Miles de civiles ucranianos siguen detenidos en Rusia con la esperanza incierta de ser liberados
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LA NACION
Cuando oyó que la puerta de su casa se abrió hace casi dos años, la madre de Kostiantyn Zinovkin pensó que su hijo había vuelto a casa porque olvidó algo. En cambio, hombres con pasamontañas irrumpieron en el apartamento en Melitopol, una ciudad del sur de Ucrania ocupada por las fuerzas rusas.
Dijeron que Zinovkin estaba detenido por una infracción menor y que sería liberado pronto. Usaron la llave de él para entrar, señaló su esposa, Liusiena, y registraron el apartamento tan minuciosamente que lo destrozaron “hasta reducirlo a moléculas”.
Pero Zinovkin no fue liberado. Semanas después de su arresto en mayo de 2023, los rusos le dijeron a su madre que él planeaba cometer un atentado terrorista. Ahora es juzgado por cargos que su familia considera absurdos.
Zinovkin es uno de los miles de civiles cautivos de los rusos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy insiste en que la liberación de ellos —junto con la de los prisioneros de guerra— será un paso importante para poner fin a la guerra de 3 años.
Hasta el momento, esto no ha figurado entre los temas principales en las conversaciones de Washington con Moscú y Kiev.
“Mientras los políticos hablan sobre recursos naturales, posibles concesiones territoriales, intereses geopolíticos e incluso el traje de Zelenskyy en el Despacho Oval, no hablan sobre las personas”, expuso Oleksandra Matviichuk, directora del Centro para las Libertades Civiles, el cual recibió el premio Nobel de la Paz en 2022.
En enero, el centro y otros grupos ucranianos y rusos de defensa de los derechos humanos lanzaron la campaña “La gente primero", la cual sostiene que cualquier acuerdo de paz debe darle prioridad a la liberación de todas las personas que dicen estar cautivas, incluidos los rusos encarcelados por protestar contra la guerra y los niños ucranianos deportados ilegalmente.
“No puedes lograr una paz sostenible sin tener en cuenta la dimensión humana”, le dijo Matviichuk a The Associated Press.
No se sabe cuántos civiles ucranianos se encuentran bajo custodia en las regiones ocupadas y en Rusia. Dmytro Lubinets, el “ombudsman” de los derechos humanos de Ucrania, ha estimado que más de 20.000.
Matviichuk dice que su grupo recibió más de 4.000 solicitudes para ayudar a civiles detenidos. Pone de relieve que detener a personas que no combaten en tiempos de guerra viola el derecho internacional.
Oleg Orlov, cofundador de Memorial, un grupo ruso de defensa de los derechos humanos, refiere que los activistas saben que al menos 1.672 civiles ucranianos se encuentran bajo custodia de Moscú.
“Hay un número mayor de ellos del cual no sabemos”, añadió Orlov, cuya organización participa en “La gente primero” y recibió el Nobel junto con el grupo de Matviichuk.
Muchos permanecen detenidos sin cargos durante meses y no saben el motivo de su detención, señaló Orlov.
Soldados rusos detuvieron a Mykyta Shkriabin, entonces de 19 años, en la región ucraniana de Járkiv en marzo de 2022. Salió del sótano donde su familia se refugiaba de los combates para buscar comestibles y nunca regresó.
Shkriabin fue detenido a pesar de no haber sido acusado de ningún delito, reportó Leonid Solovyov, su abogado. En 2023, las autoridades comenzaron a referirse a él como prisionero de guerra, un estatus que Solovyov busca impugnar, ya que el estudiante no era combatiente.
La madre de Shkriabin, Tetiana, dijo a la AP el mes pasado que aún desconoce dónde se encuentra detenido su hijo. En tres años ha recibido dos cartas suyas en las que le expresa que está bien y que ella no debería preocuparse.
Ella espera “un intercambio de prisioneros, una repatriación o algo”, señaló la mujer. Sin esperanza, “¿cómo resiste uno?”.
Otros enfrentan cargos que, según sus familiares, son falsos.
Tras ser detenido en Melitopol, Zinovkin fue encarcelado durante más de dos años y acusado de siete delitos, entre ellos planear un atentado terrorista, ensamblaje de armas y alta traición, notificó a la AP su esposa, Liusiena Zinovkina, quien dijo que los cargos son “absurdos”.
Aunque él es abiertamente proucraniano y está en contra de la ocupación rusa, su marido no podría conspirar para cometer un atentado contra nadie ni tenía experiencia en el manejo de armas, agregó.
Especialmente absurda es la acusación de traición, apuntó, porque la ley rusa estipula que sólo sus ciudadanos pueden ser acusados de ese delito, y Zinovkin nunca ha tenido la ciudadanía rusa, a menos que se la hubiesen impuesto en prisión. Una declaración de culpabilidad podría resultar en cadena perpetua.
