Jueza de EEUU aprueba uso de Ley de Enemigos Extranjeros para deportar venezolanos miembros de TdA

Una jueza federal determinó que el presidente estadounidense Donald Trump puede usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a ciudadanos venezolanos de los que se tenga evidencia de que pertenecen a la pandilla del Tren de Aragua.

El fallo de la jueza de distrito Stephanie Haines en Pensilvania aparentemente representaría la primera vez que un magistrado federal aprueba la proclamación de Trump en la que se califica al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, y su invocación de esta ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para deportar a personas etiquetadas de pertenecer a la pandilla.

El mismo martes, otro juez federal del distrito occidental de Texas prohibió temporalmente al gobierno de Trump usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar personas en esa región. Al menos otros tres jueces federales han dicho que el mandatario estaba usando indebidamente la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar las deportaciones de personas que, según el gobierno, pertenecen a la pandilla venezolana.

Haines, quien fue designada al cargo por Trump, también señaló que el gobierno no ha dado suficiente tiempo a las personas que enfrentan la deportación en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. La jueza le ordenó al gobierno presentar un aviso con al menos 21 días de antelación, mucho más tiempo que las 12 horas que se han dado en algunos de los casos.

“Este caso plantea cuestiones significativas que están profundamente entrelazadas con los principios constitucionales sobre los cuales se funda el gobierno de esta nación”, escribió la jueza. "Al abordar estas cuestiones, el tribunal comienza enfatizando las preguntas que no está resolviendo en este momento".

El fallo no aborda si el gobierno puede deportar a personas en aplicación de otras leyes de inmigración, ni si Trump puede invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar del país a personas que simplemente migraron hacia Estados Unidos y que no pertenecen a una organización terrorista extranjera, escribió Haines. Tampoco se pronunció sobre si la ley permite que se deporte a personas sospechosas de pertenecer a otros grupos delictivos.

Pero sí dijo que se puede emplear la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a ciudadanos venezolanos que tengan al menos 14 años de edad, que se encuentren en Estados Unidos sin estatus migratorio legal y que sean miembros del Tren de Aragua.

“Habiendo hecho su trabajo, el tribunal ahora deja a los ramas políticas del gobierno y, en última instancia, a las personas que eligen a esos individuos, la decisión de si las leyes y quienes las ejecutan continúan reflejando su voluntad”, escribió Haines.

Trump emitió en marzo una proclama en la que afirmó que el Tren de Aragua estaba invadiendo a Estados Unidos. Añadió que tenía poderes especiales para deportar a inmigrantes, identificados por su gobierno como miembros de pandillas, sin los procedimientos judiciales habituales. Después de la proclamación, el gobierno comenzó a deportar a personas designadas como miembros del Tren de Aragua a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

La proclama y las deportaciones provocaron una ola de demandas en múltiples estados —incluida la que llevó al fallo de Haines. Ese caso en particular fue presentado por un ciudadano venezolano que asegura que huyó a Estados Unidos junto con su esposa y sus hijos en 2023 después de enfrentar extorsión en su propio país. Fue arrestado en febrero después de que un vecino informó que era miembro del Tren de Aragua, una afirmación que el hombre niega vehementemente.

Haines aprobó inicialmente el caso como una demanda colectiva, prohibiéndole temporalmente al gobierno federal el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a cualquier migrante en su distrito. Sin embargo, levantó esa designación el martes, despejando el camino para que se reanuden las deportaciones, siempre que las personas que están siendo expulsadas reciban un aviso en inglés y español con al menos 21 días de anticipación, así como una “oportunidad de ser escuchadas” sobre cualquier objeción que puedan tener.

En el caso de Texas, una mujer dijo que huyó de Venezuela después de ser sometida a acoso, agresión e intimidación en repetidas ocasiones como una forma de persecución política. Llegó a Estados Unidos en 2023 y se le concedió el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), y actualmente está buscando asilo.

Pero el mes pasado fue arrestada en Ohio y acusada de ser miembro de una pandilla, lo cual ella niega. Actualmente está detenida en El Paso y pidió al juez federal de distrito superior, David Briones, que impida que el gobierno federal la deporte a ella y a otras personas detenidas en la región porque, según dijo, la proclamación del presidente viola los derechos al debido proceso de las personas que enfrentan la deportación y equipara erróneamente al Tren de Aragua como una invasión por un gobierno extranjero.

Briones dijo que probablemente tendría éxito en el fondo del caso y prohibió temporalmente al gobierno federal transferir a la mujer u otras personas en la región acusadas de ser miembros del Tren de Aragua a otros distritos o deportarlas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

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