Mendoza: condenaron al exjuez Walter Bento por liderar una banda que cobraba coimas y lavaba dinero

MENDOZA.- Culpable. El tribunal decidió responsabilizar penalmente al poderoso exjuez federal mendocino Walter Bento como líder de una banda que cobraba coimas a presos. Así, fue sentenciado por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita, en calidad de jefe, además de enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. En los próximos días se conocerá la pena formal que deberá cumplir tras las rejas.

De acuerdo a altas fuentes del caso consultadas por LA NACION, las penas no serán acumulativas, por lo que estiman que el magistrado recibirá entre 12 y 15 años de cárcel por los delitos que se comprobaron.

El exmagistrado, quien se encuentra detenido desde fines de 2023 en la cárcel federal de Cacheuta, en medio de la montaña mendocina, estaba acusado de ser el jefe de una organización que cobraba sobornos a cambio de beneficios judiciales a presos, al tiempo que se lo investigó por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. De acuerdo con la investigación, el circuito de sobornos habría generado ingresos ilegales por al menos 1,7 millones de dólares, por lo que no se logra aún determinar el monto final de todas las maniobras.

Acompañado por sus abogados y familiares, vestido de manera impecable, de saco y corbata, como en cada audiencia del mega-juicio en su contra o como cuando comandaba las riendas del Tribunal Oral Federal (TOF) N°1, Bento sólo mostró gestos adustos, visiblemente conmovido tras la lectura del veredicto.

El proceso, que duró dos años y medio, contra el extitular del juzgado tuvo a más de una veintena de imputados, entre ellos, su esposa Marta Boiza y uno de sus hijos, Nahuel, quienes fueron condenados por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, considerados por el tribunal como “piezas claves” en la estructura familiar delictiva. Otro de los hijos de Bento, Luciano, no pudo ser condenado porque no había acusación formal en su contra.

La presidenta del tribunal TOF2, Gretel Diamante, junto con sus pares, Eliana Rattá y María Carolina Pereira, expuso que Bento, su esposa y sus hijos tuvieron roles centrales, con posiciones “nodales” dentro del esquema de lavado de activos, con la coordinación y supervisión del ex magistrado en cada maniobra ilegal, incluso anticipándose a controles y siendo “consciente” de que operaba fuera del sistema financiero formal. “Todos sostuvieron un entramado familiar que incorporaba activos provenientes de actividades ilícitas”, sostuvo la jueza.

En este sentido, Diamante señaló que se trató de una “verdadera estructura de soporte de lavado de activos”, quedando probada la comisión del delito. “Hubo corrupción judicial. Bento utilizó su cargo de juez como plataforma para la obtención y legitimación de beneficios ilícitos”, completó.

En cuanto a la asociación ilícita, Diamante, en la lectura del veredicto, dejó en claro que desde 2007 funcionó con base en el TOF1 una organización criminal de carácter permanente, con beneficios económicos ilegales mediante la venta de beneficios procesales.

“La jefatura a cargo de Bento tuvo un rol central y excluyente. Sin su firma las decisiones carecían de eficacia. Bento fijaba los montos a acordar”, expuso la jueza, mientras seguía leyendo la decisión del tribunal sobre los demás delitos que se le endilgan al ex magistrado, entre ellas, cohecho pasivo agravado por 11 hechos, en carácter de autor; prevaricato como autor; omisión y retardo de justicia; falsedad ideológica; abuso de autoridad en 10 hechos; desobediencia judicial por no entregar su celular y documentos de viaje; y ocultamiento de prueba, también en relación a su teléfono.

Finalmente, luego de algunas absoluciones en delitos de menor escala, según leyó la magistrada, la sentencia de responsabilidad penal contra Bento se centró, principalmente, en “asociación ilícita, en calidad de jefe, en concurso real con el delito de cohecho pasivo por 8 hechos, en calidad de autor. Todos a su vez en concurso real entre sí, en los casos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 10; en concurso real con el delito de enriquecimiento ilícito en calidad de autor; en concurso real con el delito de lavado de activos por haber sido cometido como miembro de una banda y por haberlo cometido en ejercicio en su carácter de funcionario público; en concurso real por el delito de falsedad ideológica en dos hechos”.

“Fue el jefe de una organziación criminal que convirtió la función pública en una mercancía; lesionó la confianza pública en la administración de justicia”, sostuvo Diamante.

