Corte Suprema de EE. UU. decidirá si orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento es constitucional
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LA NACION
WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos acordó el viernes abordar la constitucionalidad de la orden del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, según la cual los niños nacidos de padres que están en Estados Unidos de manera ilegal o temporal no son ciudadanos estadounidenses.
Los jueces escucharán la apelación de Trump a un fallo emitido por un tribunal inferior que anuló las restricciones de ciudadanía. Estas no han entrado en vigor en ninguna parte del país.
Los alegatos del caso se presentarán en la primavera. Se prevé un fallo definitivo para principios del verano.
La orden sobre la ciudadanía por nacimiento, que Trump firmó el 20 de enero, el primer día de su segundo mandato, forma parte de la amplia imposición de medidas contra la inmigración de su administración republicana. Otras acciones son el aumento en las medidas de aplicación de la ley de inmigración en varias ciudades y la primera invocación en tiempos de paz de la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII.
El gobierno enfrenta múltiples impugnaciones judiciales, y el máximo tribunal ha enviado señales mixtas sobre las órdenes de emergencia que ha emitido. Los jueces detuvieron el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar rápidamente a presuntos miembros de pandillas venezolanas sin audiencias judiciales. Pero la Corte Suprema permitió la reanudación de paradas de inmigración masivas en el área de Los Ángeles después de que un tribunal inferior bloqueara la práctica de detener a personas únicamente por su raza, idioma, trabajo o ubicación.
Los jueces también analizan la apelación de emergencia del gobierno para que se le permita desplegar tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago con el fin de emprender acciones de aplicación de las leyes de inmigración. Un tribunal inferior ha impedido indefinidamente el despliegue.
La ciudadanía por nacimiento es la primera política de Trump relacionada con la inmigración que llega a la corte para un fallo definitivo. Su orden cambiaría más de 125 años de consenso con respecto a que la 14ta Enmienda de la Constitución confiere la ciudadanía a todas las personas nacidas en suelo estadounidense, con excepciones limitadas para los hijos de diplomáticos extranjeros y aquellos nacidos de una fuerza de ocupación extranjera.
En una serie de decisiones, los tribunales inferiores han anulado la orden ejecutiva por considerarla inconstitucional, o probablemente inconstitucional, aun después de un fallo que la Corte Suprema emitió a finales de junio, en el que limitó el uso de medidas cautelares a escala nacional por parte de los jueces.
La Corte Suprema, sin embargo, no descartó otras órdenes judiciales que podrían tener efectos a nivel nacional, incluidas las demandas colectivas y las presentadas por estados. Los jueces no decidieron en ese momento si la orden de ciudadanía subyacente era constitucional.
Todos los tribunales inferiores que han examinado el tema han concluido que la orden de Trump viola o probablemente viola la 14ta Enmienda, destinada a asegurar que las personas negras, incluidos los antiguos esclavos, tuvieran ciudadanía. La ciudadanía por nacimiento convierte automáticamente a cualquier persona nacida en Estados Unidos en ciudadano estadounidense, incluidos los niños nacidos de madres que están en el país ilegalmente, según las reglas establecidas desde hace mucho tiempo.
El caso bajo estudio proviene de Nueva Hampshire. En julio, un juez federal bloqueó la orden de ciudadanía en una demanda colectiva que incluye a todos los niños que se verían afectados. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) encabeza al equipo legal que representa a los menores y sus padres que han impugnado la orden de Trump.
“Ningún presidente puede cambiar la promesa fundamental de ciudadanía de la 14ta Enmienda”, dijo en un comunicado Cecillia Wang, directora legal nacional de la ACLU, y añadió que “Esperamos dar por terminado este asunto de una vez por todas en la Corte Suprema en este periodo”.
La administración también había pedido a los jueces que revisaran un fallo del Tribunal Federal de Apelaciones del 9no Circuito en San Francisco. También en julio, ese tribunal, dictaminó que un grupo de estados gobernados por demócratas que demandaron por la orden de Trump necesitaban una medida cautelar a escala nacional para prevenir los problemas que causaría que la ciudadanía por nacimiento estuviera en efecto en algunos estados y no en otros. Los jueces no emprendieron ninguna acción en el caso del 9no Circuito.
El gobierno ha afirmado que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.
“La Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda fue adoptada para otorgar la ciudadanía a los esclavos recién liberados y a sus hijos, no... a los hijos de extranjeros que se encuentran ilegal o temporalmente en Estados Unidos”, escribió el principal abogado del gobierno ante la Corte Suprema, D. John Sauer, al instar a la revisión del alto tribunal.
Veinticuatro estados gobernados por republicanos y 27 legisladores de ese partido, incluidos los senadores Ted Cruz de Texas y Lindsey Graham de Carolina del Sur, apoyan los argumentos del gobierno.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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