Seguridad, fondos e involucrar a la población: los retos para proteger la Selva Maya

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Proteger la selva que se extiende entre México, Guatemala y Belice va más allá de la declaración de 5,7 millones de hectáreas como reserva natural en el recién nombrado Corredor Biocultural Gran Selva Maya.

Implica voluntad política y muchos recursos para luchar contra quien la destruye, tanto explotaciones agro-ganaderas, mineras o madereras como el crimen organizado que se mueve por esas tierras, coincidieron todos los involucrados.

Los tres gobiernos se han comprometido a hacerlo pero los retos son muchos y también la desconfianza de algunos sectores dada la destrucción que ya ha habido de gran parte de esta selva —la segunda mayor reserva del continente tras la Amazonía— que guarda el 12% de la biodiversidad mundial.

En entrevistas esta semana, ministras de Guatemala y México subrayaron su determinación de reforzar la seguridad del nuevo corredor trinacional y su intención de evitar nuevos proyectos destructivos.

“Lo primero es que las fuerzas de seguridad empiecen a tener presencia", dijo la titular guatemalteca de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes. La razón es simple: “la biosfera maya se quedó abandonada y cooptada en buena medida por mafias”, señaló.

“Esta no es una batalla principalmente ambiental, estamos hablando que el Estado de Guatemala tiene que tomar control nuevamente de su territorio” porque quedó ”libre" para todo tipo de tráfico.

Grupos ambientalistas llevan tiempo denunciando que la selva, a ambos lados de la frontera, está salpicada de pistas de aterrizaje clandestinas para aviones cargados de cocaína, contrabandistas que transportan migrantes hacia el norte y taladores ilegales de árboles.

Para controlar todas estas actividades, la secretaria mexicana de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, afirmó que deberán implicarse todos los niveles de gobierno de los tres países. “No vamos solos a cuidar la selva nosotros, nos tiene que ayudar (la Secretaría de) Seguridad", dijo.

De hecho, México y Guatemala tendrán en octubre una nueva reunión para reforzar la cooperación en seguridad e inteligencia.

Convertir a las comunidades en aliadas

Sin embargo, desplegar policías o militares no parece suficiente, como se ha comprobado en el fronterizo estado mexicano de Chiapas donde no se ha podido reducir la presencia de los cárteles.

Además, en muchas zonas las propias comunidades se han involucrado en actividades ilícitas bien porque no tienen otra opción o para tener una entrada adicional de recursos.

El abogado y activista medioambiental guatemalteco Rafael Maldonado consideró vital “convertir a las comunidades señaladas de participar en narcotráfico en aliadas del parque”.

En la selva guatemalteca hay casi un centenar de asentamientos irregulares, según datos oficiales, varios de los cuales han sido vinculados con el narcotráfico y las explotaciones agrícolas y ganaderas ilegales.

La ministra Orantes aseguró que una prioridad será la generación de alternativas económicas.

México quiere aprovechar los recursos de uno de sus planes sociales estrella, Sembrando Vida, que tiene unos US$2000 millones de fondos para reorientar prioritariamente a esta región, explicó Bárcena.

El programa, lanzado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 como un plan de reforestación porque da apoyos directos a quien siembra árboles frutales y maderables, suscitó críticas. El estadounidense World Resources Institute (WRI) denunció en 2021 que había provocado la deforestación de 73.000 hectáreas de selva en Campeche: los campesinos las habían talado para recibir la ayuda.

Bárcena dijo que el programa está en evaluación y se ajustará para que cumpla fines medioambientales.

El mexicano Juan Carlos Franco, experto en sustentabilidad y acción climática que trabaja en el sur mexicano, reconoció que se requiere la figura del Estado "como garante, como gestor” de todo el plan de protección de la selva pero subrayó que es imprescindible operar con la sociedad civil y aprender de experiencias exitosas de comunidades que han sabido “no pelearse con la delincuencia” y de alguna manera convivir con ella para defender su territorio.

“Las comunidades organizadas con fines vinculados al manejo biocultural del territorio pueden trascender a pesar del crimen, ese es el mensaje más revelador”, indicó.

No a los megaproyectos

Otro de los retos sobre la mesa es poner freno a los grandes proyectos que prometen desarrollo económico y que han destruido gran parte de esta selva, como los 1500 kilómetros del mexicano Tren Maya, una infraestructura tremendamente polémica y criticada que Belice quiere extender a su territorio.

La ministra de Guatemala, el país con más territorio incorporado al corredor trinacional —27 áreas protegidas de este país frente a las 12 de México y las 11 de Belice— aseguró que no habrá posibilidad de que en el gobierno de Bernardo Arévalo se permita la entrada de megaproyectos porque cuando se abre una vía de acceso en la selva es muy difícil detener todos los procesos de ocupación que vienen después.

De hecho, su gobierno optó por no renovar un contrato de una empresa petrolera que por 40 años funcionó en la biosfera maya guatemalteca.

En el caso mexicano, Bárcena dijo que el Tren Maya es ya un hecho y recordó que esa red ferroviaria está fuera de la reserva trinacional ahora decretada. Aseguró que su ministerio trabaja para paliar parte de los problemas que generó aunque, paradójicamente, lo hace con empresas del ejército mexicano, el mismo que construyó gran parte de la red ferroviaria que provocó esos problemas.

Agregó que para frenar futuros planes que se consideren dañinos cualquier tipo de iniciativa en la reserva tendrá que pasar por un consejo de autoridades ambientales, ministeriales, técnicas y un consejo asesor de autoridades indígenas.

Esta misma semana quedó conformado un consejo ministerial trinacional, donde se elaborará un plan de trabajo y cómo se gestionará el tema financiero, dijo Bárcena.

“Creemos que podemos movilizar internacionalmente alrededor de unos US$5 millones, para comenzar, con el Global Environmental Facility y también quizás US$1 millón más con la Agencia Mexicana de Cooperación, que ahí ya nos daría una primera entrada para poder empezar a trabajar”, agregó.

En septiembre está prevista la primera reunión de seguimiento. "No queremos hacer cualquier cosa allí, no queremos que sea una agenda de cooperación internacional, ni una agenda de empresas", subrayó la guatemalteca Orantes. "Queremos que sea una agenda de la Selva Maya”.

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Verza reportó desde Ciudad de México.

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