Juez federal cuestiona si el Gobierno de Trump procesó por venganza a salvadoreño deportado por error

MADRID, 4 Oct. 2025 (Europa Press) -

La jueza federal Waverly Crenshaw ha considerado que los cargos presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Kilmar Ábrego podrían haber tenido motivaciones "vengativas", en represalia por una demanda que este presentó tras ser deportado indebidamente a El Salvador por la Administración de Donald Trump.

"La moción de Ábrego no está lista para decisión porque solicita el descubrimiento de pruebas y una audiencia probatoria, debido a que existe cierta evidencia de vengatividad en este caso. El Tribunal sostiene que la totalidad de los hechos crea una base probatoria suficiente para concluir que existe una 'probabilidad realista de vengatividad', lo cual da derecho a Ábrego a obtener descubrimiento de pruebas y requiere una audiencia probatoria antes de que el Tribunal decida sobre su moción", reza un memorando firmado por Crenshaw.

De acuerdo con la magistrada del distrito de Nashville, en Tennessee, existía una probabilidad real de que el procesamiento penal contra Ábrego no respondiera a un interés legítimo en impartir justicia, sino al deseo de castigarlo por haber ejercido su derecho a impugnar judicialmente su deportación.

En este sentido, la jueza se ha referido específicamente a las declaraciones del fiscal general adjunto Todd Blanche, quien manifestó en una entrevista con Fox News que la investigación penal contra el hondureño se había iniciado tras un fallo judicial en Maryland que cuestionó la legalidad de su deportación, concluyendo que el Gobierno "no tenía derecho a deportarlo".

Durante la misma entrevista --realizada el 6 de junio-- Blanche sostuvo que Ábrego fue devuelto a Estados Unidos exclusivamente para "enfrentar la justicia", lo que para Crenshaw ha constituido un indicio claro de que los cargos podrían haberse originado como represalia, más que por un verdadero interés en perseguir delitos.

Así las cosas, la letrada ha advertido de que, si se confirma que los cargos fueron motivados por la demanda civil de Ábrego contra la Administración Trump, esto podría suponer una violación de su derecho al debido proceso. La legislación federal contempla la posibilidad de desestimar cargos penales cuando estos se presentan con fines punitivos por ejercer derechos constitucionales, aunque este tipo de peticiones rara vez prosperan.

"Por ahora, el Tribunal concederá la solicitud de Ábrego de descubrimiento de pruebas y una audiencia probatoria", concluye el citado documento, en el que se hace constar que, "sin un mayor descubrimiento de pruebas, el Tribunal no puede avanzar".

Por el momento, ni los representantes legales de Ábrego ni los del Departamento de Justicia se han pronunciado a este respecto.

Ábrego, originario de El Salvador y residente en Maryland, fue deportado en marzo a pesar de que una sentencia judicial de 2019 impedía su expulsión debido al riesgo de persecución por parte de pandillas en su país de origen.

La Administración reconoció entonces haberlo deportado por error, pero ha seguido tratando de impedir que el salvadoreño vuelva a vivir en Estados Unidos. Tras ser encarcelado en El Salvador, presentó una demanda civil en Maryland, lo que llevó a que en abril la Corte Suprema confirmara el fallo que ordenaba su retorno a Estados Unidos. En junio, Ábrego fue llevado de regreso al país, después de que la fiscalía obtuviera una acusación formal en Tennessee, donde se le imputó por supuestamente participar en una red de tráfico de personas dedicada al transporte ilegal de migrantes hacia Estados Unidos. A finales de agosto, la jueza estadounidense Barbara Holmes lo puso en libertad, dando un nuevo giro en el que se ha convertido ya en uno de los casos más destacados en relación con la endurecida política de expulsiones de la Administración Trump. El acusado se ha declarado inocente y ha negado pertenecer a ninguna pandilla.

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