Ordenan detención de exministro de Justicia de Bolivia por presunta corrupción
La fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la detención del exministro de Justicia, César Siles, que renunció el sábado, en medio de un escándalo de presunta manipulación del sistema judicial que también involucra a...
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La fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la detención del exministro de Justicia, César Siles, que renunció el sábado, en medio de un escándalo de presunta manipulación del sistema judicial que también involucra a jueces y abogados, informó el Ministerio Público.
El caso se destapó con la difusión de un audio atribuido a Siles. En una llamada telefónica, el exministro presiona y ofrece protección a un juez local, a cambio de emitir un fallo que, según sospecha la fiscalía, era para destituir a Fanny Coaquira, una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia judicial.
La comisión de fiscales que lleva adelante la investigación "ha determinado por elaborar una resolución y un mandamiento" de aprehensión contra el exministro Siles, dijo en conferencia de prensa Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia.
El escándalo ha sido bautizado localmente como "caso Consorcio", debido a que el delito investigado es el de consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados, que conlleva a una pena de cinco a 10 años.
Siles solicitó al presidente Luis Arce en su carta de renuncia mantener su cargo hasta el martes, pero el lunes fue reemplazado por la abogada Jessica Saravia.
Mariaca señaló que la investigación "no se trata solo del audio", sino que también se sustenta en "una serie de indicios, entre declaraciones y algunas pruebas documentales".
Siles reconoció su voz en el audio, pero dijo que fue manipulado.
Hasta el momento han sido detenidas cuatro personas: un abogado y tres jueces, entre los que se encuentra Iván Campero, presunto reemplazo de la magistrada destituida.
Una de las últimas actuaciones públicas de Siles fue acusar ante la fiscalía al exmandatario Evo Morales, por el delito de "terrorismo", tras promover durante dos semanas bloqueos de carreteras. El Ministerio Público abrió una investigación.
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