Koldo llega al Supremo para comparecer tras el informe que lo señala como "gestor" de los fondos "opacos" de Ábalos

MADRID, 16 Oct. 2025 (Europa Press) - Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, ha llegado este jueves al Tribunal Supremo (TS) para responder por el reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le señala como "gestor y custodio" de los fondos "opacos" que habrían ingresado de las presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas. Ataviado con una boina y mochila en mano, ha llegado en taxi poco antes de las 10, la hora a la que estaba citado, acompañado de su letrada, Leticia de la Hoz, y sin hacer declaraciones a la prensa. No obstante, a las puertas del despacho de la abogada, al ser preguntado por los medios de comunicación sobre la mochila, ha contestado que es un "hombre precavido". El instructor del 'caso Koldo' en el TS, Leopoldo Puente, volvió a llamar a García a sede judicial tras recibir un nuevo informe donde la UCO asegura que "actuó como custodio y gestor del dinero de Ábalos", de modo que "parte de los gastos de este último eran sufragados y liquidados" por su asesor "con vistas a una eventual restitución institucional". La UCO señaló la existencia de una reserva de dinero en metálico que no encontraría respaldo en los ingresos regulares del exdirigente socialista y de la que Koldo dispondría para hacerse cargo de pagos que corresponderían a su entonces jefe, tales como la pensión alimenticia de uno de sus hijos, la empleada doméstica o regalos a sus parejas. Además, la Guarda Civil reflejó que el PSOE pagó tanto a Koldo como a Ábalos con dinero en efectivo mediante sobres. Algunos de esos pagos, explicó, tenían respaldo documental en lo aportado por el Partido Socialista como compensación por gastos, pero otros no. La UCO detalló que Koldo y su entonces mujer, Patricia Uriz, verbalizaban en sus conversaciones de WhatsApp que parte del dinero que gestionaban, en efectivo o a través de sus cuentas, no era suyo, sino de Ábalos, y que se referían a él como "chistorras" (billetes de 500 euros), "soles" (200 euros) y "lechugas" (100 euros). Con todo, el magistrado cree que Ábalos y Koldo "pudieran haber mantenido entre sí métodos no transparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen". Ábalos ya compareció este miércoles por estos hechos y, a diferencia de las tres ocasiones anteriores, esta vez optó por guardar silencio. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, alegó que se sentía indefenso por no contar con un abogado de su confianza, dado que estuvo asistido por su hasta ahora letrado, José Aníbal Álvarez, al que quiso renunciar el pasado lunes por "diferencias irreconciliables", pero el magistrado no le dejó. Koldo, que declaró el pasado diciembre en su primera comparecencia como imputado en el Supremo por el caso al que da nombre, ya apostó el pasado junio por callar. Esta vez, se espera que tampoco hable, de acuerdo con las fuentes consultadas. PREPARADO PARA ENTRAR EN PRISIÓN

Este jueves, el exasesor ministerial también se enfrentará a una vistilla para revisar las medidas cautelares que tiene vigentes desde el pasado febrero: prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en sede judicial.

En el caso de Ábalos, las acusaciones populares lideradas por el PP pidieron su ingreso en prisión provisional este miércoles, algo a lo que la Fiscalía Anticorrupción se opuso, a pesar de que sí apreció riesgo de fuga e indicios reforzados en su contra. El magistrado siguió la línea del Ministerio Público, limitándose a confirmar las cautelares vigentes.

No obstante, avisó de que, al igual que el fiscal, observaba un "creciente" riesgo de fuga que asumía que podía seguir aumentando a medida que se refuercen los indicios y se acerque el eventual juicio. Entonces, advirtió, sí podría adoptar "medidas cautelares más gravosas".

Fuentes del entorno de García aseguran que se encuentra preparado para entrar en prisión provisional, medida que hasta la fecha solo ha prosperado con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, por el riesgo de fuga y de destrucción, ocultación y manipulación de pruebas debido a su "papel principal" en la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

En un último movimiento de su defensa, el exasesor solicitó el pasado martes al Supremo que anulara y archivara las pesquisas en todo lo que el Congreso de los Diputados no había autorizado expresamente al conceder el suplicatorio para investigar a Ábalos, el único aforado de la causa y el motivo por el que García también está investigado en el TS, además de en la Audiencia Nacional, donde comenzaron las pesquisas.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa argumenta que todo lo que excede el mandato parlamentario debe quedar fuera de la investigación del Supremo, de modo que el alto tribunal solo podría indagar en las supuestas adjudicaciones irregulares de contratos para comprar material sanitario en plena pandemia a una empresa vinculada al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

Según este razonamiento, Puente debería solicitar tantos suplicatorios al Congreso como hechos distintos a investigar, entre ellos las supuestas gestiones de Koldo, por mandato de Ábalos, para colocar en empresas públicas a Jésica Rodríguez, expareja del exministro, o los presuntos amaños de obra pública.

CAUSA FRAGMENTADA

Cabe recordar que la causa arrancó en la Audiencia Nacional, centrada en las adjudicación de contratos a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a De Aldama, para comprar mascarillas, pero desde que saltó al Supremo, hace casi un año, el caso se ha ido enredando, aflorando también la existencia de posibles irregularidades en contratos de obra pública. La complejidad que añadió esta segunda derivada llevó a Puente a dividir la causa, abriendo una pieza separada para investigar específicamente las presuntas mordidas por obras y dejando en la parte principal todo lo demás. Al dar este paso, el magistrado avanzó que su intención era agilizar la instrucción de la parte principal, con miras a concluirla pronto, dado que las indagaciones sobre obra pública aún están en fase embrionaria.

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