Congreso mexicano avanza polémica reforma de Ley de Amparo. Activistas temen retroceso en DDHH

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El partido gobernante de México logró la noche del miércoles imponer una vez más su mayoría para aprobar en el Senado una reforma a la Ley de Amparo que endurece los requisitos para activar el recurso legal que es clave en la protección de los derechos humanos, lo que ha generado preocupación entre activistas y organizaciones humanitarias locales.

Con 70 a favor y 39 en contra, Morena y sus fuerzas aliadas lograron la aprobación de la iniciativa impulsada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, tras la reforma judicial que se concretó este año con la elección de una nueva judicatura que quedó integrada en su mayoría por jueces cercanos al gobierno. La reforma ahora pasará a la Cámara de Diputados para la aprobación final.

A mediados del mes pasado Sheinbaum envió al Congreso, controlado por el oficialismo, la propuesta de reforma para agilizar los procesos y evitar que los recursos de amparo sean utilizados por “por quienes quieren evitar la justicia”.

“Los deudores fiscales son los que más han abusado del amparo. La justicia nunca ha llegado a los más pobres, a los más necesitados, menos a las mujeres indígenas. ¿Quiénes han abusado? Los que tienen más recursos económicos”, dijo esta semana la mandataria al defender su iniciativa.

El amparo es un recurso legal que puede proteger a las personas frente a omisiones o actos cometidos por cualquier autoridad que resulten en la violación de los derechos humanos que se reconocen en la Constitución, así como en tratados internacionales suscritos por México.

A través del amparo las personas pueden reclamar ante un tribunal por las omisiones en investigaciones y la negativa de los funcionarios a entregar un expediente o a recibir una denuncia.

El texto aprobado por los senadores contempla que el amparo podrá promoverse por una afectación individual o colectiva, y que el interés legítimo deberá implicar una “lesión real, actual y diferenciada”, con lo que se modificó una de las propuestas del proyecto presentado por Sheinbaum que planteaba que las acciones solo podían ser promovidas de manera individual.

En la reforma se ampliaron los plazos procesales de 60 a 90 días para que los jueces dicten sentencias de amparos indirectos, y se establecieron límites para las suspensiones de los actos reclamados en los casos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, actividades sin concesión y deuda pública.

Asimismo, se acordó la implementación de un marco legal para realizar los juicios de amparo de manera digital, pero se garantizó que quienes no tengan acceso a medios digitales los ejecuten de forma tradicional.

Al último momento el oficialismo incorporó un artículo transitorio para aplicar la reforma en casos vigentes y en trámite.

En un comunicado conjunto algunas de las principales organizaciones humanitarias locales expresaron el martes preocupación por la limitación de los alcances de la suspensión como medida cautelar, y el aumento del margen para incumplir las sentencias de amparo al diluir las consecuencias derivadas del desacato.

“Una reforma al juicio de amparo debe ser progresiva en donde se busque que sea una herramienta eficaz para garantizar el acceso a la justicia, conforme a la Constitución y los tratados internacionales”, refiere el escrito respaldado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Fundar Centro de Análisis e Investigación y Artículo 19.

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