Iniciativa republicana para vender tierras públicas en el oeste de EEUU reactiva forcejeo político
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LA NACION
BILLINGS, Montana, EE.UU. (AP) — Legisladores republicanos dicen que su plan para posiblemente vender cientos de miles de hectáreas de tierras federales generará ingresos y aliviará las presiones de crecimiento en las pujantes ciudades del oeste de Estados Unidos. Sin embargo, sin que haya detalles claros sobre cómo funcionará, los escépticos temen que pueda ser un regalo para los desarrolladores y las compañías mineras y que sirva de poco para aliviar la crisis de vivienda en la región.
El proyecto de ley aprobado por la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes la semana pasada incluye aproximadamente 186.155 hectáreas (460.000 acres) en Nevada y Utah para ser vendidos o transferidos a gobiernos locales o entidades privadas.
La disposición forma parte de un amplio paquete de recortes fiscales, y refleja la visión del gobierno del presidente Donald Trump de que la mayoría de las tierras públicas son un activo para ser utilizado, no apartado para su conservación.
Desde hace tiempo, el determinar quién debería controlar tales sitios ha sido una fuente candente de desacuerdo en el oeste del país, donde aproximadamente la mitad de la superficie está bajo control federal y las ciudades que se extienden en medio de paisajes no desarrollados enfrentan una creciente demanda de vivienda, agua y otras necesidades.
El plan del Partido Republicano está reavivando la lucha y generando una reacción intensa de los demócratas y los conservacionistas. Consideran que la medida sienta un precedente y abriría la puerta a que haya ventas similares en otros estados.
"Tenemos serias preocupaciones de que esto sea la punta del iceberg", expresó Steve Bloch de la Southern Utah Wilderness Alliance, un organismo ambientalista sin fines de lucro. "Si puede suceder en Utah, si puede suceder en Nevada, no sólo ocurrirá aquí. Se va a extender".
Algunos republicanos también dieron a conocer su oposición a la iniciativa, preparando el terreno para un enfrentamiento político a medida que el proceso presupuestario avanza.
La mayoría de las tierras en la cláusula de la Cámara de Representantes están en Nevada, incluidos los condados que abarcan Reno, Las Vegas y la ciudad de Fernley, la cual está creciendo rápidamente, según mapas publicados por los patrocinadores de la medida, los representantes republicanos Mark Amodei de Nevada y Celeste Maloy de Utah.
El administrador de la ciudad de Fernley, Benjamin Marchant, indicó que la oportunidad de comprar 4.850 hectáreas (12.000 acres) de tierras federales en las afueras de la comunidad era una "buena noticia". El tamaño de la ciudad se triplicó desde que en 2001 se le autorizó convertirse en un municipio con gobierno independiente, y se prevé que se duplique nuevamente en la próxima década, señaló.
Hay esperanza de que se posicione como un centro tecnológico, pero Fernley necesita espacio para crecer.
"Ni siquiera podemos hablar de proyectos cuando es tierra federal", declaró Marchant. "No podemos vender lo que no poseemos, y este es el primer paso".
Otras tierras a vender están más alejadas de las áreas desarrolladas. Incluyen sitios limítrofes con el Parque Nacional Zion y tierras tribales, tales como la reserva de la tribu indígena paiute en Utah y la reserva paiute del lago Pyramid en Nevada.
"Eso significa que la tribu no puede crecer", manifestó Mathilda Miller de la Native Voters Alliance Nevada, un grupo de defensa de las tribus del estado que se opone a las ventas. "No pueden reclamar la tierra que le fue robada a su tribu, y trae el desarrollo hasta su puerta".
Aproximadamente 40.500 hectáreas (100.000 acres) en el condado rural de Pershing en el oeste de Nevada podrían ser vendidos a empresas privadas que tienen solicitudes para practicar la mintería o instalar infraestructura minera, según la oficina de Amodei. El proyecto de ley también requiere que las tierras federales en esa área se intercambien por una cantidad igual de tierra no federal.
Muchas de las comunidades cercanas a lugares que se pretende vender comparten un punto en común: su expansión está limitada por propiedades federales, que constituyen el 80% de la tierra en Nevada y el 63% en Utah. En comparación, algunos estados en la región centro-norte y el este del país tienen un 1% o menos de tierra federal.
A menudo, las tierras públicas están intercaladas con propiedades privadas en un patrón de "tablero de ajedrez", lo cual complica aún más los intentos por desarrollarlas.
Los partidarios de desarrollar viviendas advierten que la tierra federal no es universalmente adecuada para construir viviendas asequibles. En general, entre más lejos esté la tierra de las ciudades y pueblos, más infraestructura se requiere: carreteras, alcantarillado, transporte público.
"Es una forma costosa de proceder debido a las necesidades de infraestructura, debido al tiempo que tomará", señaló Vicki Been del Centro Furman para Bienes Raíces y Política Urbana de la Universidad de Nueva York. "No estoy diciendo que en las tierras federales no haya lugares que tengan sentido (para desarrollarlos), pero uno realmente tiene que mirar con cuidado".
La propuesta republicana intenta identificar tierras adecuadas en coordinación con los municipios locales. Eso ha generado preocupación en algunas personas de que no haya suficientes garantías de que la tierra, o suficiente tierra, terminará siendo destinada a viviendas asequibles.
"Los detalles del asunto son los más problemáticos", expresó Tara Rollins, directora ejecutiva de la Utah Housing Coalition, una organización que promueve la compra de vivienda asequible. "Podría ser solamente una usurpación de tierras. Sólo necesita haber muchos frenos y contrapesos".
La transferencia masiva de tierras federales a entidades locales o privadas es algo que muchas personas de tendencia conservadora en el oeste del país han deseado desde hace tiempo. El año pasado, funcionarios republicanos en Utah interpusieron una demanda con la que pretendían tomar el control de grandes extensiones de tierras federales en el estado, pero fueron rechazados por la Corte Suprema federal. Otros doce estados respaldaron la iniciativa de Utah.
Hay también voces firmes dentro del Partido Republicano que se oponen a la venta de tierras públicas, notablemente el representante Ryan Zinke, quien fue secretario del Interior en el primer mandato de Trump, y el senador Steve Daines, ambos de Montana. El representante Jeff Hurd de Colorado fue el único republicano en la Comisión de Recursos Naturales que votó en contra de la disposición de tierras por parte de particulares.
El proyecto de ley vendería aproximadamente 4.050 hectáreas (10.000 acres) de tierras en dos condados de Utah. Maloy indicó que evita áreas que deberían ser conservadas y ayudaría a aliviar la demanda de vivienda y agua, creando espacio para construir nuevas viviendas y ampliar la capacidad de las presas.
Las ventas de tierras más pequeñas son una práctica común por parte de la Oficina de Administración de Tierras del Departamento del Interior.
"No todas las tierras federales tienen el mismo valor", apuntó Maloy. "Durante décadas, en gobiernos tanto demócratas como republicanos, hemos estado disponiendo de tierras asignadas (para su conservación) de una manera que coincide con lo que propongo hacer aquí".
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Bedayn informó desde Denver y Daly desde Washington, D.C.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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