, director ejecutivo de Keene Housing, un organismo que proporciona vivienda asequible y servicios de apoyo a personas que lo requieren en la región. En California, Shawnté Spears, de la Autoridad de Vivienda del condado San Mateo, indicó que la agencia ha mantenido su plazo de cinco años junto con programas educativos que, dice, han “motivado a la gente” a alcanzar sus metas. También ofrece a más personas la oportunidad de utilizar vales, agregó. Aiken, de la NYU, reconoció que las largas listas de espera del HUD convierten al sistema actual en “una especie de lotería”, y añadió: “Se podría decir que (el establecimiento de) los plazos es una forma de aumentar las probabilidades de la gente de ganar la lotería”.

El dilema del arrendador

Los programas de la Sección 8 del HUD han dependido desde hace tiempo de que cientos de miles de propietarios de pequeñas empresas —con y sin fines de lucro— y administradores de propiedades acepten vales para inquilinos. Ahora los arrendadores temen que el establecimiento de un límite de dos años pueda dejar en el limbo sus contratos de vivienda subsidiada por el HUD. En medio de la incertidumbre, Denise Muha, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Viviendas Arrendadas, dijo que varios grupos de arrendadores han expresado su preocupación por el próximo presupuesto del HUD en una carta dirigida a los líderes del Congreso. Muha agregó que, en general, los propietarios coinciden en que dos años simplemente no es tiempo suficiente para que la mayoría de los inquilinos de bajos ingresos mejoren su situación económica. “En la práctica, vas a aumentar la rotación (de inquilinos), lo cual tiene un costo”, expresó Muha. “Nadie quiere desalojar a sus inquilinos sin motivo”. Para los arrendadores privados, siempre ha significado una labor considerable el trabajar con los subsidios del HUD, los cuales implican trámites engorrosos, una supervisión estricta e inspecciones de mantenimiento. Pero a cambio cuentan con casi una garantía de tener inquilinos confiables a largo plazo e ingresos por alquiler. Si esto se ve en riesgo, algunos propietarios reportan que se retirarían de los programas de subsidios federales.

Brad Suster, quien es propietario de 86 unidades en el área de Chicago financiadas por el HUD, expresó que aceptar subsidios podría volverse arriesgado.

“¿Tendríamos la misma confiabilidad que sabemos que tradicionalmente ha brindado el gobierno federal durante incontables años?”, manifestó Suster. “Eso es algo que los arrendadores y propietarios quieren saber”.

La disminución de la cantidad de viviendas disponible para inquilinos de bajos ingresos ha sido un problema creciente para el HUD. Entre 2010 y 2020, unos 50.000 proveedores de vivienda abandonaron el programa de vales, informó la agencia.

Caos y concesiones, dicen los críticos

Está a debate si los legisladores aceptarán la visión de Trump para el HUD.

Esta semana, la comisión de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes federal aborda el presupuesto del HUD para 2026, que hasta el momento no menciona límites de tiempo.

Lovett, del HUD, señaló que los planes presupuestarios del Senado para la agencia aún no se han dado a conocer, y agregó que el gobierno sigue centrado en la implementación futura de límites de tiempo.

“El HUD seguirá colaborando con sus colegas en el Congreso para garantizar una transición fluida y la aplicación de cualquier nuevo límite de tiempo”, declaró Lovett en un comunicado.

Noëlle Porter, directora de asuntos gubernamentales del National Housing Law Project —un organismo activista que procura alcanzar justicia en la vivienda para las personas pobres—, opinó que la lucha de Trump por imponer límites de tiempo está lejos de terminar, y señaló que los cambios legislativos y de normas podrían convertirlos en una realidad.

“Es claramente un objetivo declarado del gobierno imponer requisitos de trabajo y límites de tiempo en la asistencia para el alquiler, aunque eso sería sumamente impopular”, añadió Porter.

El representante demócrata James Clyburn dijo que no hay evidencia de que los plazos le ahorren dinero al HUD.

“Esto no ayuda a las familias que ya tienen varios trabajos a la vez a ser autosuficientes”, declaró Clyburn en una audiencia en junio. “Al contrario, genera caos, incertidumbre financiera y obliga a estas familias a asumir concesiones más severas”.

Los plazos podrían poner en peligro el añejo sueño de Aaliyah Barnes de graduarse de la universidad, convertirse en enfermera y encontrar un trabajo y una vivienda que pueda permitirse pagar.

Esta madre soltera de 28 años, residente de Louisville, Kentucky, ingresó este año a la Family Scholar House, que ofrece asesoramiento y apoyo a personas que intentan obtener una educación... y, para alivio de Barnes, vivienda.

Su apartamento está financiado con un vale de la Sección 8. Barnes se mudó en marzo, y su hijo de 3 años, Aarmoni, finalmente tuvo un dormitorio propio en el que ella instaló un pizarrón en el que coloca cosas para favorecer el aprendizaje del pequeño.

Anteriormente había tenido dificultades para costear la vivienda con su salario en un servicio de atención telefónica, y el tener que vivir con su madre, sus dos hermanas y los hijos de ella en una casa pequeña era un ambiente en el que abundaban las discusiones.

No obstante, el futuro estable que construye ahora podría desaparecer si la obligan a desalojar en dos años, a pesar de que se calcula que los cursos educativos que toma duren tres.

“Estaría muy cerca, pero muy, muy lejos”, manifestó Barnes.

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Kramon reportó desde Atlanta.

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Kramon es integrante de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en salas de redacción de medios locales para informar sobre temas poco cubiertos.

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