Denuncian en El Salvador supuesto plan para detener a periodistas de medio crítico de Bukele

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció este lunes un presunto "plan" para detener a periodistas del medio digital de investigación El Faro, crítico del gobierno de Nayib Bukele, cuando regresen al país.

Varios reporteros de este reconocido portal acudieron a un seminario periodístico la semana pasada en Costa Rica. El Faro trasladó en 2023 su administración a San José, tras denunciar acoso del gobierno de Bukele, quien lo califica como un medio de "oposición".

"Este pasado fin de semana, periodistas de El Faro se vieron obligados a perder sus vuelos de entrada a El Salvador, al ser alertados por fuentes propias y diplomáticas de que la Policía había hecho un despliegue para capturar a algunos de ellos a su llegada", señaló la APES en un comunicado publicado en la red X.

En semanas recientes han sido detenidos en El Salvador cinco críticos del presidente, entre ellos activistas de derechos humanos y abogados.

La APES no precisó en qué país permanecen los periodistas de El Faro "esperando obtener más información para evaluar su entrada" a El Salvador.

El Faro había denunciado a principios de mayo que la Fiscalía preparaba órdenes de detención contra al menos siete de sus periodistas, luego de que publicó entrevistas de pandilleros que mencionaron un supuesto pacto con allegados a Bukele, lo que le favoreció para llegar al poder en 2019.

Bukele respondió que "medios globalistas" han perdido "su negocio" debido a su política de seguridad, que redujo a mínimos históricos la violencia criminal en El Salvador, sin mencionar El Faro.

En 2020 el mismo portal había publicado un supuesto pacto de Bukele con las pandillas para reducir los homicidios, lo que el gobierno negó.

"La APES exige al Estado que aclare la situación, que dé garantías a todos los periodistas" para su "retorno y libre tránsito en El Salvador", señaló.

Bukele lanzó en 2022 una "guerra" contra las pandillas, en virtud de un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial, que ha conducido a prisión a unos 86.000 presuntos pandilleros, aunque unos 8000 han sido liberados por ser inocentes, según el gobierno.

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