Bruselas da un ultimátum a España para transponer criterios de tamaño empresarial y colchones de capital

BRUSELAS, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - La Comisión Europea ha dado un ultimátum de dos meses a España para adaptar a su legislación nacional una directiva que modifica los criterios del tamaño de las empresas para ajustarlos al impacto de la inflación y otra sobre los requisitos para calcular los colchones de capital de los bancos para hacer frente a los riesgos del mercado. El Gobierno tiene ahora dos meses para responder a estas cartas de emplazamiento pero, si la Comisión considera que sus explicaciones son insuficientes podrá decidir elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) e imponer multas. En cuanto a la directiva sobre el tamaño de las empresas, Bruselas ha apremiado a España, Malta, Portugal y República Checa a garantizar la transposición de las medidas de esta norma que aumenta los criterios de tamaño monetario para determinar la categoría de una empresa a fin de ajustarlos al impacto de la inflación desde 2013. De este modo se garantiza que las microempresas y las pequeñas y medianas empresas no queden sujetas a disposiciones indebidas de la UE en materia de información financiera y de sostenibilidad aplicables a empresas de mayor tamaño, algo que Bruselas considera fundamental para seguir reduciendo la carga administrativa. Por otro lado, la Comisión ha instado también a Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, España, Estonia, Italia, Polonia y Suecia a incorporar plenamente en su legislación nacional la directiva para introducir proporcionalidad en la aplicación del colchón de deuda que deben mantener los bancos y empresas de inversión para poder absorber pérdidas. En concreto, la norma introduce el concepto de 'entidades de liquidación' y establece que, por regla general, éstas no deben estar sujetas a mínimos de fondos propios y pasivos admisibles a menos que la autoridad de resolución decida otra cosa caso por caso. El Ejecutivo comunitario ha recordado que la plena aplicación de esta legislación es clave para mejorar la capacidad de resolución de los bancos y evitar problemas de igualdad de condiciones entre las diferentes estructuras de los grupos bancarios.

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