Gobierno de Trump busca expandir significativamente el sistema de detención de inmigrantes
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LA NACION
JENA, Luisiana, EE.UU. (AP) — En medio de las granjas de cangrejos de río, los imponentes pinos y las cafeterías que sirven po'boys en la zona rural de Luisiana, alrededor de 7.000 personas se encuentran encerradas en centros de detención de inmigrantes a la espera de saber si serán expulsadas de Estados Unidos.
Si el gobierno del presidente Donald Trump se sale con la suya, muy pronto se incrementará la capacidad para detener a decenas de miles de inmigrantes en todo el país, mientras Estados Unidos busca expandir significativamente un sistema de detención de inmigrantes que ya es el más grande del mundo.
Los esfuerzos del gobierno federal por llevar a cabo deportaciones a gran escala, tal como lo prometió durante su campaña de 2024, representan una posible bonanza para las empresas penitenciarias privadas, así como un desafío para las agencias gubernamentales responsables de la expulsión ordenada de inmigrantes.
Algunos críticos afirman que entre los planes del gobierno también se incluye un intento deliberado por aislar a los detenidos, encerrándolos y llevando a cabo sus procedimientos judiciales lejos de sus abogados y sistemas de apoyo.
El director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés), Todd Lyons, dijo la semana pasada en una conferencia de seguridad fronteriza en Phoenix que la agencia necesita “mejorar en lo referente a tratar esto como un negocio” y dejó entrever que el sistema de deportaciones del país podría funcionar "como Amazon, tratando de entregar su producto en 24 horas".
“Así que encontrar la forma de hacer eso con seres humanos y tratar de llevarlos a prácticamente todo el mundo es algo que realmente quisiéramos”, indicó Lyons.
El ICE invitó hace unas semanas a varias empresas para que presenten ofertas para la operación de centros de detención en diversos puntos del país por hasta 45.000 millones de dólares, mientras la agencia empieza a incrementar su presupuesto actual para unas 41.000 camas a cerca de 100.000.
Los fondos aún no están disponibles, pero ya se empezaron a adjudicar las licitaciones. La Cámara de Representantes aprobó por estrecho margen una iniciativa de gastos que incluye 175.000 millones de dólares para reforzar la aplicación de las leyes de inmigración, lo que representa aproximadamente 22 veces el presupuesto anual del ICE. Los más de 100 centros de detención de la agencia en todo el país albergan actualmente a unas 46.000 personas, lo que causa hacinamiento en lugares como Miami.
La agencia otorgó la semana pasada un contrato por hasta 3.850 millones de dólares a Deployed Resources LLC para operar un campo de detención en la base del Ejército de Fort Bliss, en Texas. La empresa le ha dado un giro a su negocio luego de construir campamentos de la Patrulla Fronteriza para personas que llegan a Estados Unidos —la mayoría de los cuales ya están cerrados— a la construcción de instalaciones del ICE para personas que están siendo deportadas.
The Geo Group Inc. obtuvo un contrato para 1.000 camas en Newark, Nueva Jersey, con un valor de 1.000 millones e dólares durante 15 años y otro para 1.800 camas en Baldwin, Michigan. CoreCivic Inc., ganó un contrato para albergar a 2.400 personas en familias con niños pequeños en Dilley, Texas, por cinco años.
El mercado de valores ha recompensado a ambas empresas privadas. El precio de las acciones de Geo ha aumentado un 94% desde la elección de Trump, mientras que las de CoreCivic registran ganancias del 62%.
Luisiana, que tiene relativamente pocos inmigrantes y no limita con México, podría no parecer una opción obvia para establecer un centro de detención de inmigrantes. Pero las circunstancias convergieron hacia el final de la última década que le permitieron al ICE asumir el control de cinco penales del estado tan sólo en 2019.
Ahora, el estado se ubica únicamente detrás de Texas en cuanto a espacio de camas para inmigrantes detenidos. El ICE se sintió atraído al estado en parte por los costos laborales relativamente bajos, un entorno político en su mayor parte favorable y un suministro de cárceles que quedaron vacías recientemente.
En 2017, las leyes estatales redujeron las penas criminales, reduciendo la necesidad de camas en cárceles y prisiones. En zonas rurales, donde una instalación correccional es a menudo uno de los principales motores de la economía local, las autoridades están ansiosas por adjudicar contratos para la detención de inmigrantes.
"Como Luisiana era uno de los principales encarceladores del mundo, no es como si hubiera legisladores locales que estén en contra de las prisiones o en contra de tener un complejo industrial penitenciario con fines de lucro que venga y realmente se asegure que estos continúen funcionando", dijo Nora Ahmed, directora legal de la Unión Americana de Libertades Civiles de Luisiana.
Los tribunales federales conservadores en el Distrito Oeste de Luisiana y en el Tribunal Federal de Apelaciones del 5º Circuito hacen que sea más difícil para las personas encarceladas en los centros de detención de Luisiana impugnar las condiciones de detención o apelar las decisiones de las cortes de inmigración, dijo Mary Yanik, profesora y codirectora de la Clínica de los Derechos de los Inmigrantes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tulane.
"El ICE básicamente puede elegir los tribunales donde se escuchan sus casos al ubicar centros de detención en ciertos lugares", señaló.
Los nueve centros de detención de inmigrantes de Luisiana se ubican en zonas rurales en el norte o el occidente del estado. Eso significa un viaje de varias horas desde sus ciudades más grandes, en donde se concentran los abogados y los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes. Los detenidos se han quejado durante mucho tiempo de quedar aislados.
Ser retenido en "condiciones deplorables" y aislado de sus familias y de las redes de apoyo puede hacer que las personas dejen de luchar contra su deportación y facilitar su expulsión a manos del ICE, dijo Carly Pérez Fernández, portavoz de Detention Watch Network, un grupo que ayudó a organizar protestas a nivel nacional el jueves.
"La detención realmente juega un papel crucial en facilitar la cruela agenda de deportación masiva de Trump", afirmó. "Una mayor capacidad de detención exacerbará las condiciones de detención que ya sabemos que son inhumanas".
La mayoría de las instalaciones de detención se ubican a una distancia relativamente corta de Alexandria, en donde el ICE habilitó una antigua base militar en un centro de detención de corto plazo con capacidad para 400 camas y una pista de aterrizaje adyacente para vuelos de deportación.
Una instalación para 4.200 personas se encuentra en Jena, a unos 355 kilómetros (220 millas) de Nueva Orleans. La comunidad tiene solo un hotel, llamado Townsmen Inn.
El centro de detención de Jena, operado bajo contrato con el Geo Group, está rodeado de letreros de "prohibido el paso", cercas con alambre de púas y guardias armados.
Homero Lopez, abogado de Immigration Services and Legal Advocacy, que brinda representación gratuita en los centros de detención de Luisiana, dijo que su ubicación tan lejana "hace que sea mucho más difícil protestar y organizarse".
La introducción de las audiencias por video en los tribunales de inmigración ha suavizado, pero no eliminado, las críticas de que el ICE intenta distanciar deliberadamente a los detenidos de sus familias, abogados y otras formas de apoyo.
Lopez dijo que está contento con el uso de videoconferencias para asuntos preliminares, pero prefiere hacer el viaje para presentarse en persona en audiencias más relevantes. Dijo que los enlaces de video pueden ser "deshumanizantes" y pueden llevar a los jueces a no apreciar lo que está en juego cuando no están frente a los inmigrantes.
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Brumback informó desde Atlanta. El periodista de Associated Press Elliot Spagat contribuyó con este despacho desde San Diego.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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