"Me cobija la tranquilidad de mi inocencia", dice fiscal colombiana ante detención emitida en Guatemala

BOGOTÁ (AP) — La fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, rechazó el martes la orden de detención emitida la víspera por una corte guatemalteca por presuntamente cometer asociación ilícita junto a otros funcionarios públicos por sus investigaciones sobre el caso de la empresa brasileña Odebrecht en Guatemala cuando estaba en funciones en la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig).

“Más allá de la inmunidad que me ampara e impide la expedición de la orden de captura internacional que ayer se dio por tramitada, sin estarlo, me cobija la tranquilidad de mi inocencia en los hechos que con sesgo político se me atribuyen”, aseguró Camargo en un comunicado leído a la prensa en Bogotá.

Camargo fue jefa de investigaciones de la Cicig entre 2014 y 2017, una misión de Naciones Unidas que funcionó hasta 2019 y que estuvo al mando de Iván Velázquez, actual embajador designado de Colombia ante el Vaticano, contra quien también fue emitida una orden de detención por las investigaciones sobre Odebrecht.

Velásquez declinó hacer comentarios solicitados por The Associated Press. En su cuenta de X, antes Twitter, calificó el lunes a la fiscalía general guatemalteca de “corrupta” e indicó que se trata de una “persecución” contra él y Camargo.

Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio”, agregó. El fiscal Rafael Curruchiche, al que varios países han sancionado por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia, señaló que Velásquez y Camargo de los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. Señaló a los colombianos, que investigaron a exfuncionarios guatemaltecos por recibir sobornos de Odebrecht, de haber conformado una “

estructura criminal encabezada por el excomisionado de la CICIG

” que “favoreció a los empresarios de la constructora” y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3000 millones de quetzales (unos US$380 millones). Curruchiche informó que le pidieron a la Interpol hacer efectivas las detenciones. Camargo consideró que la orden de captura internacional no será emitida, tras el comunicado del gobierno de Guatemala que rechazó la petición de la fiscalía de ese país. La víspera, el gobierno guatemalteco rechazó de forma “enfática” las órdenes de aprehensión contra Velásquez y Camargo, catalogándolas de ser “un acto irresponsable y espurio” de parte de la fiscalía y dijo que éstas “carecen de sustento legal y vulneran el acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala sobre el establecimiento de CICIG en el país". El gobierno colombiano también rechazó en un comunicado

la solicitud de la fiscalía

que "carece de sustento jurídico, constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional”. Colombia activó canales diplomáticos para manifestar formalmente su rechazo. Según el mandato de la CICIG, firmado entre la ONU y el gobierno guatemalteco en 2007, en su artículo 10 sobre privilegios e inmunidades del comisionado y personal de la CICIG, se establece que el personal internacional de la comisión disfrutará de privilegios e inmunidades que se otorgan a expertos de misiones de Naciones Unidas.

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