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Los 50 estados de Estados Unidos han acordado el último plan de Purdue Pharma, fabricante de OxyContin, para resolver miles de demandas relacionadas con el impacto de los opioides.
El miércoles se le pedirá a un juez que despeje el camino para que los gobiernos locales y las víctimas individuales voten sobre el acuerdo.
Entidades gubernamentales, médicos de urgencias, aseguradoras, familias de niños nacidos con síndrome de abstinencia debido al potente analgésico recetado, víctimas individuales y sus familias, entre otros, tendrán hasta el 30 de septiembre para votar si aceptan el acuerdo, que exige que los miembros de la familia Sackler, propietarios de la empresa, paguen hasta US$7000 millones en un plazo de 15 años.
Si se aprueba, el acuerdo sería uno de los más grandes en una ola de demandas de la última década, ya que los gobiernos y otros han buscado responsabilizar a los fabricantes de medicamentos, mayoristas y farmacias por la epidemia de opioides que comenzó a aumentar en los años posteriores a la salida al mercado de OxyContin en 1996. Los otros acuerdos juntos valen alrededor de US$50.000 millones, y la mayor parte del dinero se utilizará para combatir la crisis.
A principios de la década de 2000, la mayoría de las muertes por opioides estaban vinculadas a medicamentos recetados, incluido OxyContin. Desde entonces, la heroína y luego el fentanilo producido ilícitamente se convirtieron en los mayores asesinos. En algunos años, la clase de drogas estuvo vinculada a más de 80.000 muertes, pero esa cifra disminuyó drásticamente el año pasado.
La solicitud al juez del Tribunal de Quiebras Sean Lane llega aproximadamente un año después de que la Corte Suprema rechazara una versión anterior del acuerdo propuesto por Purdue. El tribunal consideró inapropiado que la iteración anterior protegiera a los miembros de la familia Sackler de demandas relacionadas con opioides, a pesar de que ellos mismos no estaban solicitando protección por bancarrota.
Bajo el plan revisado elaborado con abogados de gobiernos estatales y locales y otros, los grupos que no opten por el acuerdo aún tendrían el derecho de demandar a los miembros de la acaudalada familia cuyo nombre alguna vez adornó galerías de museos en todo el mundo y programas en varias universidades prestigiosas de Estados Unidos.
Según el plan, los miembros de la familia Sackler renunciarían a la propiedad de Purdue. Se retiraron de la junta directiva de la empresa y dejaron de recibir distribuciones de sus fondos antes de la declaración inicial de bancarrota de la empresa en 2019. La entidad restante recibiría un nuevo nombre y sus ganancias se dedicarían a combatir la epidemia.
La mayor parte del dinero iría a los gobiernos estatales y locales para abordar la crisis nacional de adicción y sobredosis, pero potencialmente más de US$850 millones irían directamente a las víctimas individuales.
Esto lo hace diferente de los otros acuerdos importantes.
Los pagos no comenzarían hasta después de una audiencia programada para el 10 de noviembre, durante la cual se le pedirá a Lane que apruebe todo el plan si suficientes partes afectadas están de acuerdo.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
