Congreso de Perú permite expansión del crimen organizado con anuencia del gobierno

LIMA (AP) — Human Rights Watch (HRW) denunció el martes en un informe que el Congreso de Perú facilita mediante leyes el fortalecimiento del crimen organizado “con la anuencia del gobierno”, que en “la mayoría de casos” no tiene iniciativas para contrarrestar ese problema en un país que alcanza cifras históricas en homicidios.

En su informe con 125 entrevistas a funcionarios y activistas, la organización no gubernamental reportó que mediante diversas leyes se está debilitando “gravemente” la independencia judicial, mientras la seguridad en Perú se deteriora “drásticamente”. Usando datos oficiales, HRW calculó que los homicidios subieron 137% entre 2018 y 2024 cuando llegaron a 2552, de los cuales la mitad fueron a manos de sicarios.

Los asesinatos de choferes de buses frente a sus pasajeros, las explosiones nocturnas en negocios o domicilios por casos de extorsión son noticia frecuente en Perú, lo cual es reportado por medios locales.

En América Latina hay gobiernos autoritarios que han buscado restringir derechos para luchar contra el crimen organizado y otros han sido renuentes a enfrentarse al crimen organizado, "lo que no tenemos en América Latina y sí tenemos en Perú es un congreso activamente legislando para fortalecer el crimen organizado”, señaló en conferencia de prensa Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.

El informe analiza más de 80 leyes aprobadas por el Parlamento que inició funciones en 2021. Goebertus se concentró en un puñado de 10 leyes que, dijo, muestran de forma clara cómo le han ido quitando “una a una, capacidades" al sistema de justicia "para ser efectivos con el crimen organizado”.

Entre las normas recordó aquella que ha “limitado drásticamente” la cooperación eficaz, lo cual debilita los esfuerzos para desmantelar grupos criminales y detectar conexiones con funcionarios corruptos.

Goebertus indicó que en el Parlamento, que tiene más de la mitad de sus 130 legisladores con investigaciones por corrupción y otros delitos, se ha modificado la definición de “crimen organizado” en el Código Penal para excluir delitos de corrupción y se han creado obstáculos a los allanamientos a los investigados por criminalidad organizada.

Mencionó que legalmente se ha buscado regularizar la deforestación ilegal de grandes áreas, lo que impide a los fiscales perseguir a los responsables. Para HRW, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte “es corresponsable en el desarrollo de estas leyes que han permitido el fortalecimiento del crimen organizado”. Goebertus señaló que si bien el grueso de esas leyes han sido iniciativa del Congreso, “en la mayoría” de casos la presidenta no las ha devuelto con observaciones al Parlamento. En otras ocasiones, el Parlamento ha aprobado las normas por insistencia luego de que Boluarte dejó transcurrir 15 días sin tomar decisión. Si hubiese una decisión presidencial "en contra de lo que está haciendo el Congreso, tendría perfectamente las herramientas para hacerlo”, indicó. HRW dijo que buscaron entrevistar a representantes del Parlamento y el gobierno, incluida la mandataria Boluarte, pero no obtuvieron respuesta. The Associated Press pidió comentarios tanto del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y de la presidenta Boluarte, sin obtenerlos al momento. Boluarte —con una popularidad de 3% según varias encuestas y sin bancada en el Parlamento— sobrevive, según los expertos, gracias a una coalición de partidos de diversas tendencias políticas, principalmente Fuerza Popular de la política Keiko Fujimori y Alianza para el Progreso del gobernador regional César Acuña.

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