Presidente de Guatemala releva a la cúpula de seguridad tras fuga de pandilleros
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LA NACION
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo anunció el miércoles que aceptó las renuncias de los funcionarios a cargo del área de seguridad tras la fuga de prisión de dos decenas de integrantes de una pandilla.
“Lo que ha ocurrido en el Sistema Penitenciario es inaceptable. La evasión de la justicia de 20 criminales peligrosos no es un simple fallo operativo, es una falta grave contra cada guatemalteco de bien que confía en el que el Estado cumplirá su deber de protegerlo”, dijo Arévalo en un mensaje a la nación.
Agregó que los nombres de los reemplazantes serán anunciados próximamente.
Los salientes ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y su viceministra antinarcóticos Claudia Palencia habían logrado un número récord de detenciones de presuntos narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos.
También reconstruyeron una prisión adonde fueron recluidos 10 peligrosos cabecillas de pandillas y realizaron por primera vez un operativo a gran escala en una peligrosa zona de narco menudeo en la capital guatemalteca.
Pero la fuga el fin de semana de 20 reclusos pertenecientes a la pandilla Barrio 18 que estaban en prisión disparó las alertas.
El miércoles también renunció el viceministro a cargo del sistema penitenciario, José Portillo.
El gobierno de Donald Trump declaró a Barrio 18 como grupo terrorista a fines de septiembre, unos siete meses después de tomar una acción similar contra la Mara Salvatrucha.
Tal designación se ha aplicado durante mucho tiempo a grupos de naturaleza más política. Aunque estas pandillas han sembrado terror en las poblaciones que dominan, en su mayoría centran sus esfuerzos en obtener dinero a través del tráfico de drogas, la extorsión y otras actividades ilegales.
Barrio 18, establecida principalmente en El Salvador, Guatemala y Honduras, se originó en Estados Unidos como una pandilla callejera de Los Ángeles creada por jóvenes inmigrantes salvadoreños como una forma de protegerse.
Cuando muchos de sus miembros fueron deportados de Estados Unidos a El Salvador, la pandilla se expandió y ganó poder en toda Centroamérica.
La Mara Salvatrucha también surgió en los años 80 en Los Ángeles para proteger a los salvadoreños que huían de la guerra civil pero actualmente es una organización criminal que ha extendido sus tentáculos con extorsiones, intimidaciones, homicidios y trata de personas por Centroamérica, México, Estados Unidos y algunos países europeos.
Además de las dimisiones, Arévalo anunció también la inmediata construcción de una cárcel de máxima seguridad para 2000 reclusos que estaría lista en 12 meses, la realización de un censo de la población penitenciaria y la creación de una fuerza coordinada entre Gobernación y la Comisión Anticorrupción con el apoyo del FBI estadounidense.
La víspera, los diputados avanzaron en la aprobación de varias reformas de ley para combatir a las pandillas, entre ellas una que establece penas de entre 6 y 12 años de prisión para los condenados por extorsión, sentencia que se incrementaría en una tercera parte si se comprueba que el acusado pertenece a una de esas organizaciones criminales.
También se creó el delito de enriquecimiento ilícito extorsivo para quien reciba fondos o recaude dinero proveniente de actividades ilegales, que prevé una pena de 14 a 18 años tras las rejas y la prohibición de tener cuentas bancarias por el mismo tiempo que dure la condena.
Otro artículo aprobado establece penas de hasta 18 años y una multa de US$38.000 para quienes recluten a menores para formar parte de una pandilla.
Sin embargo, los parlamentarios no lograron aprobar una ley que declare a las pandillas como grupos terroristas transnacionales.
El artículo que frenó la aprobación fue el que obligaba al Estado a controlar el uso del sistema financiero por parte de las pandillas. Los diputados opositores pidieron que el tema quede afuera pues forma parte de una ley contra el lavado de dinero que ya lleva varios meses de debate.
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