El Supremo rechaza el recurso de Ábalos y avala la decisión del juez de investigar aparte presuntos amaños de obras

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Sala de Apelación del Tribunal Supremo (TS) ha avalado la decisión del instructor Leopoldo Puente de dividir sus pesquisas sobre el 'caso Koldo' para investigar aparte los presuntos amaños de obra pública, rechazando con ello el recurso presentado por el exministro de Transportes José Luis Ábalos, al que reprocha hacer alegaciones que "nada tienen que ver" con la apertura de pieza separada.

Ábalos combatía la decisión de Puente de abrir una pieza separada para indagar en las presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública y poder avanzar así en la pieza principal, relativa a las supuestas ilegalidades en los contratos otorgados por el Ministerio de Transportes para la compra de material sanitario en plena pandemia.

El instructor explicó que lo hacía para poder continuar a dos velocidades, dado que la investigación sobre las obras públicas estaba en fase embrionaria y lo demás, muy avanzado. De hecho, poco después de dividir la causa propuso juzgar a Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por la compra de material sanitario. Los dos primeros se enfrentan a hasta 30 años de cárcel, mientras que para el presunto conseguidor Fiscalía y acusaciones piden 7 años.

La Sala de Apelación entiende que los motivos de Puente para desgajar la parte sobre obra pública son suficientes, reprochando a Ábalos que "todas las quejas" que plantea "cuestionan no las razones para la formación de la pieza separada, sino la suficiencia del material indiciario que sustenta los diferentes hechos que forman parte de la presente causa especial".

Los magistrados exponen que solo eso sería suficiente para rechazar su recurso "sin mayores razonamientos", pero se detienen en los demás reproches de Ábalos para afear a su defensa que "realiza una serie de alegaciones que nada tienen que ver" con la apertura de una línea de investigación propia y que "han sido ya desestimadas en distintas resoluciones".

En este sentido, la Sala de Apelación señala que Ábalos denuncia que "se ha ido obteniendo información sobre hechos ajenos a lo que se estaba investigando, fruto de la utilización de técnicas excepcionales de investigación", entre las que cita "la interceptación de las comunicaciones" y "la incautación indiscriminada de documentación".

Le recrimina también que criticara el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre su economía, finanzas y patrimonio cuando ni siquiera se había presentado cuando formuló el recurso de apelación que ahora se rechaza, llegando a afirmar que no se había encontrado "nada extraño" que le pudiera incriminar.

"Sin duda la lectura del informe de 3 de octubre de 2025 le va a dificultar mantener tan concluyente afirmación", le contestan. En dicho informe, al que tuvo acceso Europa Press, la UCO señalaba la existencia de una fuente de ingresos desconocida que García gestionaría en favor de Ábalos.

LA "CREDIBILIDAD" DE ALDAMA

Los magistrados responden también al ataque de la defensa de Ábalos a "la credibilidad de Aldama, tantas veces cuestionada", pero que la Fiscalía y las acusaciones populares han tenido en cuenta a la hora de formular sus escritos de acusación, reclamándole solo 7 años de cárcel por su "confesión", que destapó la presunta trama de amaño de obras.

"Tiempo habrá para valorar sus afirmaciones y su concordancia con el resto del material probatorio que se va acumulando", dice la Sala, al tiempo que apostilla que dicha concordancia "parece evidente que ya se viene produciendo".

Asimismo, descarta las sospechas lanzadas por Ábalos sobre las grabaciones realizadas por Koldo entre 2019 y 2023 de sus conversaciones con el que fuera su jefe o el también exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, entre otros, y que constituyen una de las principales pruebas de la causa.

La Sala de Apelación desecha igualmente las explicaciones de Ábalos respecto al chalet de La Alcaidesa (Cádiz) y el alquiler de la vivienda de su expareja Jésica Rodríguez, operaciones inmobiliarias que el instructor señala como presuntos pagos en especie de la trama; o "el sobre intervenido por la Guardia Civil (¡otra vez!)" que iba dirigido al exministro.

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