Autoridades federales aprueban reembolso de US$608 millones para “Alcatraz de los caimanes”

Autoridades federales confirmaron el viernes que Florida ha recibido la aprobación para recibir un reembolso de US$608 millones por los costos de construcción y operación de un centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida, lo que expone al llamado “Alcatraz de los caimanes” al posible riesgo de que se ordene su cierre por segunda vez.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo en un correo electrónico que al estado de Florida se le otorgó su reembolso completo esta semana.

Aunque los fondos han sido aprobados, aún no han sido liberados ya que el proceso de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias exige que se revisen los gastos para los cuales se solicitan reembolsos, explicó Stephanie Hartman, directora de comunicaciones de la División de Manejo de Emergencias de Florida, en un correo electrónico enviado a The Associated Press.

El proceso de reembolso podría exponer al estado de Florida a verse obligado a desmantelar las operaciones en la instalación por segunda vez debido a una orden judicial federal emitida en agosto. El juez de Miami estuvo de acuerdo con los grupos ambientalistas que presentaron una demanda argumentando que el sitio no fue sometido a una revisión ambiental adecuada antes de ser convertido en un centro de detención de inmigrantes y dio a Florida dos meses para cerrar las operaciones.

Sin embargo, la orden judicial fue suspendida temporalmente por un panel de la corte de apelaciones de Atlanta, que dijo que la instalación administrada por el estado no necesitaba someterse a un estudio de impacto ambiental requerido federalmente porque Florida aún no había recibido dinero federal para el proyecto.

“Si los demandados federales finalmente deciden aprobar esa solicitud y reembolsar a Florida por sus gastos relacionados con la instalación, podrían tener que realizar primero un EIS (declaración de impacto ambiental, por sus siglas en inglés)”, escribió el panel de tres jueces de la corte de apelaciones el mes pasado.

La decisión del panel de apelaciones permitió que el centro de detención permaneciera abierto y detuvo los esfuerzos de cierre.

El presidente Donald Trump recorrió la instalación en julio y sugirió que podría ser un modelo para futuros centros de detención a escala nacional, mientras su gobierno impulsa la expansión de la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones.

Los grupos ambientalistas que demandaron a los gobiernos federal y estatal dijeron que la confirmación del reembolso mostró que la instalación construida en Florida era un proyecto federal “desde el principio”.

“Se trata de un proyecto federal que se construye con fondos federales y que, según la ley federal, debe pasar por una revisión ambiental completa”, dijo en un comunicado Elise Bennett, directora de Florida y el Caribe del Centro para la Diversidad Biológica.

“Haremos todo lo posible para detener este desastre ilegal, destructivo y derrochador”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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