El Gobierno rechaza regular el cargo de "primera dama" y dice que los familiares de cargos públicos ya son fiscalizados

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que los familiares de cargos como los presidentes o los ministros ya están sometidos a una regulación de incompatibilidades, y se ha mostrado contrario a regular el papel de la pareja del jefe del Gobierno, como sucede en otros países, ya que ello implicaría que tenga las mismas obligaciones que un cargo público y que también cobre un sueldo público.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, López ha explicado que el anteproyecto de ley de Administración Abierta que se llevará al Congreso y que obligará a publicar las agendas institucionales de los máximos responsables públicos, si bien ha rechazado que esta regulación afecte en concreto a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, al no ser un cargo público, ni que se regularice su situación como 'primera dama'.

“¿Es exigible a una persona que ni es representante político, ni es cargo público, ni ha sacado una plaza de funcionario que le da la capacidad de tener firma en la resolución de un expediente administrativo, de un concurso? ¿Le es exigible lo mismo que a esas personas que han tomado la decisión de entrar en política? ¿Que sí que tienen firma? ¿Que sí que tienen capacidad de decisión en la administración pública? Obviamente no”, ha defendido.

No obstante, ha avisado de que eso no quiere decir que no haya ningún tipo de control, porque "lo hay" y las parejas de cargos públicos pasan del mismo modo un régimen de incompatibilidades porque los responsables políticos pueden tomar decisiones que afecten a sus empresas.

RECHAZA REGULAR EL CARGO DE 'PRIMERA DAMA'

El también secretario general del PSOE de Madrid ha puesto como ejemplo al marido de la vicepresidenta del Gobierno 'popular' Soraya Sáenz de Santamaría, que "trabajaba en Telefónica", motivo por el que se consultó a la Oficina del Conflicto de Intereses.

"Había decisiones del Gobierno que afectaban a Telefónica, y la oficina tuvo que pronunciarse sobre eso", ha recordado.

"Sin haber tomado la decisión de dar un paso en la política, las personas de nuestra familia ya están sometidas a un régimen de incompatibilidades. Se pueden ver incluso perjudicadas en sus intereses porque como su familiar es político, es ministro o es cualquier cargo público, pues ya se ven perjudicados sin haber tomado la decisión de ser cargo público, ni político, ni funcionario", ha proseguido en su explicación.

En este punto, preguntado sobre si el Gobierno está abierto a regular la figura del esposo o esposa del jefe del Ejecutivo, López ha respondido con otra pregunta: ¿En este país se quiere regular, se quiere hacer que la pareja, sea hombre o mujer del presidente del gobierno, sea un cargo público?".

El ministro socialista ha dicho que él no comparte esa opinión porque conllevaría que la 'primera dama' tuviera "las mismas obligaciones" que un cargo público y que se beneficiara de un "sueldo público".

Moncloa facilitará información de asesores

Moncloa facilitará la información sobre los asesores que han tenido las sucesivas parejas de los presidentes del Ejecutivo si finalmente el juez Juan Carlos Peinado acepta la petición presentada por la defensa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, en este sentido.

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha solicitado a Peinado, que imputa malversación a la mujer de Sánchez porque la asesora que le contrató Moncloa la ayudaba también con sus asuntos privados, que reclame a Presidencia del Gobierno "todos los antecedentes" que haya sobre personas que asistieron a los cónyuges de anteriores jefes del Ejecutivo.

En este sentido, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha indicado que "lógicamente, si esa petición llega al Gobierno de España nosotros por supuesto responderemos".

Con todo, ha recordado que "esa decisión corresponde en este caso al juez instructor".

Asimismo, ha aprovechado para insistir en que resulta "llamativo y curioso que habiendo existido esta figura de asistentes para todas las parejas de los presidentes del Gobierno", "es la primera vez de la historia que conocemos el nombre y apellidos del asistente".

Mejoras en transparencias y conflictos de intereses

Con todo, López ha explicado las medidas de este anteproyecto de ley, de las cuales algunas ya estaban recogidas en el Plan de Lucha contra la Corrupción aprobado por el Gobierno el pasado mes de agosto, buscan fortalecer los controles de transparencia democrática "sobre quién debe fortalecerlo, que son los políticos", los cargos públicos, el Gobierno, la Administración General del Estado "y el resto de instituciones de quienes sí tienen una capacidad política y toman decisiones".

En este sentido, el texto amplía las obligaciones de publicidad activa de las agendas institucionales y viajes oficiales de los responsables de las administraciones y su sector público institucional, hasta llegar al nivel de subdirectores generales.

Asimismo, se informará del número y condiciones retributivas del personal eventual y de los salarios de los máximos responsables de gabinetes y personal directivo.

Se regula también un régimen de infracciones para quien ni cumpla con las obligaciones de transparencia, permitiendo al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno imponer multas coercitivas de 600 a 1000 euros.

También se introduce una definición general de 'conflicto de intereses' aplicable a todo el personal público de todas las administraciones, ya que actualmente solo existen definiciones en alguna normativa sectorial.

Otra novedad de este bloque es la aplicación de un régimen de detección y prevención de conflictos de intereses al personal eventual que presta funciones de confianza o asesoramiento especial, siguiendo las recomendaciones formuladas por organismos internacionales como el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).

De acuerdo con dicho régimen, se exige la idoneidad del personal eventual para el desempeño del puesto público, así como la obligación de publicar su currículum en el Portal de Transparencia de la Administración del Estado, además de declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales, tanto en su toma de posesión como al cese.

Este anteproyecto también prevé la impartición de formación obligatoria en materia de integridad pública para el personal alto cargo, eventual y personal empleado público. Este bloque se completa con la incorporación de un régimen sancionador, ya aplicable para el personal alto cargo, para el personal eventual con funciones de confianza y asesoramiento especial.

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