De esta manera, sólo resta esperar la cantidad de años que deberá permanecer en la cárcel. Este paso formal será dado en los próximos días por el tribunal luego de una audiencia de cesura para dar por cerrado el caso, que se iniciará este miércoles a las 13. Luego, como es habitual en todo proceso, se conocerán los fundamentos del fallo.

Previo a conocerse la sentencia, todos los acusados tuvieron este lunes la posibilidad de decir sus últimas palabras en el banquillo. Bento insistió en que se trataba de una causa armada para perseguirlo, y suplicó por su familia. “Si la intención del tribunal es hacer justicia, vean el expediente. Si por alguna circunstancia entienden que hay alguna responsabilidad, endílguenmelo a mí, no a mi familia. Las cicatrices que ha dejado este escándalo judicial son muy profundas. No he cometido ningún delito y no lo digo yo. Lo dice la causa. Es todo lo que tengo para decir”, expresó Bento.

Durante la mañana de este martes se continuó con la posibilidad para el resto de los imputados de decir sus últimas palabras, entre las que se destacó un imputado por contrabando que reconoció culpabilidad y que cambió su parecer porque le temía al juez hasta que fue destituido. Luego, se pasó a cuarto intermedio. Finalmente, minutos antes de las 15, el tribunal comenzó a explicar las motivaciones que llevaron a la decisión, pidiendo compostura a los presentes. “Vamos a comenzar con el acto procesal previsto para este momento”, arrancó la presidenta del tribunal. “Pido a todos que guarden respetuoso silencio, evitando todo tipo de manifestaciones, en este acto tan importante como es el dictado de un veredicto”, agregó.

“Es una de las causas más complejas que ha tenido que enfrentar este tribunal. Además, excepcional: le tocó juzga a un par, a un juez federal, a alguien que pertenecía al mismo estamento. Esta situación no fue neutra y sencilla. Se decidió con responsabilidad y prudencia institucional”, indicó Diamante. “Esa dificultad jamás fue un obstáculo para hacer lo que debíamos hacer. Esto reforzó el compromiso de definir conforme a la ley y a la prueba. Mas allá de lo arduo de la tarea, nunca tuvo en duda que se podía y debía juzgar con imparcialidad y apego a la ley”, agregó la magistrada, remarcando que no se trata de “una conclusión improvisada, ni de presiones externas”, sino de un trabajo “complejo, deliberado y responsable”.

El exjuez estaba acusado de comandar una asociación ilícita junto a abogados, un exjefe policial y un supuesto socio que fue asesinado en 2020, entre otros miembros. A todos se los acusó de haber obtenido pagos ilegales de presos a cambios de otorgarles beneficios en sus expedientes judiciales, ya sean arrestos domiciliarios o libertades. La defensa aseguró que se trató de una causa armada por cuestiones políticas y no descansó en pedir nulidades durante todo el proceso, al tiempo que adelantó que recurrirá el fallo en instancias superiores. En tanto, el clan familiar estuvo bajo acusación de haberse enriquecido y lavar dinero procedente de los sobornos, con los que realizó cientos de viajes, compró inmuebles y vehículos, además de realizar inversiones.

Desde un primer momento, Bento cargó las tintas contra quienes lo empezaron a investigar: el fiscal general Dante Vega y el juez federal Eduardo Puigdéngolas.

El caso comenzó a destaparse en 2020 tras el crimen de Diego Aliaga, un despachante de aduanas e informante policial que actuaba de intermediario en el cobro del dinero, supuestamente en nombre de Bento, con la finalidad de dar beneficios a quienes estaban bajo causas en su juzgado.

En este sentido, las comunicaciones telefónicas que intercambió Aliaga con el magistrado, a quien tenía agendado como “primo”, fueron clave para avanzar en la causa. De hecho, en la dura acusación contra Bento por parte de la Fiscalía se dejó en claro que hubo 265 llamados entre ambos personajes a través de la plataforma Telegram, lo que permitió a empezar a desentrañar la red que había de fondo.

En el caso fue determinante también el rol de Walter Bardinella Donoso, un acusado de financiar una narco-banda, quien fue detenido y en su celular se encontraron conversaciones comprometedoras, con vínculos con la supuesta organización liderada por Bento. En tanto, por el secuestro y homicidio de Aliaga, confesó ser el autor, Diego Barrera, un amigo y socio de la víctima, por supuestas peleas y diferencias en negocios inmobiliarios.

Por Pablo Mannino

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