El civil ucraniano Serhii Tsyhipa, de 63 años, fue declarado culpable de espionaje y condenado a 13 años en una prisión de máxima seguridad tras desaparecer en marzo de 2022 mientras paseaba a su perro en Nova Kakhovka, en la región parcialmente ocupada de Jersón, informó su esposa, Olena. El perro también desapareció.
Tsyhipa, periodista, llevaba una chaqueta con una cruz roja grande cosida. Tanto él como Olena tenían esas chaquetas, le dijo ella a la AP, porque se ofrecieron como voluntarios para distribuir alimentos y otros artículos esenciales cuando las fuerzas rusas invadieron.
Serhii Tsyhipa protestó contra la ocupación y Olena cree que esa fue la razón por la que lo arrestaron.
Estuvo detenido en Crimea durante meses y finalmente fue acusado de espionaje en diciembre de 2022. Casi un año después, en octubre de 2023, Tsyhipa fue declarado culpable y sentenciado en un juicio que sólo tuvo tres audiencias.
Él apeló, pero su sentencia fue confirmada. “Pero las autoridades rusas deben entender que estamos luchando, que hacemos todo lo posible para traerlo a casa”, añadió.
Mykhailo Savva, del Consejo de Expertos del Centro para las Libertades Civiles, indicó que activistas por los derechos humanos saben de 307 civiles ucranianos declarados culpables en Rusia por cargos penales, generalmente espionaje o traición, si la persona tenía pasaporte ruso, pero también por terrorismo y extremismo.
Agregó que, en los territorios ocupados de Ucrania, los rusos consideran que activistas, líderes comunitarios y periodistas son “la mayor amenaza”.
Conseguir la liberación de quienes ya cumplen condenas será una ardua batalla, reportan los defensores.
Para darse una idea de las condiciones en la cárcel, los familiares deben recurrir a fragmentos sueltos de información.
Zinovkina indicó que ha recibido cartas de su esposo, quien le contó sobre problemas en su visión, dientes y espalda. Exprisioneros también le hablaron de celdas estrechas y frías en el sótano de una cárcel de Rostov en la que se encuentra recluido.
Ella cree que su esposo fue presionado para firmar una confesión. Un hombre que lo conoció en la cárcel le dijo que Kostiantyn “confesó todo lo que querían que dijera, así que lo peor ya pasó” para él.
Orlov reportó que se sabe que los prisioneros de guerra y los civiles ucranianos permanecen detenidos en condiciones difíciles, y que es común que haya denuncias de abusos y tortura.
El Kremlin puso a prueba esos métodos durante las dos guerras que libró en Chechenia en las décadas de 1990 y de 2000, mucho antes de invadir Ucrania, refirió Orlov, quien recientemente viajó a Ucrania para documentar las violaciones de derechos humanos por parte de Rusia, y observó que se repetía el mismo patrón de los conflictos del Cáucaso Norte.
“En esencia, ha sido creado un sistema misántropo, y todos los que caen en él terminan en el infierno”, añadió Matviichuk, el activista ucraniano de derechos humanos.
Un informe reciente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU reportó que Rusia “cometió desapariciones forzadas y torturas como crímenes de lesa humanidad”, parte de un “ataque sistemático contra la población civil y en cumplimiento de una política coordinada del Estado”.
Agregó que Moscú “detuvo a gran número de civiles”, los encarceló en la Ucrania ocupada o los deportó a Rusia, y “utilizó sistemáticamente la tortura contra ciertas categorías de detenidos para extraer información, coaccionar e intimidar”.
El Ministerio de Defensa ruso, el Servicio Penitenciario Federal y el Servicio Federal de Seguridad no respondieron a solicitudes de comentarios.
Mientras Estados Unidos habla de un alto al fuego, los familiares insisten en la liberación de los cautivos.
Liusiena Zinovkina dice que no ha perdido la esperanza mientras juzgan a su esposo, ahora de 35 años, pero que ella modera sus expectativas.
“Veo que no es tan sencillo como el presidente estadounidense (Donald Trump) pensaba. No es tan fácil llegar a un acuerdo con Rusia”, expuso, y se recordó a sí misma “ser paciente. Sucederá, pero no mañana”.
Olena Tsyhipa subrayó que cada minuto cuenta para su esposo, cuya salud se ha deteriorado.
“Mi creencia de que regresará es inquebrantable”, manifestó. “Sólo tenemos que esperar”.
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Litvinova reportó desde Tallin, Estonia. Arhirova reportó desde Kiev. Yuras Karmanau contribuyó desde Tallin.
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