Lula veta parcialmente ley sobre licencias rechazada por ambientalistas en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó este viernes algunas disposiciones de una ley que flexibiliza el trámite de licencias ambientales, tras el fuerte rechazo que generaron en sectores ecologistas.

Bautizado por sus detractores como ley "de la devastación", el texto aprobado recientemente por el parlamento contemplaba excepciones en licencias para obras consideradas "estratégicas" y facilitaba ciertos permisos bajo mera declaración de compromiso, entre otras medidas.

Con el veto parcial de Lula, la ley mantiene las protecciones especiales sobre varios territorios indígenas y un ecosistema protegido conocido como "Mata Atlántica", indicó la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, en una conferencia de prensa.

Lula busca "que Brasil pueda inaugurar un nuevo ciclo de prosperidad, donde la economía no compita con la ecología, sino que formen parte de la misma ecuación", afirmó Silva.

La organización SOS Mata Atlántica, que había entregado al presidente un documento con más de un millón de firmas pidiendo el veto a la ley, respaldó la decisión del mandatario. Es "una victoria en la preservación de la legislación ambiental vigente", celebró la organización en un comunicado.

El veto presidencial ahora deberá ser aprobado por el Congreso, de mayoría conservadora.

Brasil albergará en noviembre la mayor cumbre de Naciones Unidas sobre el calentamiento global, la COP30, en la ciudad amazónica de Belém.

Lula busca liderar la discusión ambiental en escenarios internacionales, pero enfrenta críticas en su país por apoyar la explotación petrolera de la estatal Petrobras en el Margen Ecuatorial, una zona marina a unos 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas, en el norte de Brasil.

En el caso de los proyectos "estratégicos" el presidente restableció la exigencia de licencias ambientales, pero fijó un plazo límite de un año para que sean otorgadas o rechazadas.

Esta disposición podría agilizar los permisos en el Margen Ecuatorial.

Según el presidente, ese proyecto es necesario para financiar la transición energética en la primera economía latinoamericana.

El mandatario también mantuvo los permisos bajo declaración de compromiso, pero solo para iniciativas consideradas de bajo impacto ambiental.

El veto presidencial es una "medida esencial para corregir distorsiones graves en el texto aprobado por el Congreso", afirmó la ONG Greenpeace, en un comunicado.

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