Siete exfuncionarios guatemaltecos serán sentenciados por incendio en el que murieron 41 niñas

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un tribunal guatemalteco dará a conocer el martes la sentencia contra siete acusados del incendio de un hogar estatal de acogida que dejó 41 niñas muertas en 2017, tras un largo proceso judicial.

En la audiencia el Tribunal Séptimo de Sentencia escuchó la última declaración de los acusados, todos exfuncionarios, que fueron procesados por la muerte de las niñas y las heridas que sufrieron otras 15.

En audiencias anteriores la fiscalía pidió hasta 131 años de prisión para varios de los acusados por diversos delitos como homicidio y lesiones culposas, maltrato de menores de edad, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

Los exfuncionarios son Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social; Santos Torres, exdirector de la Casa Hogar Virgen de la Asunción —donde ocurrió el incendio—; Harold Flores, exprocurador de Niñez de la Procuraduría General de la Nación; Brenda Chamán, exjefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato; Gloria Castro, exdefensora de la Niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos, y los expolicías Lucinda Marroquín y Luis Pérez Borja.

En su última intervención Rodas dijo al tribunal y a los familiares de las víctimas presentes que él no había provocado "ningún daño a sus hijas y las sobrevivientes”. El resto de los exfuncionarios mantuvieron su inocencia y pidieron su liberación.

A la expolicía Marroquín se la acusa de haber sido quien tenía la llave del salón donde fueron encerradas las menores y que no abrió la puerta al momento de desatarse el incendio.

Entre la tarde y la noche del 7 de marzo de 2017, un grupo de niñas resguardadas en la Casa Hogar Virgen de la Asunción, ubicado en el municipio de San José Pinula de la capital guatemalteca, se escaparon del lugar junto a otros menores de un hogar de acogida para varones colindante alegando que eran objeto de vejámenes.

Las menores estaban bajo la protección de la Procuraduría General de la Nación o por jueces, por ser víctimas de abuso o parte de algún proceso judicial familiar.

Tras fugarse por varias horas, las menores fueron devueltas por la Policía Nacional Civil y regresadas al hogar, encerradas bajo llave en un cuarto donde no había acceso a un baño y bajo custodia policial. Allí les entregaron colchonetas para dormir.

Luego de reclamar por varias horas que las dejaran salir, una de las menores prendió fuego a una colchoneta, lo que rápidamente provocó un incendio. Varias menores murieron calcinadas o por las graves heridas.

En total, 41 niñas fallecieron ese día y los posteriores al incidente, y otras 15 resultaron con quemaduras.

Dos meses después de los hechos, mientras varias de las niñas recibían tratamiento hospitalario en Guatemala y Estados Unidos, la fiscalía narró a un juez los hechos que horrorizaron a la población.

La fiscalía dijo que durante nueve de los 22 minutos que duró el incendio la temperatura llegó a los 300 grados centígrados, con 21% de oxígeno y donde las probabilidades de sobrevivir eran mínimas. Sobre las niñas heridas dijo que algunas debieron sufrir amputaciones para lograr sobrevivir.

Organizaciones defensoras de las mujeres responsabilizaron también al expresidente Jimmy Morales (2016-2020) por haber ordenado a la policía acudir al lugar; sin embargo, la fiscalía lo dejó afuera del proceso judicial. Morales fue quien eligió a la fiscal general Consuelo Porras para ocupar el cargo que detenta hasta ahora.

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