Expresidente colombiano Álvaro Uribe alega inocencia en juicio en su contra con apoyo de partidarios

BOGOTÁ (AP) — “¡Uribe, inocente, el pueblo está presente!”, arengaron el lunes partidarios del influyente Álvaro Uribe, el primer expresidente en ser llevado a juicio en Colombia, en la entrada de los juzgados, mientras el líder político atendía una de sus primeras audiencias de juicio penal por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos.

Sentado en una sala del complejo judicial de Bogotá frente a una juez, Uribe tomó la vocería por primera vez desde que inició su juicio para alegar su inocencia: “No soborné ni mandé sobornar testigos, no engañé a la justicia”, dijo Uribe, abogado de profesión y un hábil orador. “Pretendo demostrar que este proceso ha tenido un origen político”.

El juicio de Uribe, quien gobernó el país entre 2002 y 2010, inició la semana pasada formalmente, luego de que fuera acusado el año pasado por presuntamente haber sobornado a testigos, algunos presos, para que cambiaran su versión o negaran supuestos vínculos con grupos paramilitares.

El expresidente se expone a una pena de hasta 12 años de prisión.

"No es que haya ordenado un peregrinaje de cárceles (buscando testigos)... lo que hice fue un peregrinaje de pedir verificaciones... en aras de la defensa de mi hermano y mi defensa", agregó Uribe.

Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente, fue absuelto el año pasado de los delitos de homicidio y concierto para delinquir por la conformación de un grupo armado paramilitar, un caso del que se defendió por tres décadas.

El inicio del proceso contra el expresidente tuvo lugar hace más de una década cuando Uribe denunció en el 2012 que el senador opositor Iván Cepeda estaba buscando a paramilitares para que declararan en su contra y lo relacionaran con la creación de un grupo paramilitar en la década de 1990 en una hacienda que perteneció a su familia llamada Guacharacas.

La Corte desestimó la demanda contra Cepeda y, en un giro inesperado, abrió una causa contra Uribe por considerar que habría sido él quien intentó cambiar la versión de testigos.

Durante el juicio, Uribe aseguró que no volvió a la hacienda desde 1983, luego de que su padre fuera asesinado por la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. “Desde eso yo nunca volví a Guacharacas... allá no me pudo ver el señor Monsalve, yo no volví”, indicó.

El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, condenado por secuestro extorsivo, será uno de los testigos que llamará la fiscalía en contra de Uribe. El exparamilitar es el hijo de quien fue el administrador de la hacienda Las Guacharacas, en donde según sus declaraciones se creó un grupo paramilitar al que él perteneció.

Uribe enfrenta el juicio en libertad, pero por ese mismo caso estuvo un par de meses detenido en su residencia en 2020 por orden de la Corte Suprema de Justicia. La decisión fue polémica y causó protestas en varias ciudades del país en apoyo al exgobernante.

“Considero un deber patriótico apoyar al gran colombiano, la persona que salvó al país cuando era un Estado inviable y, ese hombre, está hoy siendo juzgado por cambiar el país”, dijo a The Associated Press Jesús Vivas, un pensionado de 67 años. “Creo en Uribe y exijo justicia”.

Como Vivas, decenas de personas y políticos asistieron a apoyar a Uribe, quien gobernó el país entre 2002 y 2010, con algunas banderas de Colombia y caretas de la cara del exmandatario.

La figura de Uribe continúa siendo relevante en Colombia, como uno de los principales contrapesos del actual presidente Gustavo Petro, el primero de izquierda en gobernar el país. El juicio ha sido considerado por Uribe y sus partidarios una injusticia y sucede en un año preelectoral.

El juicio “es una artimaña de la izquierda para buscar dañar las elecciones” presidenciales de 2026, consideró a las afueras el juzgado Jimmy Andrés Toquica, líder y militante del partido Conservador. Petro “tiene sus escuderos, hay corrupción (en las instituciones)”, advirtió.

El juicio contra Uribe va contra reloj, porque se calcula que el proceso prescribiría en octubre de 2025, lo que presiona a las partes para cubrir todas las etapas judiciales y llegar a una sentencia.

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