La Fiscalía de Perú pide retirar el pasaporte a Boluarte y confirma que todas sus investigaciones siguen abiertas

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Fiscalía de Perú ha adelantado este viernes que pedirán que le retiren el pasaporte a la expresidenta Dina Boluarte e impedir así una posible fuga a medida que avanzan las investigaciones que tiene pendientes, entre ellas por la muerte de manifestantes en las protestas de 2022 y 2023 y posible enriquecimiento ilícito.

El fiscal general Tomás Gálvez ha reconocido en una entrevista para RPP que la maniobra del Congreso les ha pillado por sorpresa, pero que en las próximas horas solicitarán que se impida la salida del país de la expresidenta, después de que surgieran rumores sobre un supuesto intento de fuga a través de alguna embajada.

Rumores que ha negado el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, quien ha afirmado en su cuenta de X que "ella está en su casa; ese fue y será su paradero".

Asimismo, ha remarcado que se someterá a los poderes del Estado si así se requiere.

"Dejen el delirio informativo al lado y construyan un periodismo veraz, educador y responsable", ha afeado el abogado de la expresidenta, que ha acumulado hasta siete investigaciones en estos casi tres años de mandato, además de otras tres por hechos previos a su abrupta llegada por la caída en desgracia de Pedro Castillo.

En base a la nueva situación, Gálvez confía en que avancen las investigaciones, después de que como presidenta de Perú, el Tribunal Constitucional paralizara "de algún modo las investigaciones" y la posibilidad de medidas cautelares.

Ahora sin inmunidad, Boluarte habrá de responder a las siete causas que tiene abierta.

Las más avanzadas son las relacionados con las muertes de 49 personas en las protestas contra el Gobierno de finales de 2022 e inicios de 2023, y con un presunto delito de cohecho pasivo por la posesión de unas joyas y relojes de lujo.

El resto, en fase preliminar, versan sobre un supuesto abandono de funciones para someterse a intervenciones estéticas, por abuso de autoridad por el cierre de una oficina especial de fiscales anticorrupción, enriquecimiento ilícito, presunta participación en el traslado ilegal del prófugo Vladimir Cerrón en un vehículo oficial y un acuerdo bajo mesa para mantener un aliado al frente de la Policía.

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