Declaran culpables a tres altos militares salvadoreños en retiro por crimen de periodistas holandeses

SAN SALVADOR (AP) — Un tribunal de conciencia declaró culpables el martes a tres altos mandos en retiro de las fuerzas armadas de El Salvador por el asesinato de cuatro periodistas holandeses ocurrida en 1982 mientras cubrían la guerra civil en el país centroamericano.

Después de 43 años de la matanza de los periodistas holandeses, el tribunal —compuesto por cinco mujeres— encontró culpables del crimen al exministro de la Defensa, el general José Guillermo García, de 91 años; el ex director de la extinta Policía de Hacienda, el coronel Francisco Morán de 93 años, y el ex comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, con sede en Chalatenango, el coronel Mario Adalberto Reyes Mena de 85 años.

Los procesados no estuvieron presentes durante la vista pública. El general García y el coronel Morán, que según se asegura presentan estado de salud delicado, permanecen bajo custodia policial en un hospital privado de San Salvador, mientras que Reyes Mena vive en Estados Unidos. En marzo, la Corte Suprema de Justicia ordenó que se iniciaran los trámites de extradición ante ese país.

El 17 de marzo de 1982, acompañados por guías de la guerrilla los periodistas holandeses Jan Kuiper, Koos Koster, Hans ter Laag y Joop Willemsen intentaban ingresar a una zona controlada por los rebeldes, pero murieron al caer en una emboscada preparada por el ejército.

“Han declarado culpable del asesinato de los cuatro periodistas al general García, al coronel Morán y al coronel Reyes Mena. La Fiscalía pidió para cada uno de ellos una pena mínima de 15 años”, dijo a The Associated Pres Oscar Pérez, de la Fundación Comunicándonos, que representa a la familia de las víctimas.

Agregó que, además, "hay una condena hacia el Estado salvadoreño por el retardo de justicia y que el comandante en jefe de la Fuerza Armada tiene que hacer un pronunciamiento en un plazo que le va a dar la jueza para pedir perdón por las víctimas de este caso".

Por su parte, el abogado Pedro Cruz, que representa a las víctimas, explicó a los periodistas que los “condenaron a 15 años tomando en cuenta su condición de salud y de edad”, y que el jurado resolvió de una manera relativamente rápida, se convencieron con la evidencia presentada y no ha habido lugar a dudas en la decisión”.

En enero de 2016, el exministro García fue deportado de Estados Unidos luego de que un juez lo declarara responsable de graves violaciones a los derechos humanos durante los primeros años del conflicto armado interno en El Salvador.

El proceso penal por el crimen fue reabierto en 2018 después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional en 2016 la Ley de Amnistía General de 1993 promovida por el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), que impedía que se investigaran crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos por la fuerza armada salvadoreña y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1980 y 1992.

El proceso marchó con lentitud, pero en marzo de 2022, familiares y representantes del gobierno de Holanda y de la Unión Europea exigieron a El Salvador que lleve ante la justicia a los responsables del asesinato de los periodistas holandeses Jan Kuiper, Koos Koster, Hans ter Laag y Joop Willemsen, que fue documentado por la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas.

Dicha comisión compiló los crímenes cometidos en El Salvador durante los 12 años de guerra civil, entre 1980 y 1992.

En su informe, la comisión de la ONU concluyó que hay plena evidencia de que el asesinato fue consecuencia de una emboscada planeada por Reyes Mena con el conocimiento de otros oficiales, basándose en un reporte de inteligencia que los alertó de la presencia de los periodistas.

Otros militares como el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Rafael Flores Lima y el sargento Mario Canizales Espinoza, también fueron acusados de participar en la comisión del crimen, pero tras el fallecimiento de ambos la justicia los sobreseyó.

Juan Carlos Sánchez, de la Mesa Contra la Impunidad, en declaraciones a los periodistas, calificó el inicio del juicio como “un paso trascendental que las víctimas han esperado por más de 40 años”. Abre la posibilidad, apuntó, de que se conozcan y resuelvan los asesinatos y violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado que terminó con la firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992.

Las autoridades solo permitieron el ingreso al Centro Judicial a los fiscales, abogados de las víctimas y los defensores de los militares, así como a representantes de la Fundación Comunicándonos y delegados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

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