Amnistía pide verificación de estado de salud de abogada salvadoreña
La organización Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles a la Procuradora de Derechos Humanos de El Salvador verificar y supervisar con independencia las condiciones de salud y encarcelamiento de la abogada Ruth López.
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La organización Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles a la Procuradora de Derechos Humanos de El Salvador verificar y supervisar con independencia las condiciones de salud y encarcelamiento de la abogada Ruth López, crítica del gobierno del presidente Nayib Bukele.
López, jefa de la unidad anticorrupción de la reconocida oenegé de defensa de derechos humanos Cristosal, fue arrestada el 18 de mayo y es acusada por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito.
En junio, un juzgado de San Salvador puso bajo reserva judicial el caso de López, lo que impide dar información detallada del proceso. En ese momento su defensa señaló que la abogada presentaba un deterioro "personal", pero sin entrar en detalles de su condición de salud.
En una carta dirigida a la procuradora, Raquel Caballero, Amnistía Internacional le pide que realice "visitas regulares y rigurosas" a López e informe de su "estado de salud, condiciones de detención y acceso a su defensa".
En esa labor de verificación, AI solicitó a la entidad que "actúe con independencia y autonomía, sin alinearse a posiciones" que puedan "comprometer" su función "de control frente a posibles violaciones cometidas por agentes estatales".
Caballero, cercana al gobierno, es señalada por organismos de derechos humanos, incluida AI, de no proteger a las víctimas de abusos del Estado, cuyas instituciones están controladas por Bukele.
Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional, señaló en una carta su "seria preocupación" porque la Procuraduría no ha actuado en defensa de López.
El 1 de julio, Amnistía Internacional declaró "presos de conciencia" a López, así como al abogado ambientalista Alejandro Henríquez y al líder campesino José Ángel Pérez.
Henríquez y Pérez fueron detenidos en mayo pasado tras una protesta cerca de la casa de Bukele, y fueron acusados por la Fiscalía de desorden público y resistencia agresiva.
Otro crítico de Bukele, el abogado constitucionalista Enrique Anaya, está preso desde junio, acusado de supuesto lavado de dinero.
Organismos humanitarios señalan que Bukele silencia a sus críticos a través del régimen de excepción que puso en vigor en 2022 en su "guerra" contra las pandillas, el cual permite detenciones sin orden judicial.
ob/mis/mvl
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