Legisladores de Florida aprueban iniciativa migratoria para asistir en las restricciones de Trump

TALLAHASSEE, Florida, EE.UU. (AP) — Los legisladores de Florida aprobaron el martes un amplio proyecto de ley sobre inmigración, el cual aparta 500 millones de dólares en fondos públicos para ayudar a implementar las enérgicas medidas del gobierno del presidente Donald Trump contra aquellas personas que se encuentran en el país sin autorización.

En un estado en donde aproximadamente uno de cada cinco residentes es inmigrante, la iniciativa requeriría que cada nivel de gobierno —así como los contratistas gubernamentales— cooperen con las autoridades migratorias “en la mayor medida posible”.

Después de más de cuatro horas de deliberaciones, la Legislatura de Florida —de mayoría republicana— aprobó la medida prácticamente en proporción partidista. Su aprobación abre la puerta a un enfrentamiento entre el gobernador, el republicano Ron DeSantis, y la cúpula legislativa del estado, quienes discrepan sobre cuál de las propuestas tendría mayor utilidad para llevar a cabo las restricciones migratorias de Trump. DeSantis ha calificado el proyecto de ley como “débil”.

“Todo el objetivo de este proyecto de ley es ayudar al presidente Trump a hacer su trabajo”, dijo el senador republicano Joe Gruters, uno de los patrocinadores de la iniciativa y aliado de Trump que afirmó haber estado en comunicación con el presidente durante el proceso. ”Él quiere máxima coordinación con el gobierno local”.

Los legisladores impulsaron la iniciativa, de más de 80 páginas, titulada Ley de Tácticas y Reforma de la Política de Migración Ilegal, o Ley TRUMP (Por sus iniciales en inglés), durante una sesión especial, cuando es más difícil para la población participe en el proceso legislativo.

Los legisladores republicanos presentaron el proyecto de ley después de rechazar las propuestas de DeSantis, un desaire al gobernador saliente que una vez fue considerado como posible sucesor de Trump.

Llama la atención que un republicano en la Cámara de Representantes y seis en el Senado votaron en contra de la medida, por lo que el proyecto de ley no alcanzó la mayoría necesaria para sobrevivir a un veto de DeSantis.

“Agradezco el intento”, dijo el senador republicano Blaise Ingoglia, aliado del gobernador. “No puedo votar por esto, porque a mi parecer no es lo suficientemente sólido”.

Antes del debate del martes en el pleno, el presidente del Senado Ben Albritton y el presidente de la cámara baja Daniel Perez anunciaron disposiciones adicionales, después de que “solicitaron y recibieron asistencia técnica del gobierno de Trump”, informaron.

Entre las enmiendas se incluyen aumentar las penas por todos los delitos cometidos en el estado por personas que se encuentran sin autorización en el país, y hacen que la pena de muerte sea obligatoria para todos aquellos que sean declarados culpables de delitos punibles con la pena capital.

Sin embargo, los patrocinadores republicanos se negaron a incluir algunas de las disposiciones de DeSantis, como restricciones para que las personas que se encuentran sin permiso legal en el país envíen dinero al extranjero y una medida que habría creado una presunción legal de que las personas que se encuentran sin autorización en el país son un riesgo de fuga.

Ahora, DeSantis debe decidir si promulgar o vetar una propuesta que ha criticado públicamente como “diluida”. También podría optar por no firmar la iniciativa, permitiendo que se convierta en ley.

La medida que los legisladores aprobaron el martes establecería la creación de una nueva oficina estatal de aplicación de la ley de inmigración con más de 140 empleados bajo la dirección de un recién nombrado jefe de inmigración, un puesto que quedaría en manos del comisionado de agricultura del estado, quien tomaría los poderes de emergencia en la aplicación de las medidas de inmigración de manos del gobernador.

El proyecto de ley asigna 100 millones de dólares para subvenciones a las agencias policiales locales para capacitación, equipo y reembolso por el arrendamiento de instalaciones de detención al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés). Asigna otros 375 millones de dólares para financiar la cooperación del estado con el gobierno federal, incluidos las labores relacionadas con un programa que delega a la policía local para tareas que por lo general son realizadas por agentes del ICE. También aparta 25 millones de dólares para otorgar bonos de 1.000 dólares a los policías locales que cooperen con el gobierno federal.

Los demócratas presionaron en varias ocasiones a los patrocinadores de la iniciativa sobre la redacción en la que se requiere a los empleados gubernamentales a que “cooperen en la mayor medida posible” con las autoridades federales de inmigración.

“Si realmente no queremos que nuestros funcionarios de recursos escolares, nuestros trabajadores sociales y nuestros maestros definan por sí mismos cuál debe ser la mayor medida de su cooperación, entonces necesitamos definir eso”, dijo la representante demócrata Christine Hunchofsky.

Gruters dijo que el proyecto de ley tiene como objetivo exigir una mayor cooperación de los funcionarios locales que dirigen cárceles y centros de detención y no una aplicación “a nivel de calle”. Pero reconoció que eso podría cambiar con las prioridades federales.

La iniciativa también derogaría una ley estatal implementada hace una década que permite que los estudiantes de Florida que se encuentran en el país sin permiso legal sean elegibles para el precio de matrícula universitaria para residentes del estado, medida que desde el ejercicio fiscal 2023-2024 benefició a unos 6.500 estudiantes. En un claro ejemplo de lo mucho que ha cambiado la política de inmigración en Florida en los últimos años, la actual vicegobernadora del estado, una republicana por Miami, fue la encargada de promover la medida de matrículas en 2014.

“Les pido hoy que recuerden las inquietantes pero desafiantes palabras de nuestra vicegobernadora cuando dijo: ‘Es lo correcto’”, dijo el senador demócrata Darryl Rouson a sus colegas en el pleno del Senado. ”¿Y qué ha cambiado desde entonces salvo la actitud hacia los inmigrantes?”.

El representante demócrata José Álvarez, quien nació en Cuba y fue traído a Estados Unidos por sus padres, fue más enérgico.

“Todos ustedes deberían estar avergonzados”, les dijo a los legisladores durante una audiencia sobre el proyecto de ley.

La disposición que otorga poderes al comisionado de agricultura del estado como jefe de inmigración ha irritado a DeSantis, quien dijo que “es casi como el zorro cuidando el gallinero” porque la industria agrícola no ha “sido conocida por la aplicación de la ley de inmigración”.

En sus comentarios de cierre, el presidente de la cámara baja Perez pareció hacer referencia a la presión que los republicanos han enfrentado por parte del gobernador y sus aliados.

“Amenazar a otros para conseguir lo que quieres no es liderazgo, es inmadurez”, dijo. “Voy a pedirles que ignoren el melodrama y en su lugar se concentren en el trabajo que tenemos por delante”.

Florida es uno de varios estados, ya sean republicanos o demócratas, que han implementado respuestas a la agenda de Trump en materia de inmigración, incluido Tennessee, que inició su propia sesión especial el lunes en parte para abordar el tema.

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La periodista de Associated Press Stephany Matat, en West Palm Beach, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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