Expresidenta Fernández alerta a su militancia que podría ir presa y desafía al gobierno de Milei

MONTEVIDEO (AP) — La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner afirmó ante sus seguidores que podría ser detenida por la justicia en caso de que quede firme su condena por administración fraudulenta fiscal, y envió fuertes mensajes a la justicia y al gobierno, en un acto realizado el sábado en la provincia de Corrientes.

“Salió el anuncio y se desataron los demonios, comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa”, expresó Fernández con relación al anuncio de su candidatura del pasado lunes, y recomendó a sus seguidores: “no hay que enojarse, hay que estar atentos a que me metan presa”.

La también exvicepresidenta castigó con dureza al gobierno del presidente Javier Milei y respondió a quienes afirman que su carrera pública está terminada: “Pero si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y entonces me derrotan políticamente?”.

De ratificarse su condena, Fernández quedaría inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.

“Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad y que tiene una historia en la Argentina”, desafió.

En otros pasajes de su discurso —junto al candidato a gobernador provincial por el peronismo, Martín “Tincho” Azcúa— Fernández recordó dos momentos vividos por Juan Domingo Perón, mentor del partido: en 1962, cuando colocó a un delfín llamado Andrés Framini para ganar una elección, y su proscripción entre 1955 y 1972, en la que —según la exmandataria— “no pudieron olvidarlo".

En noviembre pasado, el máximo tribunal penal de Argentina ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta impuesta en 2022 a la expresidenta Fernández.

La exvicepresidenta (2019-2023) y titular del peronismo apeló el fallo ante la Corte Suprema. Según versiones de medios locales, el máximo tribunal podría desistir de atender el caso, lo que dejaría firme el fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, y Fernández sería detenida.

En el caso de que se confirme la condena a Fernández, podría cumplirla en su casa por tener más de 70 años.

El tribunal consideró que Fernández cometió un fraude millonario al Estado mediante la asignación irregular de obras públicas en la provincia sureña de Santa Cruz a un empresario allegado durante su mandato presidencial (2007-2015).

La entonces vicepresidenta consideró por su lado que fue víctima de una persecución judicial orquestada por opositores para sacarla del escenario político. La decisión de la Cámara se basó en parte en la firma de un decreto por parte de Fernández que modificó un fideicomiso para el manejo de los fondos de la obra pública y su larga relación comercial con Báez. En un escrito difundido en aquel momento sus redes sociales en el que asumió que la sentencia en su contra iba a ser confirmada, la dirigente peronista apuntó que el delito de administración fraudulenta en relación con las obras viales nunca pudo haberlo cometido como presidenta y que fueron aprobadas por el Parlamento, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la provincia de Santa Cruz y aprobadas por la Auditoría General de la Nación y el Congreso de la Nación. Fernández de Kirchner, jefa de Estado en dos períodos, anunció el lunes que se postularía a una banca de la legislatura de la provincia de Buenos Aires en las elecciones de septiembre para frenar a la derecha “cruel y esotérica” que encabeza Milei. Lo haría en la tercera sección electoral, que incluye a una veintena de los distritos más populosos del cordón urbano que rodea a la capital, los cuales están gobernados en su mayor parte por alcaldes peronistas.

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