Padres acusados de encerrar a sus hijos durante años en su casa de Oviedo se enfrentan a 25 años de cárcel

OVIEDO, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de penas que suman 25 años y 4 meses de prisión, entre otras medidas, para los padres acusados de mantener a sus tres hijos encerrados en una casa de Fitoria, en Oviedo, durante casi 4 años, por violencia psíquica habitual y detención ilegal. El Ministerio Fiscal, que ya ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, sostiene que desde el mes de diciembre de 2021 hasta el 28 de abril de 2025, los acusados, la madre de nacionalidad estadounidense, y el padre, de nacionalidad alemana, convivieron en una localidad del municipio Oviedo, en una vivienda unifamiliar, con sus hijos menores de edad. La familia se había trasladado a Asturias desde Alemania, según ha informado la Fiscalía. En la casa únicamente figuraba empadronado el acusado, no constando ni la acusada ni los menores de edad en ningún registro público, incluidos escolar o la Seguridad Social. Durante todo el tiempo que permanecieron en la casa, los acusados, de común acuerdo, incumplieron los deberes de protección tenían sobre sus hijos y les privaron de sus necesidades educativas, sanitarias, emocionales y sociales. Así, encerraron a los menores en el interior de la vivienda y los aislaron de forma absoluta del mundo, negándoles el contacto con otras personas, tanto físicamente como por cualquier medio de comunicación. Los niños no conocían ni a familiares ni a ninguna otra persona que no fueran sus padres. No salieron para nada al exterior, ni siquiera al jardín con el que contaba la vivienda, durante casi cuatro años por el infundado temor que tenían los acusados, y que habían inculcado a sus hijos, a que se contagiasen de algo. Los acusados nunca escolarizaron a los menores en España. Los niños aprendían por sí mismos o con la asistencia puntual de sus padres, de forma que dos de los tres menores, con 8 años, cuando fueron encontrados, no sabían leer ni escribir. Asimismo, los pequeños no tuvieron un seguimiento sanitario de su salud: la última vez que acudieron al médico fue en 2019 y eran los acusados los que se encargaban de diagnosticar y tratar sus problemas cuando surgían. En el domicilio contaban con abundantes medicamentos, comprados sin la preceptiva prescripción médica. Por otro lado, los niños presentaban igualmente problemas de control de esfínteres, ocasionados por la utilización indebida y prolongada de pañales. La vivienda se encontraba en malas condiciones de habitabilidad, con un déficit importante de limpieza, con cantidades ingentes de basura y suciedad acumulada en diversas estancias. Menores caminaban encorvados. Además, el mobiliario era inadecuado para cubrir las necesidades de los menores: los gemelos dormían en cunas, a las que habían roto los barrotes para entrar y salir libremente. Su hermano lo hacía en una cama de reducidas dimensiones para su edad. Los menores caminaban encorvados, con las piernas arqueadas, presentaban dificultades para subir y bajar escaleras y tenían la piel irritada y onicomicosis. Uno de ellos tenía un ligero encorvamiento. Al salir al exterior, una vez que se descubrió la situación en la que se encontraban, los menores se mostraron sorprendidos por cuanto les rodeaba. Como consecuencia de estos hechos, los menores sufren distocia social, que supondrá un retraso en la incorporación a las relaciones sociales propias de su edad. Por autos de 30 de abril de 2025 del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo se acordó la prisión provisional, comunicada y sin fianza de los acusados, así como la suspensión cautelar de la patria potestad, guarda y custodia sobre sus hijos, con atribución de las mismas al Principado de Asturias (Consejería de Derechos Sociales y Bienestar). Por resolución de 6 de mayo de 2025 de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, se declaró el desamparo de los menores y la asunción de la tutela por la entidad pública. DELITOS Y PENAS La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar de los artículos 173.2, párrafo 2º, y 57, y de tres delitos de detención ilegal de los artículos 163.1 y 3, 165 y 57, en concurso ideal con un delito del artículo 226.1 y 2. Concurre en ambos acusados, en el delito de detención ilegal, la circunstancia agravante de parentesco. Y solicita que se condene a cada uno de los acusados a las siguientes penas: por el delito de violencia psíquica habitual, las penas de 2 años y 4 meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 4 años y 6 meses; inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda y acogimiento durante 3 años y 4 meses; prohibición de aproximación a los menores a menos de 300 metros, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio y cualquier otro frecuentado por los mismos durante 3 años y 4 meses; y prohibición de comunicación por cualquier medio, quedando en suspenso el régimen de visitas, comunicación y estancia que en su caso se hubiera reconocido en sentencia civil, hasta el total cumplimiento de la pena. Por cada uno de los delitos de detención ilegal en concurso con un delito de abandono de familia, las penas de 7 años y 8 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; prohibición de aproximación a los menores a menos de 300 metros, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio y cualquier otro que sea frecuentado por los mismos durante 8 años y 6 meses; y prohibición de comunicación por cualquier medio, quedando en suspenso el régimen de visitas, comunicación y estancia que en su caso se hubiere reconocido en sentencia civil, hasta el total cumplimiento de la pena. El Ministerio Fiscal solicita que los acusados, de forma conjunta y solidaria, indemnicen a los menores con 15.000 euros a cada uno de ellos por los daños morales sufridos, más los intereses legales correspondientes.

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